“Embarrar la cancha” y “manotazos de ahogado”, dura respuesta de los fiscales a los abogados de Luque y de la psiquiatra

“Una estrategia que tiene la intención de generar confusión” ante la proximidad del comienzo del juicio, donde se ventilarán las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona, y una decisión de “embarrar la cancha” con “ineficaces “manotazos de ahogado”. Así, con duras definiciones y calificaciones, el Ministerio Público Fiscal de San Isidro respondió la denuncia que hicieron los abogados defensores del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los acusados, sobre la supuesta desaparición de gran parte de la muestra de orina que se había tomado durante la autopsia practicada sobre el cuerpo del astro mundial del fútbol.

En un escrito de seis páginas presentado ante los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, los fiscales generales adjuntos del departamento judicial, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, desmintieron la denuncia presentada por los abogados Julio Rivas y Vadin Mischanchuk, defensores de Luque y de Cosachov, respectivamente.

Las manifestaciones de Rivas y Mischanchuk fueron definidas por Ferrari e Iribarren como “infundadas, falaces y erróneas”.

“Lo que sí sabemos es que, tal como sucediera con la viralización mediática del ‘informe’ del perito [Pablo María] Ferrari [donde se sostuvo que Maradona murió de un paro cardiorrespiratorio, secundario a edema agudo de pulmón, producido por insuficiencia ventricular izquierda aguda, en un cuadro agónico de corta duración, siendo estimado en minutos o, a lo sumo, pocas horas] conforme se expuso oportunamente, los letrados defensores han reiterado la misma estrategia intentando -sin suerte- generar confusión a poco que se inicie el juicio oral ‘embarrando la cancha’ injustamente con ineficaces ‘manotazos de ahogados’.

En su presentación, los fiscales citaron un informe del canal América y una nota de LA NACION donde había sostenido que “en la autopsia extrajeron 300 mililitros y al laboratorio llegaron solo 24 mililitros. La primera junta médica se basó en ese otro toxicológico que se hizo con una muestra inferior en cantidad a la necesaria para que arroje un resultado certero y además se violó la cadena de custodia. Es decir, que no se sabe si la orina pertenece o no al paciente”.

Ahora, los fiscales afirmaron: “Lo apuntado por los letrados aparece a todas luces alejado de la verdad. Los frascos de orina extraídos el 25 de noviembre de 2020 [día del fallecimiento] en la operación de autopsia sobre el cuerpo de Diego Armando Maradona resultan ser los mismos que aquellos recibidos el día 2 de diciembre de 2020 en el Laboratorio de la Superintendencia de Policía Científica de la ciudad de La Plata al momento de realizar la apertura y posterior análisis toxicológico. Prueba de ello fueron los procedimientos de obtención y apertura debidamente filmados y fotografiados”.

Y agregaron: “La operación de autopsia, en la que intervinieron galenos de prestigio y fuera supervisada por funcionarios de esta acusación pública, concluyó en la determinación de la existencia de la vejiga del fallecido con contenido urinario de 300 centímetros cúbicos. Ello no significó la obtención de esa cantidad amén de lo que pudiere haberse asentado escrituralmente, pues para ello debieron los presentantes [por los abogados denunciantes] tomarse el trabajo de observar la video filmación de aquella operación. Las muestras, como se dijo, sin cantidades predeterminadas (al igual que el resto de las extracciones según el mismo protocolo) fueron exactamente las mismas que luego se examinaron para la realización de los estudios complementarios y por cierto suficientes para efectuar las determinaciones hoy innegables y que pretenden sin suerte cuestionar. “Es absolutamente falso y de falsedad absoluta que se haya violado la cadena de custodia”.

Para concluir, los fiscales Ferrari e Iribarren le solicitaron al tribunal que “se exhorte a las partes en pos que ejerzan el Ministerio que les fuera conferido acorde a las normas respectivas, las buenas prácticas y el desarrollo de la normal convivencia necesaria para afrontar las alternativas previas al debate sobre el caso que nos ocupa informando a ese Tribunal y a la sociedad en su conjunto sobre las resultancias verdaderas de este proceso”.