En la frontera norte. Drogas: condenan a dos traficantes de un peligroso grupo narco
Se trata de un grupo criminal que enviaba drogas rumbo a Mendoza, en una ruta de cocaína que se robusteció durante la pandemia; uno de los traficantes publicaba fotos de sus autos en redes sociales, y cayeron por los registros migratorios coincidentes con envíos de drogas
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LA NACION
Luego de una extensa causa desarrollada por el grupo especializado de investigadores judiciales asignados en la Unidad Salta del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), los traficantes Juan Carlos Serrano Cruz y Nicolás Maximiliano Amaya fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N°2 de la provincia de Salta a la pena de siete años de prisión, acusados de ingresar a la Argentina y a través de un conflictivo paso clandestino de la frontera norte distintos cargamentos de cocaína, producidos por peligrosos grupos criminales en la selva boliviana, según información oficial.
La particularidad del caso es que no sólo se condenó a los transportistas, sino también a los narcos ideólogos, que operaban ocultos en la frontera salteña de Aguas Blancas, donde este año LA NACION realizó un extenso informe sobre el narcotráfico y las muertes en pasos clandestinos. Respecto de la causa, el fiscal general Francisco Snopek comandó los avances del complejo expediente, que incluyó secuestros de vehículos, documentación, teléfonos, camionetas con droga, y decenas de cruces en bases de datos, entre otras medidas, tal como confirmó el propio funcionario en una entrevista.
Así, Snopek subrayó que si bien la cocaína fue detectada en un control de ruta de agentes federales, la virtud del equipo de investigación consistió allí en profundizar sobre las pistas que arrojaron las incautaciones primarias. Al respecto, dijo el fiscal a este diario: “Decidimos ir a fondo sobre todas las pruebas que conseguimos, en todo tipo de datos. Fuimos a buscar a los responsables de este transporte de estupefacientes. Advertimos que no era un caso más, y pudimos llegar a los responsables últimos, encargados del transporte de la droga en el país”. Se trata de dos narcos que iban a Bolivia a negociar la droga con los cárteles, y luego coordinaban el arribo seguro a la Argentina, en tareas que se revisten de una complicada logística para empaquetar la cocaína, y la fabricación o adaptación de compartimientos en camiones y camionetas, además de las armas o la seguridad para evitar que los bandidos roben los cargamentos.
Las fronteras salteñas de Salvador Mazza y de Aguas Blancas se han convertido en el último tiempo, y fundamentalmente durante la pandemia, en zonas hostiles con fuerte presencia de grupos de traficantes. Dos rutas fundamentales se robustecen desde allí con la cocaína boliviana: la línea de tráfico hacia Mendoza y Chile, tal como se consignó en un informe; y también la compleja línea de abastecimiento de cocaína para los cárteles brasileños.
El MPF presentó un informe oficial respecto de las complejidades de la causa, donde se detalló: “El caso se presentó difícil para la fiscalía, pues Serrano Cruz y Amaya, detenidos con posterioridad al secuestro de la droga, habían desplegado numerosas e intricadas maniobras de ocultamiento que los colocaban distantes del transporte como de quienes lo ejecutaron. Con comunicaciones en las que abundaban el lenguaje encriptado y movimientos migratorios coordinados para no aparecer junto a los autores materiales del tráfico, entre otras estratagemas, los dos acusados condujeron los hilos de la operación”.
Por otro lado, una segunda particularidad del caso corresponde con el lugar de incautación de los 79 kilos de cocaína, y su ruta de circulación. El hallazgo se produjo rumbo a Cuyo, donde se registraron según información oficial movimientos de al menos otros dos grupos que operaban simultáneamente en Mendoza y Salta, e inclusive desde tres prisiones diferentes. Este último dato, de las operaciones narco coordinadas desde cárceles, preocupa fuertemente a los investigadores de todo el país, según publicó LA NACION.
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