En un año creció un 2,6% la cantidad de niños y adolescentes con causas judiciales en la Capital
Según estadísticas oficiales, en 2024 hubo 1788 expedientes abiertos por delitos cometidos por menores de edad
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LA NACION
“Así no se puede seguir”, había dicho en septiembre pasado el por entonces ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. Se refería al caso de un adolescente de 16 años que había sido detenido en 71 ocasiones por personal de la Policía de la Ciudad por protagonizar distintos hechos delictivos. En esa oportunidad había sido atrapado después de robar un teléfono celular en Palermo y una cadenita de oro en Balvanera.
“71 veces detenido. Entra y sale. Una vez cada 15 días. La Policía de la Ciudad hace muy bien su trabajo, pero así no se puede seguir. Solo en ocho días detuvimos a 74 menores en diferentes hechos delictivos. La policía los detiene y lo va a seguir haciendo, pero sin una nueva Ley Penal Juvenil van a seguir saliendo”, había afirmado el por entonces funcionario de Jorge Macri.
El problema de los menores y el delito que planteaba Wolff quedó registrado en estadísticas oficiales de 2024. “El año pasado, en la ciudad de Buenos Aires, 1788 niños y adolescentes tuvieron, al menos, una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores. Se trata de un 2,6% más que en 2023. El 71,5% no había tenido otras causas con anterioridad, porcentaje similar al 71% registrado en el período anterior”, explicaron fuentes.
Los números surgen de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), una oficina especializada que depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Predominaron los delitos contra la propiedad, con un 81,4 por ciento, principalmente distintas modalidades de robos, en ocho de cada diez casos. En cuanto al 18,6% de las causas restantes, el 32,1% fueron por delitos contra la integridad sexual; el 27,8%, contra la administración pública; el 8%, contra las personas, y otro 8%, contra la libertad”, explicaron calificadas fuentes al tanto del informe.
Por ejemplo, a fines del año pasado, una banda de tres menores con antecedentes le sustrajeron el auto a una familia de Villa Lugano en un episodio caracterizado por la violencia.
El asalto se produjo a plena luz del día cuando los tres delincuentes, de entre 15 y 16 años, atacaron a una familia en Cafayate y Unanué. Los ladrones se llevaron el Peugeot 308GT, que más tarde fue recuperado por personal de la Policía de la Ciudad, abandonado a pocas cuadras de la Villa 20. Pocos días después, los sospechosos fueron atrapados.
“Los menores que atacaron a una familia en Lugano están detenidos. Los tres son menores, los tres tienen antecedentes y, una vez más, los volvimos a detener. ¿Cuántas veces más tenemos que detenerlos? Es urgente una nueva ley penal juvenil, con baja de la edad de imputabilidad y quita de patria potestad a las familias que promueven el delito. Es con orden”, había sostenido Wolff en su cuenta de X en esa oportunidad.
El debate sobre la baja de la edad de inimputabilidad fue un tema que siempre tuvo en agenda el Gobierno desde la asunción de Javier Milei como presidente, impulsado por sus ministros de Justicia y Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente.
En junio pasado, Cúneo Libarona y Bullrich presentaron el proyecto de un nuevo régimen penal juvenil.
“Esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”, sostuvo Cúneo Libarona.
De aprobarse, el nuevo régimen comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por algún un hecho tipificado como delito en el Código Penal. En la actualidad, los menores de 16 son inimputables. El Poder Ejecutivo Nacional habló de un “cambio de paradigma”.
En el informe de la BGD se desprende que uno de cada cinco jóvenes con un expediente judicial tuvo por lo menos una causa elevada a un Tribunal Oral de Menores.
Entre los menores con causas penales, “nueve de cada diez [88,6%] fueron varones, principalmente de 16 y 17 años (55,2%), en su mayoría de nacionalidad argentina (94,9%) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (55,2%) y la Ciudad de Buenos Aires (44,6%).
Si bien aumentó el número de menores con expedientes abiertos, según los números de la BGD hubo menos causas.
“En total se registraron 2076 causas, un 4,5% menos que en 2023. Ello representa una tasa de 66,5 causas cada 100 mil habitantes de la CABA”, explicaron fuentes al tanto del informe.
Los voceros consultados indicaron que el 92,4% de las causas tuvo como dependencia de origen una comisaría comunal o vecinal de la Policía de la Ciudad. Las comisarías de las comunas 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución), 4 (Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) y 3 (San Cristóbal y Balvanera) son las que registraron la mayor cantidad de causas ingresadas.
Según surge del citado informe, los expedientes iniciados por delitos contra las personas fueron 32, cerca del 1,5% del total e involucraron a 64 niños, niñas y adolescentes. Dentro de las causas por este tipo de delitos, 13 correspondieron a homicidios (ocho en grado de tentativa, tres fueron homicidios culposos y dos asesinatos consumados)”.
En cuanto a los delitos contra la integridad sexual, durante 2024 se investigaron 128 causas en las que participaron un total de 135 niños y adolescentes, la mayoría varones, solo cinco niñas.
Fuentes judiciales explicaron que “la BGD elabora de manera periódica informes estadísticos sobre determinados indicadores del proceso, a partir de los cuales los integrantes de la magistratura y funcionarios en los distintos niveles estamentales pueden analizar la problemática y adoptar decisiones basadas en datos. Asimismo, desarrolla proyectos orientados a capacitar a los operadores judiciales mediante la realización de talleres, la recopilación de jurisprudencia y el intercambio de buenas prácticas en la materia”.
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