Entre rejas, por miedo: en Mendoza cierran barrios por temor al delito
El fenómeno empezó en Guaymallén, donde hay 20 zonas públicas cercadas, y ya se extendió a otros departamentos de la provincia
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PARA LA NACIONPablo Mannino
MENDOZA.– “Ya vamos a venir por ustedes...” La frase, amenazante, caló hondo en Graciela Pérez, que no dudó en sumarse a la propuesta vecinal de enrejar el barrio popular en el que vive desde hace cinco años, para hacer frente a la inseguridad. El espacio de “todos” es ahora sólo de ellos y, como sucede en los principales countries o barrios privados, hasta tienen una plaza a la que ningún extraño puede acceder.
Para ella y las otras 83 familias que viven en el barrio Cooperativa Urquiza I, en pleno corazón de Guaymallén, a unos cinco kilómetros de esta capital, no se trata de estar cada vez más aislados ni de discriminar al resto; es, esencialmente, una medida de protección.
“Un barrio cerrado es un barrio seguro. Esto es así y se lo discuto a quien quiera. Además, estamos dispuestos a todo si nos quieren multar y hacer sacar las rejas”, dijo a LA NACION la mujer, de 49 años y madre de seis hijos.
Cooperativa es uno de los 20 barrios enrejados de Guaymallén. Un fenómeno que se replica, a menor escala, en otros distritos de la provincia.
Con el paso de los años, los constantes robos en la zona y las advertencias de potenciales delincuentes hicieron que, además de rejas, en el barrio Cooperativa Urquiza I se colocaran cámaras de seguridad en todo el frente y garitas de seguridad que controlan cada movimiento.
Como esta barriada que se levantó con la ayuda del Estado, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), hay cada vez más sitios públicos en toda la provincia que deciden "enrejarse" contra el delito e invertir fondos en común en sistemas de vigilancia. Es una tendencia que de a poco comienza a visibilizarse porque entran en juegos prohibiciones y cuestiones ideológicas entre los pobladores, lo que complica su instrumentación.
El mayor movimiento se ve en Guaymallén, el departamento más poblado de Mendoza, donde las autoridades tienen registro de unos 20 barrios que han apelado a esta modalidad para protegerse. "No queremos que nadie ingrese tampoco a la plaza. Así estamos tranquilos. Nuestro pensamiento es cada vez más fuerte. La unión hace a la fuerza. Hasta los políticos nos han felicitado", agregó Graciela Pérez.
El gobierno provincial, que tiene en la inseguridad uno de sus máximos desafíos actuales, intentan relativizar esta situación. "Es una decisión de la comunidad, que puede tener el aval del municipio, y la respetamos. No es algo que se está haciendo masivo en todo Mendoza, pero sí vemos con atención la proliferación de barrios enrejados en Guaymallén. En los demás departamentos entendemos que hay entre dos y tres barrios en estas condiciones", expresó a LA NACION Néstor Majul, director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de Mendoza.
Sostuvo, además, que tratan de "llegar a todos los lugares que lo necesitan con más policías y equipamientos". También asisten todas las semanas a diferentes escuelas con el programa Senderos Seguros y capacitan a docentes en delitos informáticos. Y afirman que se ha agilizado la atención en el 911.
Así, a la par de las acciones vecinales y oficiales, aparece la cruda realidad: los asaltos en Mendoza no bajan y se producen alrededor de 1300 robos agravados por mes. Según datos del Ministerio Público Fiscal de los últimos cinco años se observa una tendencia creciente, un 30% desde 2010 hasta la actualidad.
Desavenencias
Las idas y venidas con la colocación de rejas han sido un problema para los vecinos de otro barrio público de Guaymallén, el Solares de San Antonio, en Buena Nueva, también rodeado de barriadas conflictivas. Allí casi 300 familias optaron por cerrar con verjas metálicas desde las veredas, pero la iniciativa quedó a medio camino por la negativa municipal y las intimaciones con fuertes multas, que superan los 150.000 pesos por "usar el espacio público".
La directora de Planificación de Guaymallén, Cintia Brucki, afirma que deben sacar las rejas, pero los vecinos resisten: sostienen que tuvieron el aval de la anterior gestión y planean añadir cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, aunque algunos ya evidencian el miedo a las sanciones.
"Estamos hartos de los robos y vimos las rejas como una salvación. El problema ahora es que por temor a las multas algunos no quieren seguir adelante", expresó Paola Sánchez, de 40 años, que atiende un minimercado en el barrio junto con Valeria Spinosa, de 35, quien señaló: "No puede ser que tengamos que llegar a esto, necesitamos más protección".
Otro barrio que ha limitado los accesos es el ATSA, en Godoy Cruz, que cuenta además con una torre de vigilancia, cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, como proliferan en otros conglomerados. En sus alrededores se encuentran asentamientos como La Gloria y el Pablo VI. "Vemos que la gente quiere mayor seguridad y deciden limitar la entrada y salida de los barrios. Durante mucho tiempo se hicieron barrios en cualquier lugar, donde había que llegar con todos los servicios, cerca de sitios conflictivos. Pero para nosotros siguen siendo barrios públicos, no son barrios que se cierran, sino que se limitan algunas cosas", recalcó Majul, quien asegura que los municipios son los encargados de regular estas situaciones, que empiezan a generar más roces y tensiones entre los propios habitantes, mientras el delito sigue su camino.
Las cifras de la inseguridad
Datos recientes del Ministerio Público Fiscal
1200
Robos agravados
Es el promedio mensual registrado este año en Mendoza, según los datos oficiales. Los robos simples tuvieron una media de 2100 por mes
1370
Asaltos violentos
Se registraron en mayo último, el mes con más robos agravados en los últimos siete años. Los robos simples sumaron 2349 en el quinto mes del año
30%
Incremento desde 2010
Hace siete años el promedio de robos agravados era de 900 por mes, y el de robos simples, de 1500. La diferencia es de 300 y 600 casos, respectivamente, con relación a junio de 2016
44
Homicidios
Fueron contabilizados hasta mayo último; es un descenso con respecto a 2015, cuando sumaron 60 casos
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