Fuerte cuestionamiento de la AGN a la gestión de control de armas del Estado

En una de las últimas votaciones de 2015, y en plena recta final en la carrera hacia las elecciones presidenciales de ese año, el Congreso aprobó prácticamente por unanimidad la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. La ANMaC nacía para superar los objetivos eminentemente registrales de su predecesor, el Registro Nacional de Armas (Renar): como ente descentralizado y con autarquía financiera, debía modernizar los métodos de registración, fiscalización y control de usuarios de armas y explosivos y de esos materiales, y además llevar adelante una ambiciosa política de reducción de la circulación de armas en el ámbito de la sociedad civil y destrucción de armamento incautado u obsoleto, lo que, en teoría, debía traducirse en una reducción de la violencia armada. Pero nada de eso ocurrió. Al contrario: la situación, incluso, empeoró.

Así surge de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que revisó la gestión de la ANMaC en el periodo 2016-2019. El organismo de control llegó a la conclusión de que la ANMaC no cumplió con los objetivos del Programa de Modernización que se había trazado, mantuvo al 85% de su personal contratado a través de un ente cooperador (Acara, que agrupa a las concesionarias de autos) en lugar de integrarlos a la planta permanente, no activó los programas de desarme previstos por ley, no convocó al Consejo Consultivo para idear políticas en la materia, no instrumentó investigaciones sobre el impacto del uso de armas y realizó de forma erráticas las inspecciones que le correspondían, entre otras cuestiones sensibles.

Pero el hallazgo más preocupante fue que durante ese periodo de gestión comenzó a perderles el rastro a cientos de miles de armas y de personas habilitadas a tenerlas que, habiendo sido durante años legítimos usuarios (LU), dejaron de renovar sus permisos y pasaron a una situación de informalidad atribuida, especialmente, al cambio normativo que obligó a esos usuarios a recurrir a un único prestador privado para acreditar sus aptitudes físicas y psicológico/psiquiátricas. Ese cambio quintuplicó el costo de mantenerse en la legalidad para los LU y para muchos sumó la imposibilidad de contar con un prestador cercano para cumplir con el requisito obligatorio para la renovación de los permisos.

Según datos a los que accedió LA NACION, a principios del año pasado, cuando con el cambio de gobierno asumió la nueva gestión en la ANMaC, tres de cada cuatro LU tenían vencidas sus habilitaciones.

Según el último dato disponible –aportado por la Jefatura de Gabinete al Congreso–, en la Argentina había 1.662.033 armas registradas y 1.038.777 usuarios (entre particulares, colectivos y coleccionistas). En 2020 había 743.817 usuarios que efectivamente tenían armas (la CLU es la exigencia previa, pero no implica la tenencia efectiva). Y, de ellas, solo el 30% tenía las certificaciones vigentes. Técnicamente, el 70% restante está cometiendo un delito tipificado en el Código Penal.

Las CLU tienen una duración de cinco años, pero todas aquellas que vencían a partir de marzo de 2020 fueron prorrogadas por un año. Eso implica que hay muchos usuarios individuales de los cuales el Estado hace seis años que no conoce su aptitud psicofísica, sus antecedentes penales actuales o si cuentan con medios de vida lícitos, condiciones exigidas para las habilitaciones.

Las dramáticas crónicas del crimen que golpean a la opinión pública prácticamente a diario dan muestras del peligro de la falta de control de esas armas y usuarios.

La semana pasada, en Rosario –una de las ciudades más castigadas por la violencia armada–, fue asesinado en un asalto el arquitecto Joaquín Pérez. Le dispararon con un revólver calibre .38 y con una pistola calibre .40; esta última tenía la numeración visible, lo que permitió rastrear su origen: según los registros, su titular había muerto en 2016 y el arma le fue robada cuando sufrió un asalto en su casa del departamento de Iriondo –unos 70 kilómetros al norte de Rosario– aunque no lo denunció. De este modo, esa pistola, originalmente registrada de forma debida, terminó en el circuito negro, donde se presume que hay no menos de 3 millones de armas.

El otro caso ocurrió el viernes a la noche, en un buque mercante fondeado en el Río de la Plata, frente a Ensenada: un marino mató a balazos al capitán y al segundo oficial de la nave. Cuando se conoció la identidad del homicida surgió, también, un antecedente singular: Carlos Lima, expolicía bonaerense de 52 años, había estado preso durante cuatro años, condenado por intentar asesinar de siete tiros a un vecino tras una discusión trivial.

A pesar de ese antecedente, y de los indicios de su personalidad explosiva y violenta, Lima consiguió un puesto de trabajo que le puso un arma de fuego al alcance de su mano sin que el Estado lo controlara o llevara adelante alguna acción activa para evitarlo.

Los delitos violentos y los problemas de salud mental son, precisamente, antecedentes invalidantes a la hora de obtener un permiso para tener o portar armas de fuego.

Otro dato curioso surgió del propio informe de la AGN: Parques Nacional tenía inventariados o en depósito un total de 23 pistolas, escopetas y fusiles (incluido un FAL con mira telescópica en el Parque Nacional Lanín). ¿ANMaC? Ni noticias de ellas en sus registros.

Después del asesinato de Alfredo Marcenac, baleado el 6 de julio de 2006 en la avenida Cabildo por Martín Ríos, un legítimo usuario habilitado por el Estado a pesar de sus antecedentes negativos gracias a que un traumatólogo, sin siquiera revisarlo, le extendió el apto psicofísico, el ex Renar cambió la reglamentación: exigió apto físico y psicológico rubricados por médicos distintos. A partir de 2016 eso cambió. A instancias de la existencia de “cientos de denuncias” sobre “adulteraciones y fraudes” en el otorgamiento de esos aptos (por medio de profesionales inescrupulosos que los extendían sin realizar test alguno), la primera gestión en ANMaC durante el gobierno de Mauricio Macri, a cargo de Natalia Gambaro, volvió a unificar el certificado. Pero, además, impuso un prestador privado único para que extendiera esos aptos: Dienst Consulting.

Esa decisión tuvo efectos profundos. Para los LU significó un costo extra, lo que hizo que muchos desistieran de renovar sus permisos y licencias, lo que aumentó fuertemente la informalidad. Otros, directamente, se toparon con una barrera geográfica: a pesar de que debía garantizar el alcance nacional del servicio, la prestadora no contaba con suficientes sedes, lo que obligaba a muchos usuarios a hacer cientos de kilómetros para poder concurrir a obtener sus certificados de aptitud psicofísica.

Esa contratación fue uno de los puntos de cuestionamiento más fuertes de los hechos por la AGN: “La solicitud de contratación del servicio no contiene los requisitos normativamente exigidos, en especial: justificación del requerimiento, restricción de oferentes y estimación de costos”, detalló la auditoría.

Directamente derivado del problema del proceso de adjudicación y ejecución del contrato para proveedor único de certificaciones (actualmente derogado y reemplazado por un sistema abierto, coordinado entre ANMaC y el Ministerio de Salud, y en el que los LU deben recurrir a profesionales matriculados e inscriptos en un registro especial), aparece la situación de las credenciales vencidas.

La AGN constató que el problema se acentúa a medida que aumenta la edad de los legítimos usuarios. “Se ha verificado un alto porcentaje de usuarios con credenciales vencidas y armas denunciadas, especialmente conformado por personas mayores de 60 años”, precisó la auditoría. En términos netos, esto representa el 53% de los usuarios sujetos a la fiscalización de la ANMaC e implica el riesgo de que se pierda el rastro de las armas en manos de los infractores de la normativa vigente.

“No se han obtenido evidencias de que el Auditado haya realizado acciones, durante el período auditado, para depurar el padrón de armas registradas e intimar a los usuarios con credenciales vencidas a fin de obtener su regularización”, sentenció la AGN.

La Auditoría hizo foco en varios casos documentados de inspecciones deficientes o de omisiones administrativas. Se encontraron demoras injustificadas en la tramitación y expedientes administrativos incompletos; inexistencia de un procedimiento específico para la presentación de denuncias penales ante la detección de armamentos y materiales sensibles en poder del inspeccionado de manera irregular (usuario individual o colectivo), y omisión de inspección en un domicilio requerido. Uno de los casos señalados correspondió al caso de una inspección realizada en el depósito de una sucursal de un importante establecimiento comercial en el que se encontró “material controlado perteneciente, según las marcas pertinentes, a la Policía Federal Argentina, y otras armas sin la credencial habilitante correspondiente”, entre ellos, granadas de gas lacrimógeno, armamento de uso exclusivo de fuerzas de seguridad o militares y hasta una pistola con silenciador.

También se advirtió la paralización de los objetivos de desarme y control de armas. “No consta la ejecución de planes tendientes a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego” y “no se han realizado programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso, cuyos resultados podrían ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas del sector”, fueron algunos de los hallazgos de la AGN.

En su informe, la AGN resumió, con respecto al desempeño de la ANMaC en el periodo 2016/2019: ″En el Organismo presta servicio un alto porcentaje de personas que no integran sus plantas de personal ni están vinculados directamente con él, sino que lo hacen mediante un convenio celebrado con un ente cooperador que los ha contratado [391 de 445], en tanto que no ha activado el programa de desarme y control de armas incluyendo el Consejo Consultivo pertinente al efecto. A lo que se agrega, en su faz de gestión operativa, una serie de irregularidades en la ejecución de inspecciones y verificaciones; y la comprobación de una alta informalidad en los usuarios registrados. Todo lo cual implica no haber alcanzado el objetivo del fortalecimiento de la gestión comprometido específicamente a través de un Plan de Modernización dispuesto por la Resolución 13/16-ANMaC”.

Como es de forma ante este tipo de trabajos, el 26 de agosto de 2020 la AGN remitió a la ANMaC una copia del proyecto de informe de auditoría “a efectos de que el organismo efectuara los comentarios y/o aclaraciones que estimase pertinente”. Tras una solicitud de prórroga, la Agencia formuló su descargo el 23 de marzo pasado. “El organismo auditado compartió las observaciones vertidas y efectuó diversas aclaraciones que ratifican, complementan o amplían los comentarios oportunamente efectuados, pero que no implican modificar la redacción de los hallazgos formulados”, sentenció la Auditoría General de la Nación.

Uno de los primeros puntos que abordó en su respuesta la ANMaC (con la firma del entonces director nacional, Ramiro Urristi) fue el de la parálisis en la que había entrado el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Pevaf) durante la administración anterior. “Cuando arribamos a la gestión advertimos que la política de destrucción de armas ilícitas y entregadas en el marco del Pevaf había sido discontinuada desde el año 2016. Una de las primeras acciones que realizamos fue la destrucción de 20 toneladas de armas, en noviembre de 2020, dando reinicio a esta política de Estado”.

Afirmaron que el programa se reactivó con puestos móviles en el conurbano y que se delineó el plan de acción de prevención de la violencia armada 2020/2021, con “acciones estratégicas que tienen por finalidad reducir el circulante de armas de fuego, prevenir los efectos de la violencia armada y promover una cultura de la no violencia y resolución pacífica de conflictos”.

El organismo explicó que las demoras en inspecciones y verificaciones eran consecuencia de deficiencias en la labor de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y que al respecto habían rubricado un contrato con una universidad pública “para hacer un diagnóstico y proponer reformas estructurales y normativas”.

En cuanto al plan de modernización incumplido, las autoridades de la ANMaC señalaron que en abril de 2020 habían encontrado “una agencia totalmente papelizada, con el parque informático en condiciones críticas, un área de informática diezmada y sin programadores, con enormes atrasos, trámites presenciales, un sistema de cobro de tasas basado en el pegado de estampillas de papel y una relación con el usuario prácticamente nula”. Sobre este último punto, señalaron un hecho singular: “El área de Atención al Usuario estaba cerrada” y empleados de la planta permanente explicaron que como se venía evidenciando un “notable atraso en el otorgamiento de credenciales decidieron cortar la comunicación con los usuarios”, que no podían consultar el estado de sus trámites.

En cuanto al sistema único de emisión de certificados psicofísicos cuestionado por la AGN, la actual gestión señaló que fue derogado y reemplazado por el Sistema Abierto y Federal para la emisión de Certificaciones Psicofísicas (SiAF), en el que el usuario solo debe pagar el honorario de los profesionales, que deben estar matriculados y se deben inscribir en un registro de prestadores.

“El resultado de la instrumentación del sistema único para psicofísicos fue que cientos de miles de legítimos usuarios, sea por la imposibilidad fáctica de hacer cientos de kilómetros para la realización del test, sea por las elevadas tasas que se permitió a la empresa cobrar, decidieron discontinuar la tradición de mantener el estatus de legítimo usuario vigente”, concluyó el organismo.

Por Fernando Rodríguez

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