Quién es Lucas Forastieri, el trader detenido por estafa

El trader Lucas Gabriel Forastieri fue detenido en las últimas horas por personal de la policía bonaerense en su casa, en Luján, acusado de estafa tras la denuncia de tres personas, quienes lo señalaron por haberles prometido ganancias millonarias si invertían en su negocio.

El inversor de 39 años tiene 1,3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Según su biografía, es licenciado en Economía con un posgrado en Finanzas y un MBA en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina (UCA). Se define como empresario.

También es dueño de dos firmas: Tasac Transportes (dedicada al traslado logístico) y Kaizen Construcciones (con foco en el desarrollo inmobiliario).

Es hijo de Julio José Forasteri, el reconocido empresario de Transportes Atlántida que llegó a ser un hombre fuerte de la línea 57 de colectivos; murió en 2020 a los 75 años. Lucas tuvo su primer trabajo en la empresa de su padre para aprender a insertarse en el rubro junto a sus hermanos, que querían continuar el legado. Llegó a ejercer como director ejecutivo de Transportes Atlántida.

“A temprana edad comencé a acompañar a mi papá a las reuniones de la empresa cuando estaba en el secundario. Luego empecé a estudiar Economía en la UCA, mientras cursaba el tercer año me integré a la administración de la Línea 57, Transportes Atlántida”, dijo Forasteri en diálogo con Ámbito en 2022.

En 2013 fundó Kaizen Construcciones con dos amigos, enfocado en el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires y Montevideo, Uruguay.

Fanático de los autos de colección, ya después de la pandemia, comenzó a ser trader y a mostrar una vida de lujo en las redes sociales rodeado de autos de alta gama, en playas de ensueño y en vuelos privados con copa de champagne en mano.

Forasteri fue denunciado por estafas que empezaron en 2017 y el miércoles fue detenido por la Policía en su casa ubicada en un barrio privado de Luján.

El monto reclamado por uno de los denunciantes superaría los US$ 170.000. De acuerdo con el análisis inicial de la causa, las inversiones que estarían bajo investigación judicial comenzaron por un acuerdo entre particulares realizado en 2017. Un año después habrían empezado los problemas, al no poder retirarse ni las ganancias ni los bonos que supuestamente formaban parte de la operación financiera.

Otra de las denuncias se inició por una inversión inmobiliaria realizada en 2023 que no solo dio pérdidas para quien puso el dinero, sino que el proyecto nunca habría pasado de los papeles iniciales. El tercer denunciante señaló un supuesto fraude en las inversiones de compra y venta de lotes.

LA NACION

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