Giro en la acusación contra el uruguayo Sebastián Marset: Estados Unidos lo acusa de narcoterrorista

ROSARIO.- La tregua entre la fiscalía norteamericana y Sebastián Marset duró apenas un mes. El viernes 26 de junio, el equipo que lidera el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff presentó en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia una nueva acusación que eleva drásticamente el escenario judicial del narcotraficante uruguayo: a la única imputación original —conspiración para lavar dinero, presentada en 2024— le sumaron tres cargos más, entre ellos el de “conspiración narcoterrorista”, según documentos oficiales.

El giro confirma que las negociaciones por un acuerdo de culpabilidad, que habían llevado a sucesivas postergaciones de la audiencia, naufragaron. La jueza Rossie D. Alston Jr. convocó ahora a una nueva audiencia para el 7 de julio, donde se hará la lectura oficial de los cargos.

Según el documento de los fiscales, Marset es descrito como el “líder de una organización transnacional de narcotráfico y lavado de dinero”, el Primer Cartel Uruguayo, dedicada a traficar cocaína de países andinos —Perú, Bolivia y Colombia— hacia Europa, principalmente a través de la hidrovía Paraná-Paraguay y los puertos de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los fiscales detallan que la droga se enviaba sobre todo a Portugal, España, Países Bajos y Bélgica, en cargamentos que, en algunos casos, superaban las diez toneladas, y que la organización también utilizaba embarcaciones sin bandera ni nacionalidad, según publicó el semanario uruguayo Búsqueda.

Los cuatro cargos que ahora enfrenta son: conspiración narcoterrorista, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense, lavado de dinero y conspiración para lavar dinero, imputación vigente desde 2024.

El cargo vinculado con la embarcación se sustenta en un episodio de junio de 2024 cerca de la Isla de San Andrés, cuando —según la fiscalía— Marset conspiró con un miembro del Clan del Golfo para enviar casi 1700 kilos de cocaína desde Colombia hacia Costa Rica en una lancha sin bandera, interceptada por las autoridades colombianas.

El cargo central de la nueva acusación sostiene que entre 2018 y el 13 de marzo de 2026 —día de su arresto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia— Marset “se asoció, conspiró, confabuló y acordó, de manera consciente e intencional, con otras personas conocidas y desconocidas” para cometer delitos “contra los Estados Unidos”, y que el Primer Cartel Uruguayo “ha participado y participa en actividades terroristas y en terrorismo”. La calificación se enmarca en la política de la administración Trump de designar como terroristas a organizaciones internacionales de narcotráfico, una definición que no comparten todos los países de la región. La Argentina, desde la administración de Javier Milei, sigue ese camino.

Para justificar su jurisdicción, la fiscalía invoca que la actividad infringió leyes penales estadounidenses, que ocurrió en el ámbito del comercio interestatal y exterior, afectando a ese comercio, y que tras la comisión del delito el acusado fue trasladado y hallado en territorio de los Estados Unidos.

El expediente también incorpora, por primera vez de forma explícita, antecedentes de violencia atribuidos a Marset: el uso de armas, explosivos y artefactos peligrosos con fines que iban más allá del beneficio económico, entre ellos haber instruido en 2020 a un cómplice para lanzar una granada contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay, amenazas contra la entonces fiscal de drogas Mónica Ferrero, y dos homicidios de presuntos colaboradores o sospechosos de informar a las autoridades, en 2020 y 2021.

La acusación profundiza, además, el esquema de lavado que Marset operaba junto a su excontador Ezequiel Santoro, condenado el año pasado a 15 años de prisión en el mismo tribunal por lavar unos 11 millones de dólares. Según los fiscales, Santoro y otro cómplice lavaron “cientos de millones de dólares” para la organización, moviendo ganancias de la venta de cocaína en Europa a través de bancos corresponsales con sede en Estados Unidos —incluido el Bank of America, con servidores en Richmond, Virginia, la misma jurisdicción donde se tramita el juicio— hasta Perú o Bolivia, donde el dinero se reinvertía en la compra de más droga. Marset también recurría a criptomonedas, en particular USDT, para mover fondos.

La nueva acusación llega apenas días después de que Marset despidiera a su equipo de defensa y enviara al juzgado una carta manuscrita en la que acusó a dos agentes de la DEA, Michael Greisen y Tyler Ganzel, de haber intentado extorsionarlo por unos 4 millones de dólares en USDT.

La fiscalía responde a ese reclamo en el propio escrito acusatorio: si Marset es declarado culpable de lavado de dinero o de conspiración para lavarlo, esas criptomonedas serán decomisadas, lo que en los hechos diluye el reclamo de restitución planteado en la carta.

La audiencia del 7 de julio próximo —que reemplaza en la agenda inmediata a la prevista para el 1° de julio centrada en la oferta de acuerdo de culpabilidad— marcará el primer paso formal de un proceso que ya no se limita al circuito financiero armado con Santoro, sino que pone a Marset frente al cargo más grave que puede enfrentar un narcotraficante sudamericano ante la Justicia federal estadounidense: el de narcoterrorismo.

La semana pasada, Marset hizo públicas a través de una carta fuertes acusaciones contra agentes de la DEA, una estrategia típica de un hombre extravagante del mundo criminal. El narcotraficante uruguayo presentó ante el juez Rossie D. Alston Jr. una carta manuscrita de cuatro páginas en la que acusa a dos agentes federales de haber intentado extorsionarlo por cuatro millones de dólares en criptomonedas.

La carta, redactada en inglés y presentada el miércoles de la semana pasada, es el documento de un hombre que decidió jugar todas sus fichas en simultáneo. Marset relata que el día de su captura, tras una “entrega irregular que viola los tratados internacionales”, fue trasladado en avión hasta el aeropuerto internacional Dulles, en Washington.

Marset señaló que en ese lugar pidió un abogado y nadie lo escuchó. Lo interrogaron sin asistencia judicial y, según su versión, los agentes Michael Greisen y Tyler Ganzel lo amenazaron con que nunca volvería a ver a sus hijos y que pasaría el resto de su vida en prisión si no cooperaba. Marset había tenido una reacción similar contra las autoridades bolivianas cuando lo fueron a detener y descargó en un video fuertes críticas, además de revelar un supuesto pago de sobornos a militares de ese país. Ahora emprende una estrategia similar.

El punto más grave de la denuncia llega después: los mismos agentes le habrían exigido acceso a una billetera de criptomonedas con unos cuatro millones de dólares en USDT. Ante su negativa, según la versión de Marset, llamaron por WhatsApp a su madre y le pidieron que les enviara fotos de un cuaderno donde estaban anotadas las claves privadas de esa billetera. “Estos mensajes se conservan y constituyen prueba escrita directa de la conducta extorsiva”, escribió.

Marset también denuncia que el acta de su interrogatorio fue alterada: que su rechazo a las acusaciones en su contra fueron registradas como admisiones, lo que, en sus palabras, constituye “un fraude de un documento oficial”.

Pidió al juez dos cosas muy concretas: que ordene al alguacil Timothy Alley permitir sin demoras el acceso de sus nuevos abogados al centro de detención, y que en futuros traslados se garantice que no vuelva a tener contacto con los agentes denunciados, “dado el riesgo que esto representa para mi seguridad e integridad”. Ninguna autoridad estadounidense ni boliviana se pronunció todavía sobre el contenido de la carta.

Lo que la carta no necesita explicitar, pero que cualquiera que haya seguido el expediente desde marzo entiende de inmediato, es a quién está apuntando Marset cuando dice que sus abogados “se negaron a informar sobre estos hechos o a presentar mociones” para cuestionar al fiscal a cargo del caso.

Su defensa hasta ahora estaba integrada por un equipo de pesos pesados con base en Miami y Washington, encabezado por Gene Rossi, un exfiscal federal que construyó buena parte de su carrera litigando casos de narcotráfico y lavado de dinero precisamente en el Distrito Este de Virginia: el mismo tribunal donde ahora Marset es juzgado. La paradoja había sido, hasta este giro, uno de los costados más llamativos del caso: el hombre que mejor conocía las debilidades del sistema que lo acusaba era quien lo defendía.

Ese equipo había trazado, desde el primer día, una estrategia de contención. El 1 de abril, en la audiencia donde se le leyeron formalmente los cargos, Marset renunció a su derecho a un juicio rápido —un gesto que abrió la puerta a que la fiscalía ampliara la acusación— mientras sus abogados negociaban en paralelo con el fiscal Anthony T. Aminoff, de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero.

La apuesta era ganar tiempo: cuanto más se postergara el proceso, mayor margen había para tantear un acuerdo de culpabilidad que evitara una imputación por narcotráfico, mucho más grave que el cargo actual de conspiración para lavado de dinero, que prevé hasta 20 años de cárcel.

Esa lógica de negociación silenciosa explotó esta semana. Marset echó a ese equipo —tanto a los abogados de Washington como a los de Miami— y lo reemplazó por dos nuevos representantes, Robert Feitel y Sandi S. Rhee, a quienes pidió acceso inmediato al penal de Alexandria.

Marset, de 34 años, construyó desde los márgenes del Río de la Plata una organización —el Primer Cartel Uruguayo, cuya sigla, PCU, llevaba tatuada— que llegó a controlar una de las rutas de cocaína más rentables del mundo, con base operativa en Bolivia y Paraguay y ramificaciones hacia Europa.

Antes de su captura, la DEA ofrecía dos millones de dólares por información que condujera a su arresto y lo describía como un “narcotraficante transnacional con base en Sudamérica”.

Pesaban sobre él pedidos de captura de cinco países y figuraba entre los objetivos prioritarios de Europol, Interpol y la propia DEA. También fue señalado, sin imputación formal, por su presunta vinculación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022, uno de los crímenes más resonantes de la región en la última década.

La Argentina, y puntualmente la zona de Rosario, no es un dato menor en ese mapa: la sigla PCU apareció estampada en panes de cocaína hallados en la isla El Chaparro, frente a Victoria, mucho antes de que las autoridades argentinas registraran formalmente la presencia de la organización en el país, lo que confirma que el corredor de la Hidrovía Paraná-Paraguay operaba como ruta de tránsito de su droga años antes de que su nombre apareciera en los expedientes judiciales.

Su detención, el 13 de marzo en un barrio de Santa Cruz de la Sierra, fue presentada por el gobierno boliviano como un éxito de cooperación regional entre la Felcn, la DEA y las policías de Uruguay y Paraguay. Marset, en cambio, la describe en su carta como una entrega “irregular” hecha sin orden de allanamiento ni de arresto, ejecutada a las tres de la madrugada y resuelta en horas: ese mismo día ya estaba siendo trasladado en avión hacia territorio estadounidense.

Por Germán de los Santos

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