“Hija de la universidad pública”, exfuncionaria duhaldista y exponente de la justicia restaurativa

El año pasado, cuando recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), la jueza Marta Pascual se definió como “una hija de la universidad pública”. En las últimas horas, la magistrada que tiene a su cargo un Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora fue noticia porque suspendió por 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años.

Pascual nació y se crió en el partido bonaerense de Almirante Brown. Estudió y se recibió de abogada en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene posgrados en Derecho Público y en Magistratura. Es madre de cuatro hijos y abuela de nueve nietos.

Fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde. También se desempeñó como presidenta del Consejo Provincial del Menor y fue consultora de Unicef.

Además, fue presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados y Funcionarios de la Juventud y de la Familia (Aimjf). Dirige la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue docente en diversas universidades nacionales e internacionales, según informó la UNAB.

“Pascual lideró iniciativas innovadoras como la Red de Potreros Digitales, destinada a capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Además, publicó más de 30 trabajos especializados y participó como conferencista y como jurado en congresos internacionales sobre justicia restaurativa y derechos humanos”, señaló la UNAB en ocasión de otorgarle a la jueza el doctorado honorífico.

En el ámbito académico, dirige la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue docente en diversas universidades nacionales e internacionales.

“Su labor formativa ha dejado huella en generaciones de juristas, consolidando un legado de excelencia y compromiso ético en la profesión”, informó la Universidad Nacional Guillermo Brown cuando le entregó a Pascual el doctorado honoris causa.

Ese día, en junio de 2025, la jueza habló de su vocación por los chicos y por los más vulnerables. “Siento alegría, siento emoción, acá está presente toda mi vida”, sostuvo la magistrada, que anteriormente había sido reconocida por el Concejo Deliberante de Almirante Brown como “mujer destacada del distrito”.

Tras el reconocimiento, el por entonces intendente de Almirante Brown y hoy diputado provincial por la tercera sección electoral, Mariano Cascallares, resaltó la energía que Pascual le pone “a cada responsabilidad que tiene” y habló del compromiso diario de la magistrada para que “todos los pibes tengan una nueva oportunidad”.

El funcionario también dijo que la trayectoria de Pascual estuvo marcada por el “afecto y el respeto” y que su trabajo es un “ejemplo de dedicación al servicio de la comunidad”.

Su pensamiento en cuanto al efecto de bajar la edad de punibilidad está reflejado en uno de los párrafos de su resolución: “Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida”.

Hoy, poco después de firmar el fallo que suspendió en territorio bonaerense la ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero pasado, en una entrevista con radio Now 97.9, la magistrada sostuvo: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad. Yo aplico lo que se llama ‘justicia restaurativa’, que tiene que ver con restaurar los vínculos y con que los jóvenes se responsabilicen y vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no ‘pibes chorros’. Tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley”.

En su fallo, la magistrada afirmó: “Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia. No cabe ninguna duda, y resulta de sentido común, que la aplicación inmediata de la ley, con motivo de ampliar el universo de adolescentes punibles (mediante la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años), la exclusión de los delitos que no resultaban punibles (sancionados con penas menores a dos años) y la aplicación plena de la escala penal prevista en el código de fondo, aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad. Este aumento, si bien será progresivo y, por lo tanto, llevará un tiempo hasta evaluar el incremento definitivo en la cantidad de personas detenidas, también puede llegar a tener impacto inmediato en razón de los cambios de parámetros para las detenciones y prisiones preventivas”.

Por Gabriel Di Nicola

• Menores y delito

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