Histórico fallo en Tierra del Fuego: condenaron a los dueños de un local nocturno por trata de personas

Hoy se conoció el veredicto de un juicio histórico: el primero contra una red de trata con fines de explotación sexual impulsado por una de sus víctimas. Tras haber pasado más de 15 años atrapada, Alika Kinan Sánchez escuchó el fallo del Tribunal Oral Federal de Ushuaia. El principal imputado, Pedro Montoya, de 57 años, recibió una condena de siete años a prisión por el delito de trata de personas, y sus cómplices, Ivana García, de 38 años, y Lucy Alberca Campos, de 32, fueron sentenciadas a tres años de prisión en suspenso. Además, el tribunal condenó a la Municipalidad de Ushuaia a indemnizar a Alika por la suma de $780.000.

Inaugurado en 1996, el sitio alojaba a mujeres que eran captadas en distintos puntos del país por varias personas, mientras que sus dueños, los imputados Montoya y García las prostituían. La madrugada del 9 de octubre de 2012 fue allanado y clausurado por efectivos de Gendarmería y fueron liberadas siete víctimas, entre ellas Alika, de 40 años

“Las mujeres debían atender a los clientes y limpiar el lugar, ni a un animal se lo trata de esta manera. ¿De qué libertad podemos hablar cuando las víctimas son enjauladas psicológica y físicamente por los proxenetas? Sabemos por sus testimonios que los encargados las obligaban a realizar copas (incitar a los clientes a consumir tragos para ganar un porcentaje de los mismos) y pases (llevar a una habitación a los clientes para mantener relaciones sexuales) para luego retenerles un 50 % del dinero. Incluso les cobraban los profilácticos y los productos de limpieza”, enfatizó la titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PNR), del Ministerio de Justicia de la Nación, Zaída Gatti, en una conversación con LA NACION.

Durante el juicio, las tres víctimas declararon que dormían en las mismas habitaciones en las que eran prostituidas. También indicaron que uno de los métodos de coerción era obligarlas a estar con los clientes cuando ellas estaban menstruando, y las obligaban a ponerse una esponja en la vagina para que los hombres no se dieran cuenta. “Esto no es algo nuevo para nosotras, lo escuchamos hace años, es una realidad que se repite con el fin de no incomodar a los clientes, al igual que los embarazos, que deben ser interrumpidos para que las mujeres sigan trabajando”, enfatizó Gatti.

“Aunque tuvieran la llave del prostíbulo, las víctimas de trata no se irían, porque están convencidas de que antes deben saldar muchas deudas. Además sabemos que cuando existe tal nivel de connivencia policial y municipal, la situación de vulnerabilidad de las víctimas se intensifica”, continuó la titular del PNR. Las mujeres también estaban aisladas por la geografía de la ciudad trasandina, sólo se pueden acceder por aire o por mar.

En la última etapa del juicio, la defensa de los imputados presentó sus alegatos. Uno de los hechos más insólitos según los funcionarios que presenciaron el juicio, fue cuando el abogado de Campos intentó victimizar a su cliente, aduciendo que vivía en el mismo lugar que las chicas que prostituían y que por eso padeció el mismo calvario. Los argumentos del abogado defensor se extendieron por dos horas e hizo hincapié en una libreta sanitaria que también tenía Campos y que “cuidaba con toda su alma, porque si no, nadie le creería que era una «puta»”. Sin embargo, la noche anterior, el fiscal del juicio había mostrado un recibo que probaba que Campos le había entregado 17.000 pesos a Montoya para ser socia de El Sheik y percibir una parte de las ganancias. A pesar de los intentos del abogado defensor, Campos percibió la misma condena que García.

“No sólo denunciamos a los proxenetas, sino a la parte del Estado cómplice. Durante el cautiverio nos entregamos al sometimiento: te sentís agradecida con los tratantes ya que existe una gran dependencia y es muy difícil salir de estas redes, porque ellos de una manera estratégica entran en tu vida a ocupar un lugar que tenés claramente vacío”, explicó Alika a LA NACION, indicando que cuando existe la participación del Estado, las mujeres llegan a creer que la situación que viven es completamente legal.

Además, los dueños las llevaban a la comisaría local para tramitar su libreta sanitaria y así corroborar que no tenían enfermedades de transmisión sexual, como el VIH. En este sentido, se considera que el municipio de la ciudad fueguina estaba en plena complicidad con los proxenetes, en especial luego de trascender que Montoya era empleado municipal mientras regenteaba las mujeres en el cabaret. A los tres acusados y a la Municipalidad se les pidió una reparación económica de $ 2.365.067.Por su parte, la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Ushuaia expedía las libretas sanitarias para que las mujeres trabajaran en los clubes nocturnos y según las declaraciones de las víctimas, Montoya era un funcionario de la municipalidad.

“Cuando en 2009 viajamos con un equipo a La Pampa por un caso de trata sexual, descubrimos que existían ordenanzas municipales que obligaban a las alternadoras a someterse a cuidados ginecológicos. Inmediatamente sacamos una resolución para que las legislaciones se adecuen a lo que dicen las normas internacionales, más bien, a lo que prohíben: la explotación de la mujer”, explicó el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo. Según el fiscal - que también participó del juicio - estas ordenanzas tramposamente permiten la explotación sexual de las víctimas, y aunque en muchos municipios derogaron el reglamento, eso no significa que la práctica se haya terminado.

Al ser la trata de personas el tercer negocio ilegal más rentable del mundo, después de las drogas y las armas, no es ninguna sorpresa que el mismo día que allanaron el cabaret El Sheik, también secuestraron 411.252 pesos, 4395 dólares, 605 euros, 1000 pesos chilenos y 5 dólares canadienses. Y en la casa del dueño del local e imputado, Montoya, se incautaron 262.537 pesos, 10 dólares de Nueva Zelanda y un arma de fuego. Sin embargo, durante las declaraciones que hizo en el juzgado, aseveró que a veces el lugar le daba pérdidas económicas, y que no era un negocio redituable.

Según las últimas estadísticas de la Organización Internacional de Trabajo, la explotación sexual con fines comerciales genera ganancias anuales de U$S 99,000 millones anuales.

A las 18, mientras la presidenta del tribunal leía las sentencias condenatorias, hubo movilizaciones en apoyo a Alika y a las otras víctimas de trata, tanto en la Casa de Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires, como a la salida del tribunal de la ciudad fueguina donde se dictó la sentencia.

Por Vanesa Listek

• Trata de Personas

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