Investigaban a una banda por sus presuntos vínculos con Al-Qaeda y descubrieron una red de tráfico de personas
Tras un año y ocho meses de investigación, la Prefectura Naval detuvo a cuatro sospechosos y secuestró nueve armas de fuego y tres kilos de pólvora
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LA NACIONGabriel Di Nicola
La investigación comenzó en marzo del año pasado después de que la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, presentara una denuncia sobre una banda que operaba en la Argentina y que, según se sospechaba, tenía vínculos con Al-Qaeda. Un año y medio después, la pesquisa no confirmó la hipótesis inicial sobre lazos con actividades terroristas, pero sí puso al descubierto una organización dedicada al “tráfico ilegal de migrantes”.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. En las últimas horas, por orden del juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, personal de la Prefectura Naval detuvo a cuatro sospechosos y secuestró nueve armas de fuego.
En la investigación, el Ministerio Público está representado por el fiscal federal Santiago Eyherabide, a cargo de la el Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata; la fiscal federal Alejandra Mangano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y el fiscal federal Santiago Marquevich, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), donde también cumplen funciones como fiscal auxiliar Ramiro García Martínez y el secretario penal Francisco Bonetto.
Los detenidos son una mujer nacida en Siria de 52 años, un ciudadano tunecino, de 33; otro marroquí, de 49 y un argentino, de 60.
“Se trata de una organización delictiva integrada por personas nacionalizadas argentinas, originarias de países de la comunidad árabe, que habría desplegado distintas maniobras destinadas a facilitar el ingreso, permanencia y radicación de ciudadanos extranjeros en el país”, explicó a LA NACION un detective judicial que participa de la investigación.
Los sospechosos fueron detenidos durante siete allanamientos ordenados por el juez Inchausti en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y la ciudad de Buenos Aires.
Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar la denuncia de la DNIC hacía referencia a un ciudadano egipcio que había llegado al país en 2022, momento en que pidió su admisión como refugiado.
“Según la información original, ese hombre tendría vínculos con un exagente operativo de la organización Al-Qaeda, que era buscado por las autoridades de Egipto, por su intervención en actividades terroristas”, sostuvieron el citado sitio de información del Ministerio Público.
El ciudadano egipcio, tiempo después, se presentó en la Delegación Mar del Plata de la Dirección Nacional de Migraciones y solicitó la ciudadanía. Para fundamentar su pedido, presentó documentación que acreditaba su casamiento con una mujer argentina con domicilio en la “La Feliz”.
“Creemos que la esposa del ciudadano egipcio recibió el dinero para casarse. La pareja no se conocía al momento de firmar el acta de matrimonio en el registro civil”, afirmó a LA NACION una fuente judicial.
Pronto se supo que el ciudadano egipcio trabajaba para el imputado de nacionalidad marroquí que terminó imputado en la causa.
“Las tetras investigativas encargadas a la Central de Investigaciones de la Prefectura Naval, que incluyeron tareas de campo, análisis de bases de datos, documentación migratoria, legajos administrativos e intervenciones telefónicas -algunas en árabe-, permitieron identificar a los principales implicados y los vínculos entre sí. En ese contexto, se estableció que se trataría de una organización delictiva integrada por personas originarias de países árabes -nacionalizadas argentinas- que habría intervenido en distintas maniobras destinadas a facilitar el ingreso, permanencia y radicación de ciudadano extranjeros en el país, a cambio del pago de sumas de dinero. Entre esas maniobras se detectaron la simulación de matrimonios con ciudadanas/os argentinas/os para iniciar trámites de residencia y, eventualmente, acceder a la ciudadanía; la provisión de rutas de acceso a través de pasos fronterizos no habilitados; o, cuando se ingresó mediante puntos habilitados, la realización de acciones tendientes a permanecer en el país eludiendo los controles migratorios”, según se detalló en el sitio de noticias del Ministerio Público.
Durante la investigación se confirmó que la organización criminal tenía contactos con personas radicadas en países como Turquía y Egipto, entre otros países.
“Se cree que las personas interesadas en viajar a la Argentina, para después tramitar su nacionalidad, pagaban entre 40.000 y 50.000 dólares”, dijo una de las fuentes consultadas.
En algunos casos, la Argentina, según escuchas telefónicas incorporadas al expediente, no era el destino final pretendido por las personas que se contactaban con la organización criminal.
“Algunas de las personas, después de obtener la nacionalidad argentina, pretendían viajar a los Estados Unidos o Europa. Además, la investigación también permitió advertir el uso de la figura del refugio, empleada no como mecanismo de protección internacional, sino como vía para obtener residencias precarias y avanzar en trámites migratorios destinados a sortear los controles administrativos. Todas estas conductas habrían sido desplegadas a cambio de contraprestaciones económicas.”, explicó un detective judicial.
Procedimientos
En los allanamientos, los prefectos secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos (pendrives y tarjetas de memoria), documentación correspondiente a terceras personas —incluida documentación migratoria en idioma árabe—, agendas con palabras en español y su traducción a distintos idiomas y actas de matrimonio.
Según informaron fuentes con acceso al expediente la Prefectura Naval también se incautó de 37 armas blancas y nueve armas de fuego de distintos calibres, como una carabina Ruger calibre 9 milímetros, dos pistolas semiautomáticas CZ calibre 9 milímetros, una pistola Ruger del mismo calibre, un fusil de repetición Sabatti ST-18 calibre .308, una carabina CZ calibre .22, una pistola Ballester Molina calibre .22, un revólver calibre .32 largo sin documentación respaldatoria y un subfusil Walther MP5 calibre .22 largo, esta última arma es la versión creada para venta condicionada civil -con cargador de 25 proyectiles- bajo licencia de la firma alemana Heckler & Koch, cuyo modelo calibre 9mm es usado por las principales unidades policiales tácticas.
En las próximas horas, los cuatro sospechosos detenidos serán indagados por el juez Inchausti.
“La hipótesis inicial de la denuncia [los presuntos vínculos con Al-Qaeda] no se pudo certificar, pero la investigación permitió poner al descubierto una organización de carácter trasnacional dedicada al tráfico de personas”, concluyó una fuente de la causa.
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