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“Juró luchar contra el crimen y se cruzó de bando”: el gendarme que coordinó el tráfico de 161 kilos de cocaína
El sargento Carlos Alberto Sorani fue condenado a 9 años de prisión por un tribunal oral de Salta
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LA NACION
Era un experto en investigación de narcotráfico y aprovechó sus conocimientos para ponerlos al servicio del crimen organizado. Sus 26 años de carrera en la Gendarmería cayeron estrepitosamente en mayo del año pasado, cuando lo detuvieron como uno de los responsables de la logística del transporte de 161 kilos de cocaína desde el norte.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó al sargento Carlos Alberto Sorani, exjefe del área de Inteligencia del Escuadrón N°52 “Tartagal”, a la pena de 9 años de prisión. Fue considerado como uno de los responsables de la maniobra de ocultamiento de los ladrillos de la sustancia compactada y marcada con el logo del delfín descubierta en mayo de 2025 en la localidad de Aguaray.
Por ese caso ya fueron condenados la pareja que llevaba la droga en una Ford Ranger −en la que viajaban con un menor para no llamar la atención−, otro gendarme y un vecino de la localidad ciudad de Profesor Salvador Mazza que dispuso de un galpón donde la camioneta fue acondicionada con su millonaria carga ilegal.
En una sentencia unánime, las juezas Marta Liliana Snopek, Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi consideraron a Sorani coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por su calidad de funcionario público.
El caso había sido investigado por la fiscal federal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Lourdes Milani, de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal, quienes contaron con la colaboración de unidades de la Gendarmería, de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad (Ufinar) del Ministerio Público Fiscal de Salta y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (Datip).
El hecho que dio origen a la causa se produjo el 5 de mayo de 2025, cuando personal del Escuadrón 54 “Aguaray” de Gendarmería detuvo la camioneta Ford Ranger en el kilómetro 1466 de la ruta nacional 34 para un procedimiento de control.
Los efectivos detectaron que la carrocería había sido modificada. Un can antinarcóticos de la fuerza señaló algo fuera de lo común en la camioneta; un control más profundo permitió descubrir un doble fondo en la caja, entre el respaldo de los asientos traseros, en los zócalos y en el piso del vehículo; allí había 173 paquetes que totalizaban 161 kilos de cocaína.
Oscar Navarro, que conducía la Ford Ranger, y su pareja Gloria Cardozo, que iba de acompañante, quedaron inmediatamente detenidos; su hijo, menor de edad, fue entregado a familiares en guarda.
El hallazgo disparó la pesquisa; se determinó que la maniobra había sido organizada por Sorani, “quien acumulaba más de 26 años de trayectoria en la Gendarmería, gran parte de ellos en áreas de inteligencia criminal vinculadas a investigaciones de narcotráfico”, según se informó en www.fiscales.gob.ar.
Los investigadores averiguaron que el sargento Sorani había sumado a la maniobra al cabo 1° Alexis Aguirre, chofer del Grupo Motorizado del Escuadrón 52, también con experiencia en unidades antidrogas. Y señalaron también la participación de Héctor Horacio Acosta, quien había facilitado un galpón en Salvador Mazza para esconder la camioneta usada en el transporte del estupefaciente.
Se identificó que el proveedor de la droga y presunto jefe de la organización era Gustavo Ariel Barrios, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional en otra causa por narcotráfico.
Los gendarmes Sorani y Aguirre fueron detenidos el 29 de mayo de 2025.
El 19 de diciembre pasado, Navarro fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel y Cardozo, a 3 años de prisión en suspenso al cabo de un acuerdo homologado por la jueza federal de Garantías de Tartagal Ivana Hernández.
Posteriormente, el 4 de marzo de este año, el cabo Aguirre acordó una pena de 6 años de prisión y Acosta recibió una condena a 5 años de cárcel como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado.
La fiscalía dio por hecho que la operación de narcotráfico había comenzado a organizarse el 30 de septiembre de 2024, cuando los gendarmes Sorani y Aguirre viajaron a la ciudad de Salta para encontrarse con Barrios, que en ese momento estaba técnicamente prófugo por haber infringido su arresto domiciliario.
En esa reunión, Barrios proveyó la Ford Ranger que debía ser acondicionada para traficar la droga procedente de Bolivia. Una circunstancia fortuita vinculó al cabo Aguirre con la camioneta: el 27 de noviembre de 2024 fue interceptado en un control vehicular en Eldorado, Misiones, donde sus propios colegas de la Gendarmería le retuvieron la cédula verde porque el rodado no estaba a su nombre.
En otro operativo, realizado el 25 de marzo de 2025 en Aguaray, se detectó el doble fondo de la Ranger, pero no se encontró droga y no se decretó ningún impedimento de circulación. Después de eso la camioneta terminó en el galpón del Barrio Ferroviario de Salvador Mazza perteneciente a Acosta.
El 25 de abril de 2025, según acreditó la fiscalía, Sorani viajó con Barrios para intentar convencer al cabo Aguirre de hacer el viaje con la droga. Se negó y el “plan B” fue Navarro.
El 5 de mayo, los dos gendarmes viajaron desde Tartagal hasta Salvador Mazza, retiraron la camioneta del galpón de Acosta y se la entregaron a Navarro. Sorani y Aguirre hicieron de “punteros” del transporte en el Chevrolet Cruze del sargento.
El juicio
El debate con Sorani como acusado comenzó en abril pasado. A la hora de los alegatos las fiscales remarcaron que “este experto en inteligencia criminal que juró cuidar la frontera, luchar contra el crimen y la delincuencia, se cruzó de bando e hizo todo lo contrario”.
También resaltaron que Sorani intervino activamente en la coordinación de la maniobra y que incluso había decidido suspender temporalmente el traslado cuando supo de la llegada a la zona de la entonces ministra de Seguridad de la Nación y actual senadora, Patricia Bullrich.
La fiscalía destacó que la cocaína secuestrada, cuyo valor superaba los 2824 millones de pesos, tenía una pureza del 58%, lo que permitía producir más de 936.000 dosis destinadas al consumo.
El tribunal sostuvo que las pruebas en contra del imputado eran “contundentes” y descalificó la hipótesis defensista de Sorani, que habló de una “conspiración en su contra” detrás de la acusación. “A Sorani le gusta andar al filo de la navaja, y esa navaja se la clava”, sostuvo la jueza Snopek.
Su colega Cataldi adhirió a los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal y coincidió en que la versión brindada por el acusado fue “una película que quiso vendernos”.
Y la magistrada Catalano resaltó que Sorani, por su condición de integrante de Gendarmería, “debió haber detenido” a Barrios en lugar de reunirse con él en Salta.
LA NACION
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