Escándalo en Salta: gritos, forcejeos y una extracción de ADN que terminó en una denuncia en el caso de las turistas francesas asesinadas
A 15 años del doble crimen, la causa sumó otra polémica ante el intento de obtener una muestra genética de la esposa del hombre que estuvo más de una década preso y fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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LA NACIONPablo Lisotto
En un episodio que parece extraído de un thriller, pero con el peso de una realidad dolorosa que arrastra una década y media de una justicia incompleta, Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera —el hombre que pasó 11 años preso por el doble crimen de dos turistas francesas que la Corte Suprema terminó anulando—, terminó en el suelo, rodeada de policías y forcejeando para evitar que le introdujeran un hisopo en la boca: se negaba a la extracción compulsiva de una muestra de ADN para compararlo con rastros hallados en la escena del hecho.
Para el Ministerio Público Fiscal de Salta se trató de un acto de rebeldía ilegítima y de obstrucción indebida del proceso penal; para Innocence Project Argentina, la organización que se ocupó del caso de Santos Vera −y ahora, del de Yapura−, fue un acto de “violencia institucional” contra una mujer que padece una enfermedad grave y que tiene por objetivo volver a situar en la escena del doble crimen a Vera. Y las acusaciones cruzadas suman más condimentos en un caso que vuelve a tener en vilo a la provincia.
Todo ocurrió el viernes pasado en las instalaciones del Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta. Yapura no llegó allí por su voluntad; fue trasladada mediante el uso de la fuerza pública por orden del juez de Garantías de 2a. Nominación, Ignacio Colombo. “¡Quiero que busquen a los verdaderos responsables!”, gritaba la mujer mientras era arrastrada por el suelo y reclamaba la presencia del Procurador y del gobernador.
Según el informe oficial de la Unidad Fiscal, la mujer se negó sistemáticamente a ingresar a la sala de extracción, se arrojó al suelo y obligó al personal policial femenino a emplear la fuerza física para cumplir la manda judicial.
El relato oficial roza lo cinematográfico: una vez dentro, Yapura habría intentado morder al personal del CIF mientras sus abogados, Roberto Adrián Reyes y Humberto Vargas, filmaban todo con sus celulares instándola a pedir la presencia del gobernador, Gustavo Sáenz.
Pero el detalle que más sorprendió a los fiscales fue el hallazgo de un micrófono inalámbrico acondicionado entre las prendas de la mujer. La fiscalía lo interpretó como un intento de “instalar falsedades en los medios”, especialmente ante la presencia de documentalistas franceses que siguen el caso.
Sin embargo, desde Innocence Project Argentina la lectura es diametralmente opuesta. En diálogo con LA NACION, su presidente, Manuel Garrido, explicó: “Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error”.
Según fuentes de la defensa, Yapura se encuentra en un delicado estado de salud —está bajo tratamiento por un cáncer grave— y la medida fue ejecutada de manera invasiva a pesar de haber sido apelada. Se destacó como hecho gravoso, además, que se pretendía someter al hisopado para realizar un peritaje de ADN a una persona que no está imputada en la causa.
Garrido no ahorró críticas al procedimiento. Para el abogado, quien representó a Santos Vera ante la Corte Suprema, la Justicia de Salta está intentando “cerrar la causa a cualquier costo" para evitar un nuevo juicio que podría llevar el caso a niveles escandalosos.
“La brutalidad quedó en evidencia. No tiene sentido semejante violencia con una persona que es tercera, que no es sospechosa y que no está imputada”, afirmó Garrido en referencia a Yapura. El presidente de Innocence Project Argentina explicó que el Código Procesal Penal permite el uso de la fuerza para obtener muestras de imputados, pero no dice nada sobre terceros ajenos a la investigación.
Según Garrido, existe una “desconfianza lógica” de Yapura en el sistema judicial salteño: “Tiene miedo de que le cambien el perfil genético... después de todo lo que pasó con el marido, sospechan de las irregularidades en los procedimientos”.
Garrido también desmitificó el episodio del micrófono. Aclaró que Beatriz estaba siendo entrevistada por documentalistas franceses cuando la policía llegó al lugar para trasladarla. “La mujer tenía puesto el micrófono que te ponen para una entrevista y se lo secuestraron como si fuera una espía... es una prepotencia absoluta”, denunció.
Para el experto, la fiscalía sigue empecinada en una “hipótesis única” que vincula a Vera, a pesar de que fue absuelto, buscando lo que llaman una transferencia secundaria de ADN.
El fantasma de 2011
Hay una pregunta que no tiene una única respuesta: ¿Por qué la Justicia salteña necesita, con tanta urgencia, el ADN de la esposa de Vera y de otras ocho mujeres? La explicación oficial reside en los perfiles genéticos femeninos detectados por laboratorios franceses sobre los restos de una de las víctimas, Cassandre Bouvier, cuyo padre, Jean-Michel, ha defendido la inocencia de Vera.
La lista de citadas incluye a exparejas de los otros sospechosos (como Fernanda Cañizarez, pareja de Gustavo Lasi, ya condenado por el doble crimen, y Andrea Alarcón, quien mantuvo una relación sentimental con Vera en tiempos del hecho), médicas que hicieron las autopsias y operadoras de laboratorio, e incluso a una mujer que denunció haber sido víctima de un abuso sexual por parte del esposo de Yapura.
El objetivo, dicen los fiscales, es determinar si esos rastros biológicos pertenecen a alguien que manipuló las muestras o si hubo un “arrastre” por contacto personal con los sospechosos.
No obstante, los fiscales aclararon que una coincidencia no implicaría culpabilidad para estas mujeres, lo que llevó a la defensa de Vera y Yapura a preguntarse: ¿Si no sirve para incriminarlas, por qué arrastrar a una mujer enferma por el suelo para obtenerlo?
El tema aquí pasa por los tiempos, ya que el hecho sucedió en julio de 2011 y en menos de dos meses podría prescribir. Durante años, el caso de las turistas francesas asesinadas en Salta estuvo rodeado de sospechas, denuncias de irregularidades y fuertes cuestionamientos a la actuación judicial local. Las dudas sobre un posible encubrimiento y la presunta protección de los verdaderos responsables atravesaron toda la investigación desde el inicio.
En 2014, tres guías de la zona —Gustavo Lasi, Santos Clemente Vera y Daniel Vilte— llegaron a juicio acusados por el doble crimen. El 2 de junio de ese año, Lasi fue condenado a 30 años de prisión luego de que su ADN fuera hallado en los cuerpos de las víctimas. En cambio, Vilte y Vera resultaron absueltos por el beneficio de la duda.
Sin embargo, el expediente dio un giro tiempo después. Lasi no solo admitió su participación en los hechos, sino que además declaró ante la Justicia que Vera, bajo los efectos del alcohol, lo había obligado a abusar sexualmente de las jóvenes a punta de fusil. Aunque ese relato nunca pudo corroborarse con pruebas concluyentes, terminó siendo clave en la revisión del caso.
En 2016, el Tribunal de Impugnación de Salta revocó la absolución de Vera y lo condenó a prisión perpetua como coautor del doble homicidio, aun cuando no existían pruebas directas que lo ubicaran en la escena del crimen.
Desde entonces, Vera sostuvo su inocencia de manera permanente. Esa postura fue acompañada públicamente por Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, quien durante años insistió en que el expediente estaba atravesado por inconsistencias y que el condenado no era responsable de los asesinatos.
La sombra del poder
Mientras en Salta los forcejeos copan los titulares, en Francia, Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, sigue su propia cruzada. A diferencia de la fiscalía local, Bouvier siempre creyó en la inocencia de Santos Vera y denunció que la investigación original fue “incompleta e irregular”.
El padre de la víctima sostiene que existen tres perfiles de ADN masculinos no identificados en la causa y que el estado de los cuerpos sugería que las jóvenes pudieron haber estado privadas de su libertad antes de ser asesinadas, contradiciendo la cronología oficial.
En Salta, el rumor de un eventual encubrimiento a “hijos del poder” o sectores de las altas esferas de la política nunca se disipó y es utilizado como una teoría para explicar la resistencia judicial a abrir un nuevo juicio transparente.
Pero el final de esta causa parece estar lejos de encontrar justicia. El escándalo de Beatriz Yapura es solo el último capítulo de una tragedia que no encuentra fin. Mientras la Unidad Fiscal planea viajar a Francia para recibir nuevas testimoniales, la defensa de Yapura asegura que ella está dispuesta a entregar su ADN de forma voluntaria, pero con una condición innegociable: que se permita la participación de un perito de parte para garantizar que la muestra no sea manipulada. Según pudo averiguar LA NACION, eso ocurrirá este miércoles.
Será un capítulo más en busca de que el asesinato de las dos turistas francesas, ocurrido hace casi 15 años y el cual está muy cerca de prescribir, no quede impune.
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