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La Argentina no debe desarrollar su propia escalada armamentista
Diputados se apresta a votar un proyecto del Poder Ejecutivo que busca facilitar los trámites para la registración, iniciativa que podría ser perfeccionada
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María Pía Devoto
La Cámara de Diputados se dispone a votar un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sobre regularización de la tenencia de armas de fuego y la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Pevaf).
El derecho a la posesión de armas de fuego varía según los países y está relacionado con la historia, la cultura y las características institucionales. Encontramos dos extremos, por un lado, los Estados Unidos, donde prácticamente no hay restricciones, solo algunos estados ejercen algún tipo de control; y por el otro, Japón, donde las leyes son tan estrictas que prácticamente no hay armas de fuego en manos de la población.
En la Argentina se puede adquirir un arma teniendo primero la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), a la que se accede acreditando identidad, indicando medio lícito de vida, ser mayor de 21 años, contar con un certificado psicofísico, no tener antecedentes penales y demostrar idoneidad en el manejo de armas de fuego. Esta credencial tiene una vigencia de 5 años y luego de obtenida la misma, debe tramitarse la tenencia por cada arma que se quiera adquirir. La tenencia no tiene vencimiento, mientras esté en vigencia la credencial de Legítimo Usuario.
Hay que distinguir entre tenencia y portación, la primera implica poseer el arma en el domicilio, transportarla descargada y separada de sus municiones. Mientras que, con el permiso de portación se puede tener en condiciones de uso inmediato en la vía pública. Para su otorgamiento, hay que justificar razones de seguridad y defensa. La duración de la autorización es de un año y no se renueva automáticamente.
Hasta el año 1994 no era obligatorio registrar el arma, por lo que hay una cantidad importante de armas de producción argentina en manos de la población de las cuales no se tiene ningún dato. Esto se suma a que el Estado, a través del Registro Nacional de Armas (Renar), hoy Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), no ha tenido la capacidad de mantener actualizado y en vigencia a gran parte de las credenciales de legítimos usuarios.
En la actualidad hay unas 600.000 personas con las credenciales vencidas que poseen 986.000 armas de fuego, una cifra superior que la de aquellos usuarios legítimos que tienen vigente la credencial, que tienen declaradas 830.000 armas. Si se suma la cantidad de armas con credenciales vencidas a la cantidad de armas ilegales –cuyo número no se conoce, pero se estima que sería similar al total de armas alguna vez registradas– estaríamos ante un número que prácticamente triplica a las armas debidamente registradas.
El procedimiento utilizado hasta el momento para intimar a los legítimos usuarios a la regularización de su situación era mediante el envío de un telegrama a sus domicilios, recurso por demás ineficaz, que sumado al número de armas que nunca han sido registradas, hace necesario la implementación de algún procedimiento que permita conocer fehacientemente el universo de armas de fuego en Argentina.
Es por este motivo que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso el proyecto del Ley de Regularización de Armas de Fuego y Prórroga del Pevaf, que cuenta con dictamen favorable. La iniciativa establece una serie de incentivos para aquellas personas que posean armas de fuego que cuenten con la CLU vencida o que nunca la hayan gestionado y les otorga un año de gracia para regularizar su situación, a la vez que les otorga una amnistía por infringir el artículo 189 del Código Penal por la posesión ilegal de armas de fuego.
En ese contexto de urgencia por tomar medidas para resolver la situación, el proyecto de ley presenta algunos inconvenientes. Por un lado, se pone en la misma categoría al legítimo usuario al que se le venció la credencial con aquella persona sobre la cual el Estado nunca tuvo ningún dato. Por otro lado, y más grave, está el hecho de que cualquier persona pueda presentar un arma, de la cual no se tendrá información sobre su origen y se puede dejar pasar la oportunidad de contar información sobre el mercado negro de armas; en definitiva, información criminal.
Un tema preocupante, y que no es nuevo, es la capacidad del Estado para llevar adelante un proceso de estas características. Debe reconocerse que desde el oficialismo se aceptaron varias de las sugerencias de la sociedad civil y de la oposición. La clave para poder aportar mejoras será la participación de otros actores, como el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil de la Red Argentina para el Desarme (RAD) en la redacción del decreto reglamentario. No obstante, genera algunas dudas la apertura para la discusión, ya que el espacio natural hubiera sido el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil sobre Políticas de Control de Armas, que fue disuelto apenas asumió el actual gobierno.
Otro de los problemas es que, al mismo tiempo, el proyecto establece una prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años. Este aplazamiento se percibe como una contradicción con respecto al proceso de regularización, ya que el Pevaf tiene como objetivo reducir la cantidad de armas en manos de la población y prevenir la violencia armada.
Este programa, que fue implementado por primera vez en 2007, impulsado por la sociedad civil –en particular, por la RAD– contiene una serie de incentivos para estimular la entrega de armas y municiones. El objetivo es permitir que cualquier persona pueda entregar un arma de manera anónima. Existe una amnistía por el delito de tenencia ilegal y se ofrece una compensación económica a cambio del arma, que es inutilizada en el momento de la entrega y destruida posteriormente.
Hasta la fecha, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMaC, ha recibido, en el marco del Pevaf, 209.014 armas de fuego y 2.106.558 municiones, siendo el periodo de mayor entrega el comprendido entre los años 2007 y 2010.
Para que este Programa sea exitoso tiene que destinar muchos recursos a la comunicación, tener alcance federal, movilizar grupos que tengan inserción y reconocimiento en la sociedad, implementarlo por periodos acotados para centralizar los recursos, tanto humanos como financieros y, lo más importante, que haya voluntad política de impulsarlo.
Desde el oficialismo y hasta en palabras del propio presidente, Javier Milei, durante la campaña electoral, hay una admiración y un afán de emular a los Estados Unidos, donde poseer un arma está respaldado por la Segunda Enmienda de la Constitución, que fue concebida en el momento de la formación como nación y está asociada a valores como la libertad y el patriotismo. Se estima que en EE. UU. hay 393 millones de armas para 331 millones de personas y la fácil accesibilidad es una de las explicaciones más plausibles para las masacres que se cometen habitualmente en ese país.
No hay evidencia de que la delincuencia disminuya si la población se arma por su seguridad, pero si está comprobado que a mayor cantidad de armas de fuego en manos de la población, aumentan los homicidios, los femicidios, las resoluciones violentas de conflictos, los suicidios, los accidentes y, por supuesto, la transferencia de armas al circuito ilegal producto de robos, hurtos o extravío.
La Argentina no tiene que desarrollar su propia escalada armamentista. Somos conscientes de que debemos encontrar un punto de equilibrio y si bien sabemos que las armas son sumamente peligrosas, también sabemos que quienes quieren conservarlas o adquirirlas deben poder hacerlo, por supuesto, asumiendo responsabilidad por ellas, cumpliendo con cada uno de los requisitos necesarios y manteniéndose al día en sus plazos y vencimientos, así como el Estado nacional, además, deberá proporcionar los medios más sencillos, adecuados y accesibles dentro de las posibilidades para que esto suceda.
Durante muchos años no se tuvo conciencia de la peligrosidad de las armas de fuego y realmente se demoró mucho tiempo en procurar controlar su uso y tenencia. Varias gestiones lo intentaron, pero la realidad es que ninguna pudo resolver el incremento de la falta de registración o de la actualización y debido a ello, hay que tomar medidas extraordinarias que son desde injustas a sumamente permisivas, y que en algunos casos son increíbles. Es cierto que hay usuarios que siempre han estado al día y se van a ver equiparados con muchos que jamás lo hicieron, pero, lamentablemente, la iniciativa que se convertirá en ley es necesaria para empezar a corregir la situación.
María Pía Devoto es especialista en temas de seguridad internacional y control de armas, y es directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP), miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD).
Por María Pía Devoto
Tipo de trabajo:
análisis
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