La Cámara de Casación prorrogó la prisión preventiva del exespía Raúl Martins, acusado de trata de personas con fines de explotación sexual

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación convalidó la prórroga por seis meses de la prisión preventiva del exespía Raúl Luis Martins, acusado de proxenetismo.

Los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky avalaron así la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7, que tiene a su cargo la situación procesal del exagente de la SIDE que en agosto pasado fue extraditado desde México para responder ante la Justicia argentina como presunto líder de una red dedicada a la trata de personas y la explotación sexual en varios locales nocturnos.

El 9 de septiembre, la jueza federal María Romilda Servini amplió el procesamiento con prisión preventiva de Martins: a la acusación de “liderar una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres mediante locales comerciales del rubro “bar/café/whiskería” y de jefe de una asociación ilícita, se le agregó la de lavado de dinero, por “haber puesto en circulación en el mercado formal los fondos que habría obtenido de la actividad delictiva descripta, enmascarando su real origen para que adquieran apariencia de licitud, y valiéndose, para ello, de terceras personas provenientes de su círculo personal más cercano, quienes estaban cabalmente al tanto de los verdaderos alcances de la operatoria”. En esa ocasión le trabó un embargo por $300 millones.

Con posterioridad, el TOCF 7 consideró la gravedad y dimensión de los hechos, el riesgo procesal de fuga y entorpecimiento, así como la complejidad del proceso para mantener la medida cautelar de encierro en perjuicio de Martins.

La defensa del exespía había reclamado tanto el sobreseimiento o la falta de mérito como la revocatoria de la prisión preventiva y del embargo. También cuestionó la “valoración contradictoria” de la prueba sopesada para ampliar el procesamiento con la figura del lavado de dinero.

A la hora de resolver, los camaristas repasaron procesamientos previos confirmados por la propia Casación respecto de otros acusados de la misma causa.

También se recordó que Martins había sido citado a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero el 17 de mayo de 2022; para esa fecha llevaba tres años detenido en México; había sido arrestado en Cancún en 2019, y cumplía prisión domiciliaria en un enorme inmueble, en un entorno idílico.

“Entendemos que le asiste razón a la jueza instructora en cuanto tuvo por acreditado que el imputado se ha valido de su entorno más cercano [...] para reintroducir al sistema financiero y comercial legal bienes que habían sido producto de la explotación del ejercicio de la prostitución ajena que habría llevado a cabo, logrando disimular el origen delictivo de tales activos. Dichas maniobras han sido detalladas por la magistrada en su resolución. Este Tribunal tuvo por probado que, a lo largo de su vida, [Martins] se dedicó al desarrollo de actividades ilegales que generaron importantes ganancias y, no obstante, carece de activos y/o sociedades en el país”, sostuvieron los jueces.

También señalaron que las personas a través de las cuales Martins movió bienes y dinero “carecían de actividades comerciales y, sin embargo, poseían bienes registrables que no se condicen con sus ingresos, y han constituido una pluralidad de personas jurídicas radicadas en distintas jurisdicciones, tanto nacionales como extranjeras”.

En cuanto a la prisión preventiva y al embargo, los jueces de Casación avalaron ambas medidas, en tanto “tienden a asegurar, específicamente, la ejecución de una eventual pena pecuniaria, la indemnización civil derivada del delito y las costas del proceso, mientras que aquellas de carácter personal se dirigen a asegurar la sujeción al proceso”, por lo que resultan “razonables” para “proteger la inalterabilidad del patrimonio identificado”.

LA NACION

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