La CIDH fallará en el caso del asesinato del comisario Gutiérrez

A mediados de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictará sentencia en la demanda contra el Estado nacional realizada por el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, y su familia por el asesinato del hermano del jefe comunal, el subcomisario Jorge Gutiérrez, ocurrido en 1994 en el contexto de la investigación de la llamada "aduana paralela".

La demanda solicita una condena contra el Estado argentino por "negación de justicia", pide la anulación de la sentencia que absolvió al principal sospechoso del crimen y solicita, entre otras medidas de reparación histórica, la apertura de una causa penal en la que se investigue a "los autores intelectuales" del homicidio.

Así lo informó el propio intendente, que indicó que "hubo responsabilidades políticas, policiales y empresariales" detrás de la muerte del subcomisario, baleado la noche del 29 de agosto de 1994 en una formación del tren Roca. "El narcotráfico estuvo detrás de la muerte de mi hermano", sostuvo.

"Esto es como la AMIA, hace 19 años que esperamos justicia", comentó Gutiérrez, que es acompañado en el reclamo por la viuda y los tres hijos de su hermano, que investigaba operaciones sospechosas de empresas logísticas radicadas en Avellaneda, partido en el que revistaba en la comisaría 2».

En 2008, la familia del policía asesinado consiguió imponer, a modo de homenaje, la denominación de "Comisario Mayor Jorge Omar Gutiérrez" a la calle donde está esa comisaría.

Pero la Justicia no logró identificar a los ejecutores del crimen. Dos integrantes de la Policía Federal fueron acusados del hecho. Uno de ellos, Alejandro Santillán, fue absuelto en 1996, y la sentencia quedó firme incluso después de una apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El otro sospechoso, Francisco Mostajo, podría ser llevado a juicio oral tras varias apelaciones que buscan evitar la prescripción de la causa.

Las circunstancias que rodearon el asesinato del subcomisario fueron tratadas por la comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación que investigó los delitos vinculados con la instalación de un "sistema de aduana paralelo" durante el menemismo, empleado para diversos tráficos con eventuales complicidades estatales, como las ventas ilegales de armas, la mafia del oro o embarques de drogas, entre otros mencionados.

Sin respuestas más allá del respaldo político, a partir de 2003 la familia Gutiérrez decidió llevar el caso a estudio en la CIDH, que aceptó el expediente que tendrá resolución en las próximas semanas.

"Es importante que se sepa qué pasó con mi hermano, quién lo mató y quiénes ordenaron su asesinato. Como pedí en otras ocasiones, la Justicia debería investigar al empresario que estaba a cargo de la compañía que mi hermano tenía en la mira; además, deben quedar expuestos los acuerdos entre las policías bonaerense y Federal en las redes de corrupción que promovieron este asesinato", explicó el intendente Gutiérrez.

Al elevar el expediente al tribunal, la CIDH expresó que "resulta crucial determinar si el acto ilícito ha contado con la participación, el apoyo o la tolerancia de agentes estatales o si ha resultado del incumplimiento, por parte del Estado [argentino], de su obligación de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos [y] de investigar seriamente a efectos de identificar y sancionar a los responsables" del crimen.

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