La estafa con carga de combustible podría alcanzar los 50 millones de pesos

"La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial", afirmó el fiscal.
"La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial", afirmó el fiscal.
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17 de mayo de 2019  • 19:48

Una vida de lujos. Yates, motos de agua, motos y cruceros por el mundo. Así vivían los dos empleados de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerenses que fueron detenidos ayer por estafar al estado provincial desde el 2014. Según indicaron fuentes de la investigación, esa banda constituida por al menos cuatro funcionarios de carrera habría generado una defraudación de hasta 50 millones de pesos.

La estafa se habría originado al presentarse registros falsos de carga de combustible en vehículos oficiales, situación que le habría permitido a los sospechosos obtener un rédito estimado por los investigadores en una franja que va desde un mínimo de 300.000 pesos semanales a un máximo de un millón de pesos en ese período.

Las fuentes identificaron a los detenidos como Gustavo Chiamberro y Diego Burgos, jefe del departamento Combustible y Automotores de la cartera educativa bonaerense. Se agregó que en la causa hay otros dos funcionarios investigados, Néstor Casado y Horacio Mankowski, que consiguieron la eximición de prisión. El fiscal Juan Cruz Alcorta Condomí solicitó el embargo de bienes no solo a los imputados, sino también a sus familiares directos. Se detectó que uno de los sospechosos tiene al menos 16 vehículos registrados a su nombre.

Uno de los sospechosos investigados por la Justicia
Uno de los sospechosos investigados por la Justicia

La causa se inició el 26 de abril, cuando la policía detuvo en un control policial a un hombre de 29 años identificado como Walter Cejas que trabajaba en una estación de servicio situada en la calle 44 y 31 de La Plata. El fiscal Condomí Alcorta explicó que el hombre "se puso nervioso" y cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía se le cayeron 15 tarjetas de débito y 50.000 pesos en efectivo. Los efectivos policiales comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales.

Además de la investigación judicial, la cartera educativa inició una serie de sumarios ante la sospecha de que pudiese haber más empleados involucrados en la maniobra.

Los investigadores -en la pesquisa participaron detectives de la policía bonaerense -detectaron que ese grupo podía haber utilizado hasta 600 tarjetas de débito, que el Estado provincial mantenía con fondos de manera mensual para permitir la carga de combustible en los vehículos oficiales de la cartera de Educación.

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Las fuentes sospechan que en la malversación podrían estar involucrados también otros empleados de la estación de servicio, ya que un día después de la detención de Cejas se suicidó el encargado general de ese comercio, Maximiliano Normann, de 44 años.

Luego de esa captura, el encargado de la estación Axion ubicada en 44 y 31 -donde también trabajaba el sospechoso detenido pocas horas antes- se suicidó en el baño de ese comercio.

Ante la sospecha que desde allí se realizaban maniobras fraudulentas se inició una investigación y se comprobó que funcionarios y empleados de la administración pública provincial -pertenecientes a la DGCyE- desviaban periódicamente fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales, y que, varias de las tarjetas correspondían a autos que estaban fuera de uso, aunque no habían sido dados de baja.

Los sospechosos de integrar una red de estafadores se permitieron varios lujos, como la compra de embarcaciones y motos de agua
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Ante eso, la investigación se focalizó, entre otros empleados, sobre el Director de Servicios Generales, el subdirector de Transporte Terrestre, el jefe de Movilidad y el coordinador del área de Combustibles, todos ellos funcionarios de carrera en la Dirección General de Cultura y Educación.

Según los investigadores, las personas implicadas, desde los cargos que ocupaban, eran las encargadas de administrar, entregar y controlar el normal funcionamiento de las tarjetas desde donde se desviaban los fondos.

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