La evidente utilización política de un caso

"Fue una cama", concluyó ayer una fuente muy cercana al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, luego de conocer la liberación de su ex jefe de policía Hugo Tognoli. El propio Bonfatti había llegado a esa conclusión dos días después de que Tognoli quedara detenido por orden del juez federal de Rosario Carlos Vera Barros.

Como anticipó LA NACION, ni las escuchas telefónicas hechas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ni las claves para acceder al Registro Automotor ni lo teléfonos investigados correspondían a Tognoli. El gobierno santafecino se negó siempre a respaldar toda la carrera de Tognoli, pero descartó que estuviera implicado en el caso, denunciado por la PSA, que depende de la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré.

Bonfatti se enteró de las acusaciones a Tognoli por un artículo del diario Página 12. Nadie del Gobierno le había anticipado nada. El viceministro de Seguridad, Sergio Berni, explicó luego que no le avisaron porque era una investigación reservada. Bonfatti es el gobernador de una provincia y, como tal, forma parte del Estado argentino.

La orden de detención contra Tognoli la firmó el juez varias horas después de la publicación de Página 12. Mucho antes, un móvil de Canal 7 estaba en Santa Fe para cubrir un caso que aún no existía. El presidente del bloque de diputados nacionales kirchneristas, el santafecino Agustín Rossi, formuló duras declaraciones contra la administración de Bonfatti, también antes de que Vera Barros ordenara la captura, basado en "las informaciones que vienen de Buenos Aires". Es decir, la necesidad del secreto fue sólo aplicable al gobierno santafecino y a su gobernador, pero no a los medios de prensa oficialistas ni a los dirigentes kirchneristas.

A partir de la detención del comisario, rápidamente llamado "narcocomisario" por los medios kirchneristas, el oficialismo se volcó en fuertes acusaciones contra la administración socialista de Santa Fe.

Otra contradicción. Berni defendió el secreto de la investigación porque la lucha contra el tráfico de drogas es una cuestión federal. Sin embargo, el propio kirchnerismo acusó a los socialistas de ineptitud, cuando no de complicidad, frente a un delito que es responsabilidad de la administración de Cristina Kirchner y no de Bonfatti.

No obstante, el gobernador aclaró que su gobierno realizó mil operativos contra la droga; las fuerzas federales sólo hicieron diez en Santa Fe. La Nación retiró de esa provincia a más de 1000 gendarmes en los últimos meses.

El uso político del caso santafecino por parte del kirchnerismo alcanzó su cima más alta cuando el diputado de La Cámpora Andrés Larroque llamó "narcosocialista" al partido de Hermes Binner y Bonfatti. Se respaldaba en el deshilachado caso Tognoli. Larroque lo dijo en el recinto de la Cámara de Diputados, inútilmente excitado porque no se trataba en ese momento ningún tema polémico (se estaba aprobando el voto optativo a los 16 años).

Enterró, así, la única posibilidad de negociación que tenía el kirchnerismo para una reforma constitucional, porque el socialismo fue reformista en su plataforma electoral, aunque luego la descartó para el caso de la re-reelección de Cristina. El problema del kirchnerismo es mucho menor: está tercero en las encuestas de Santa Fe, uno de los cuatro grandes distritos del país, para las elecciones legislativas del próximo año. La droga, un problema vasto y real en toda la Argentina, incluida Santa Fe, fue desplazado por esas pobres intenciones.