La fiscal Zamboni define los pedidos de prisión preventiva para los acusados

Familiares de los detenidos realizaron la segunda visita en Dolores
Familiares de los detenidos realizaron la segunda visita en Dolores Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi/Enviado Especial
A partir de testimonios y pruebas recolectadas en los últimos días, se adelantaría el envío de la solicitud para mantener en prisión a los detenidos, que ayer tuvieron contacto en Dolores con sus familiares
Darío Palavecino
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7 de febrero de 2020  

DOLORES.- Con pruebas que incluyen videos que registraron casi paso a paso el asesinato y con información contundente -imágenes, audios y textos- obtenida de los teléfonos celulares de los acusados, la fiscal Verónica Zamboni termina de definir por estas horas el pedido de prisión preventiva para los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero frente a la discoteca Le Brique de Villa Gesell. Los diez imputados cumplieron su octava noche alojados en la Unidad Penal Nº 6 de esta ciudad, donde ayer recibieron la segunda visita de sus familiares, que ingresaron al centenario edificio de la calle Riobamba con bolsas cargadas con alimentos, artículos de limpieza y algunos accesorios, como equipos de termo y mate. Los más rezagados llegaron bajo un verdadero diluvio.

"Los chicos están bien, se va a hacer justicia", dijo bajo la lluvia el padre de Juan Pedro Guarino, al salir de la penitenciaría, acompañado por su esposa, que apenas murmuró un pedido de disculpas por lo sucedido. "Él no hizo nada", insistió el hombre, tal como lo había hecho la semana anterior en el mismo lugar.

La investigación, en tanto, empieza a definir los roles y las responsabilidades de Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Blas Cinalli, Juan Garino y Alejo Milanesi, todos imputados por homicidio agravado por la participación de dos o más personas, delito por el que pueden ser condenados a prisión perpetua. A la espera de algunos peritajes, entre ellos, los genéticos que demandarán más tiempo, desde el Ministerio Público dan por seguro que ya se lograron pruebas suficientes y contundentes para definir cargos contra cada uno de los sospechosos.

Fuentes de la investigación apuntaron que con el aporte de testigos presenciales se terminó de definir dónde estaba cada uno y qué participación tuvo en el hecho que se le imputa. La fiscal tiene plazo hasta el próximo 17 para pedir la prisión preventiva, pero las fuentes indican que podría resolver el tema en las próximas horas. A partir de entonces el juez de Garantías que interviene en el caso, David Mancinelli, tendrá cinco días para resolver si confirma o no las detenciones. Esta individualización de los cargos resulta vital para la defensa, que lleva adelante Hugo Tomei. El abogado está a la espera de conocer las evidencias que Zamboni presentará para involucrar a cada uno de sus clientes. Aconsejaría la declaración de sus detenidos luego de ese trámite.

Grietas entre los padres

Hay una estrategia común para el grupo y asegura que todos tienen intención de declarar. Anteayer estuvo reunido cuatro horas con ellos, con encuentros mano a mano para definir el próximo y vital paso que les espera en esta causa. La defensa considera que el cuerpo probatorio logrado hasta el momento no sería suficiente como para mantener detenidos a los diez acusados, por eso el objetivo de máxima sería lograr a la brevedad que algunos de ellos pudiesen seguir el proceso ya fuera de la cárcel. Liberar a Alejo Milanesi, que no fue identificado en ruedas de reconocimiento, Blas Cinalli y Juan Guarino -señalados ambos por testigos, pero en situaciones alejadas a Báez Sosa- serían sus prioridades.

Los acusados, se asegura, están bien y unidos. Ayer padecieron los casi 38 grados que hicieron muy difícil la jornada. La mayoría de sus familiares ingresó y salió de la unidad penal sin hacer comentarios. Se notó la ausencia de Javier Marcial Thomsen, padre de Máximo, el joven señalado como uno de los autores materiales del crimen. La semana anterior fue el único que habló con los medios: pidió disculpas a la familia Báez Sosa, aseguró que su hijo no era un asesino y se quebró emocionalmente cuando dijo que no podía imaginarlo o verlo privado de libertad. Esas declaraciones no habrían caído bien entre los familiares de los otros detenidos, que mantienen una postura casi monolítica de silencio mediático.

Se pudo conocer que continúan en un espacio de la alcaidía, aislados del resto de los reclusos. "Hay mucho silencio y tienen un trato respetuoso con el personal de guardia", confió una fuente con acceso a esta penitenciaría. Agregó que en ese comportamiento influiría que "están en shock por lo que hicieron".

Llamadas de seis minutos

Desde que están en la cárcel de Dolores, los diez acusados tienen en total una hora para hablar por teléfono por día. En promedio, seis minutos para cada uno.

"Con el paso de los días han sentido el pesar de estar privados de la libertad", explicó a LA NACION una calificada fuente que está al tanto del estado de ánimo de los diez jóvenes zarateños acusados del brutal homicidio. Los informantes afirmaron que algunos de ellos pidieron asistencia psicológica. También solicitaron libros en la biblioteca. Reciben el apoyo espiritual de un pastor evangélico.

Su celda es requisada cada día por personal penitenciario especializado en busca de objetos prohibidos a los reclusos. "El personal penitenciario no ha detectado ninguna discusión entre ellos. Tampoco han recibido amenazas de otros internos del penal", afirmaron las fuentes consultadas.

A la mañana, poco después de que se despiertan, se les realiza un "reconocimiento médico", como sucede con todos los detenidos en el sistema de alcaidías.

En próximas horas ingresaría un pedido de peritajes psiquiátricos y psicológicos para los diez detenidos. Y avanzan otros análisis que tienen que ver con rastros de sangre en las prendas de los imputados y restos biológicos encontrados bajo uñas de la víctima.

Las indagatorias, en caso de que los imputados decidan afrontar esa instancia, se tomarían en la sede de la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell, espacio al que se está mudando la fiscalía de Zamboni, paso que estaba previsto antes del crimen de Báez Sosa. La defensa quiere que esos testimonios sean cara a cara con la fiscal, por lo que se descartaría un traslado a Campana.

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