La jubilada que pasó un mes presa por intentar llevarse mercadería de un supermercado dijo que lo hizo porque “no tenía para comer”

“Lo hice por hambre; no agarré una botella de alcohol, un electrodoméstico, ni siquiera artículos de higiene. Tampoco lastimé a nadie ni mostré un arma. Saqué comida porque realmente la necesitaba. Abrís mi heladera y está pelada... lo único que hay es una botella de agua. No siento vergüenza; camino con la frente bien alta. No tenía para comer: eso es lo que pasó”, dice Stella Maris Chaves, la jubilada que pasó más de un mes presa por haber intentado robar alimentos de un supermercado, y que solo fue liberada después de pagar una caución que supera, con creces, el monto de la mercadería que trató de llevarse sin pagar, escondida debajo de un abrigo.

“Estuve 35 días detenida sin visitas —agrega— y recién me liberaron después de pagar 150.000 pesos. ¿Sabés lo que significa para mí juntar esa plata? Cobro la jubilación mínima, o sea, unos 380.000 pesos. ¿Por qué no les hacen lo mismo a los políticos que roban millones? En vez de ayudar a los jubilados que nos estamos cagando de hambre, nos meten presos”.

El 9 de octubre pasado, Stella salió de su casa en San Fernando con la decisión tomada. Se alejó lo suficiente como para que no la reconocieran y cerca de las 20.30 ingresó con una amiga al Carrefour ubicado sobre la avenida Cabildo al 3100, en el barrio porteño de Núñez.

A pesar de la temperatura agradable, llevaba puesta una campera holgada. Con todo el disimulo del que era capaz, se guardó bajo la ropa dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío. No llegó a cruzar impune la línea de cajas: le cerraron el paso un par de policías, alertados por un empleado que estaba atento al circuito cerrado de videocámaras del comercio. La amiga de Stella se fue del lugar como si no la conociera.

“Le lloré a la policía —reconoce ahora—, les pedí que, por favor, me dejaran ir. Les expliqué que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero que no me quedaba otra opción porque no tenía para comer. Me llevaron al baño del supermercado y me tuvieron ahí un rato hasta que me subieron al patrullero”.

Stella fue trasladada con las esposas puestas a los consultorios del Cuerpo Médico Forense para constatar si tenía lesiones y luego fue alojada en una celda de la Alcaidía Nº 15 de Chacarita junto a otras siete detenidas. Su causa la tramitó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 25, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, quien el 26 de octubre le dictó la prisión preventiva, aun cuando la tentativa de hurto es un delito excarcelable. Lo hizo porque constató la existencia de un antecedente similar de 2025.

Su caso contrasta con los que, cada semana, reflejan las crónicas policiales, incluidas las que se refieren a casos que ocurren en el territorio porteño: los de delincuentes que son detenidos tras robos, muchos de ellos con violencia o a mano armada, y rápidamente recuperan la libertad, dinámica por la cual se acuñó el concepto de la “puerta giratoria” de la Justicia.

“Las detenidas no entendían por qué estaba ahí con ellas, y encima por tanto tiempo. Me decían que robar comida no era un delito, que mi defensor oficial estaba haciendo las cosas mal. Yo era la más vieja de todas, pero me adoraban. Cuando me fui, todas lloraron y hasta me hicieron una batucada para festejar. Anoche me llamaron desde la Alcaidía para preguntarme cómo estoy. Me quieren ayudar; no pueden entender que no tenga ni para comer”.

El viernes 13 de noviembre, finalmente, Stella recuperó su libertad, luego del pago de una caución de 150.000 pesos y de otras medidas, entre ellas la obligatoriedad de fijar domicilio, presentarse cada 15 días en la sede del juzgado y abstenerse de acercarse a menos de 300 metros del supermercado donde fue detenida durante el tiempo que dure el proceso.

“La pasé muy mal mientras estuve presa. Dejé de tomar mis remedios para la gastritis y, encima, me intoxiqué con la comida que nos daban. Te podés estar muriendo que ahí no te llaman a un médico. Estaba tan mal que se dieron cuenta y me trasladaron a un hospital donde estuve cuatro horas con suero. La mayoría de las detenidas de la Alcaidía viven descompuestas y vomitando porque les sirven comida en mal estado. Ese lugar es inhumano”, denuncia.

Stella tiene 67 años y prácticamente crió sola a sus seis hijos porque el padre abandonó el hogar. Solía ganarse el sustento de su familia limpiando casas por hora. El poco dinero que percibe por la jubilación lo gasta en el tratamiento médico de una de sus hijas que padece una enfermedad grave. Recibe la ayuda de una de sus nietas, con la que vive en la casa familiar de San Fernando, y con lo que le puede aportar el hijo menor con su sueldo de bachero en una pizzería.

“No sé cómo voy a hacer para salir adelante. Ojalá que esta nota sirva para que le toque el corazón a la gente y me den una mano. Estoy muerta de hambre, esa es la verdad”, vuelve a decir Stella sin rodeos. Agrega un último pedido: “Me gustaría conocer al Presidente para contarle mi situación y la de todos los jubilados en la Argentina. Me conformaría con que me reciba unos minutitos nada más para decirle las cosas que estamos sufriendo en el país. El Presidente tiene que ponerse en los zapatos de los otros. Yo estuve más de un mes presa porque no tenía para comer después de haber trabajado toda mi vida. No me parece algo justo. Quiero que ningún otro jubilado tenga que pasar por lo mismo que pasé”.

Para quien quiera colaborar con Stella Chaves, su familia habilitó un alias en una billetera virtual para recibir donaciones de dinero: es jonatan.259.bates.mp y pertenece a Jonatan Franco, uno de sus hijos.

El último informe elaborado por el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura (MLPT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires analizó la situación de las mujeres privadas de libertad en las comisarías y alcaidías de la Capital, con especial atención al período agosto-diciembre de 2024 y actualizaciones hasta julio de 2025.

El documento destaca que las mujeres detenidas enfrentan condiciones de particular vulnerabilidad debido a que “los espacios de detención están diseñados para varones, carecen de infraestructura adecuada y no contemplan sus necesidades específicas”.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran: hacinamiento y permanencia prolongada en espacios no habilitados; deficiencias en la infraestructura; acceso insuficiente a la salud; falta de espacios adecuados para visitas y audiencias, y circuito de aprehensión irregular.

En relación con la Alcaidía Modular N° 15, donde estuvo alojada durante más de un mes la jubilada Stella Chaves, el informe concluye que, si bien permitió ampliar la capacidad de alojamiento, presenta “graves deficiencias estructurales y condiciones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Con respecto al tiempo de permanencia, estos establecimientos deberían funcionar como espacios transitorios, preparados para estadías de entre 24 y 72 horas. Sin embargo, en diciembre de 2024, el promedio de detención llegó a 36 días, con casos que alcanzaron los 182 días. En octubre, incluso, se había registrado una permanencia de 212 días.

El estudio agrega que el 94% de las mujeres alojadas entre agosto y diciembre de 2024 estaban privadas de la libertad sin condena firme. De ese total, el 52% no tenía resolución judicial y el 42% permanecía bajo prisión preventiva. Apenas el 6% cumpliría una pena luego de una sentencia firme.

Las condiciones actuales, concluye el estudio, “configuran una vulneración sistemática de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en la Ciudad y requieren intervenciones urgentes para garantizar su dignidad y derechos fundamentales”.

Ciudad de Buenos Aires

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