Las autoridades políticas esperan tener más pruebas para dar sus opiniones

LA PLATA.- La gobernadora María Eugenia Vidal y sus ministros de Justicia y Seguridad, Gustavo Ferrari y Cristian Ritondo, mantuvieron ayer silencio total sobre el brutal ataque al fiscal Fernando Cartasegna.

La ausencia de condena pública por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo llamó la atención y abrió diversas hipótesis. Es que el ataque al representante del Ministerio Público no registra antecedentes en el Palacio de Justicia de La Plata.

Entre los investigados por el ataque hay dos policías provinciales, responsables de la custodia de Cartasegna y oficiales retirados del Servicio Penitenciario a cargo de la custodia del edificio de Tribunales. Todos declararon ayer ante la fiscal en turno, Ana Medina, que investiga el ataque.

El Poder Ejecutivo bonaerense espera los primeros resultados de esta pesquisa para pronunciarse. Por ahora, la orden es mantener silencio hasta averiguar el origen o los implicados en el ataque. De todas maneras, la gobernadora Vidal se comunicó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para solicitar el apoyo de la Policía Federal en la custodia del fiscal.

En cambio el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, pidió que se investigue "a fondo" el ataque contra el funcionario.

"Es un hecho espantoso. Son cosas que tenemos que dejar en el pasado, que se investigue a fondo porque son cuestiones que en la democracia no se pueden permitir", afirmó el funcionario en una entrevista con Radio La Red.

Consultado sobre si creía que el ataque al fiscal Cartasegna era un mensaje mafioso, Garavano calificó la agresión como "un hecho intimidante" y comparó el caso con la muerte del ex fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman.

"No quiero avanzar sobre la investigación, pero sin dudas es un hecho intimidante, que seguramente está vinculado a alguna investigación que [Cartasegna] estaba llevando adelante. Fue hecho con un atrevimiento y desapego al sistema republicano", apuntó.

Y remarcó: "Son cosas como en su momento la muerte de Nisman. Nosotros muchas veces no terminamos de cuidar bien a nuestros funcionarios judiciales. Por suerte estamos acostumbrados a un país donde generalmente no se sufrían estos ataques y amenazas, algo que sí ha sucedido mucho en otros países de la región", explicó.

En varias oportunidades se comunicó LA NACION con voceros de la gobernación, y de los ministros de Justicia y el de Seguridad. Todos se abstuvieron de dar declaraciones públicas. Los voceros sostuvieron que había que remitirse a lo que dijera el procurador general Julio Conte Grand, que representa al Ministerio Público. El procurador mantiene vínculos con el Poder Ejecutivo ya que fue designado a propuesta de la gobernadora. El procurador hasta hora dijo que no hay una hipótesis firme.

Pedido de protección

En tanto, la Asociación de Magistrados de esta ciudad mostró su preocupación por el atentado: "Estamos librados a la buena de Dios, no se puede trabajar así. La gobernadora dice que quiere combatir las mafias, que está bárbaro, pero tiene que proteger a la gente que está trabajando y está en la trinchera. Es fácil decir vamos a combatir las mafias con el cuero del otro", señaló Víctor Violini.

"El fiscal está expuesto a que le lleguen amenazas, a que alguien lo insulte en la calle; lo que no puede ocurrir es que dejemos la vida de un fiscal en las manos de la gente. No lo mataron porque no quisieron", dijo Viloni. Y agregó: "Lo que me preocupa es la gravedad de la situación que viven todos los fiscales: están muy desprotegidos en ese edificio".