Las manos de Perón: agencias de inteligencia, móvil político y tres nombres en la causa, que sigue abierta a 35 años de la profanación

A pesar de que en el expediente figuran los nombres de los sospechosos de integrar el grupo operativo que, hace 35 años profanó la tumba del general Juan Domingo Perón, no hay pruebas fácticas que permitan demostrar su responsabilidad en el ataque. Solo la confesión de un arrepentido podría develar el misterio sobre el destino que tuvieron las manos mutiladas del expresidente.

De los tres sospechosos que actuaron como ejecutores del operativo, se sabe que formaban parte de un organismo de inteligencia del Estado, que uno de ellos murió hace diez años y que se llevó a la tumba el secreto sobre qué ocurrió con las manos del fundador del Partido Justicialista. La investigación llegó hasta la posibilidad de identificar a los integrantes del grupo operativo. Se desconocen los nombres de los responsables de haber ordenado el ataque, que habría tenido un móvil político.

En los 35 años que pasaron desde la profanación ocurrida entre el 25 y 26 de junio de 1987, en la bóveda de la familia Perón, en el cementerio de Chacarita, ninguna de las cinco administraciones peronistas que estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo Nacional desde entonces aportó personal o información que permitiera obtener las pruebas para procesar a los tres sospechosos que robaron las manos del expresidente.

Sólo la decisión del juez de Instrucción Alberto Baños, que resolvió no clausurar el sumario, mantiene abierta la investigación para tratar de apresar y condenar a los responsables de la profanación. Hace siete años, presentó un pedido ante la embajada de los Estados Unidos en la Argentina y se envió una solicitud a la CIA para que se responda si la central de inteligencia americana poseía información sobre la profanación, como indicaba un correo electrónico que recibió el magistrado en el que se le indicaba que la CIA poseía información sobre el ataque a la tumba de Perón. Baños también envió una serie de oficios a organismos del Poder Ejecutivo Nacional que cuentan con dependencias dedicadas a realizar tareas de inteligencia.

En los oficios, el magistrado solicitaba que se informe si cada una de las 30 personas que figuraban en el expediente se había desempeñado en alguno de los servicios de inteligencia del Estado. Se cree que tres o cuatro de ellos podrían haber formado parte del grupo que concretó el ataque. En 2015, el juez recibió una respuesta de la ex-SIDE: un oficio de dos páginas con datos superficiales de uno de los treinta nombres.

La investigación por la profanación de la tumba de Perón comenzó el 29 de junio de 1987. Faltaban dos días para que se cumplieran 13 años del fallecimiento del expresidente y Roberto García, esposo de Lía Perón, sobrina nieta del líder Justicialista, concurrió a la bóveda familiar para acondicionar el recinto ante la posibilidad de que los militantes visitaran la tumba.

Cuando García abrió la puerta de la bóveda de Tomás Perón, abuelo del expresidente, advirtió que faltaban dos vidrios de forma triangular que coronaban el techo. Al asomarse por la escalera al subsuelo donde estaba el féretro modelo Imperio, con los restos del expresidente, el administrador de la bóveda observó que faltaban el sable, la bandera argentina, un crucifijo y un portarretrato que contenía una carta manuscrita que María Estela Martínez escribió en las horas posteriores al 1° de julio de 1974, cuando su esposo falleció.

Ante la falta de esos elementos, García alertó a un sargento que estaba a cargo del destacamento de la comisaría 29ª., que funcionaba a un costado de la puerta principal del cementerio de Chacarita. Debido a que en el destacamento no se tomaban denuncias, el sargento acompañó al administrador de la bóveda hasta la seccional, situada en Loyola, entre Bonpland y Fitz Roy.

Allí fueron recibidos por un joven inspector que escuchó el relato de García quien, a pesar de la gravedad del caso manifestó que prefería no hacer la denuncia hasta que lo consultara con la autoridades del Consejo Nacional Justicialista. Debido a que el joven policía había tomado conocimiento de la supuesta comisión de dos delitos: daños y robo, decidió consignar en un acta el relato realizado por García e iniciar un sumario para que se investigue el hecho.

Con la firma del inspector y el sargento como testigo dicha acta constituyó la página N°1 del voluminoso expediente que se instruyó para tratar de esclarecer el ataque a la tumba de Perón. Se trata de un sumario que todavía hoy sigue abierto y que, en estos 35 años, tuvo muertes rodeadas de misterio, pistas falsas e hipótesis descartadas.

El juzgado de Instrucción N°27 que, en esa época estaba a cargo del juez Jaime Far Suau, tenía el turno con la comisaría 29ª. El secretario del juzgado asignado a los sumarios que se instruían en dicha seccional recibió la primera notificación del caso y se la comunicó al magistrado, quien ordenó para el mismo día una inspección en el lugar del hecho: la bóveda de la familia Perón en el cementerio de Chacarita.

Al mismo tiempo, el comisario Carlos Zunino, titular de la seccional 29ª, avisaba al jefe de la Policía Federal, el comisario general Juan Ángel Pirker, sobre el hecho ocurrido en la tumba de Perón. Aunque, en algunos sectores del poder Justicialista, ya sabían del ataque. Un día antes, Vicente Leónides Saadi, exgobernador y exsenador peronista catamarqueño, presidente del Consejo Nacional Justicialista, recibió una carta firmada por “Hermes IAI y los 13″, en la que se exigía el pago de 8 millones de dólares por el rescate de las manos del general.

A Saúl Ubaldini, entonces secretario general de la CGT y al titular del PJ porteño, Carlos Grosso, les llegó una misiva similar. El matasellos del Correo Central de los sobres que contenían dos de las cartas tenía fecha del 26 de junio de 1987, dos días antes de la denuncia. Esas misivas fueron confeccionadas con la misma máquina de escribir. La carta que recibió Ubaldini se envió de forma certificada el 29 de junio de 1987 y se hizo con otra máquina.

Según explicó uno de los detectives que investigó el caso, “Hermes IAI y los 13″ era una frase críptica que hacía referencia al capitán de la Inteligencia cubana, Hermes Peña Torres, que había muerto durante un enfrentamiento con una patrulla de la Gendarmería ocurrido en 1964, en el monte, cerca de Orán, Salta. Además de Hermes, los efectivos de la Gendarmería argentina abatieron a 13 integrantes del campo de entrenamiento de Montoneros.

El cuerpo del capitán cubano que comandaba el campamento guerrillero en Salta fue hallado en 2005 en un cementerio de esa provincia y un año después fue trasladado a Cuba, donde lo sepultaron en el mausoleo de la ciudad de Santa Clara, junto a los restos de Ernesto “Che” Guevara. De esto se deduce que los responsables de plantar la pista falsa apuntaban a que se sospechara que sectores de la izquierda a los que Perón había expulsado de la Plaza de Mayo en mayo de 1974 estaban detrás del ataque; en realidad, los autores materiales de la profanación respondían a un grupo opuesto a los Montoneros. Todo mentira.

Las tres cartas con los pedidos de rescate formaron parte de una maniobra pergeñada por los autores intelectuales de la profanación para desviar la investigación. Pero, en ese momento, los responsables de la pesquisa ignoraban esos detalles escabrosos. Darse cuenta les llevó a los responsables de la pesquisa, más de un año de trabajo.

Un boquete con forma de estrella

Cuando los peritos y los funcionarios judiciales descendieron al subsuelo de la bóveda de la familia Perón, hallaron en el vidrio blindado colocado para proteger el féretro, un boquete en forma de estrella irregular que en su parte más ancha tenía 28 centímetros. Los peritajes determinaron que, después de hacer un boquete en el vidrio anti FAL -construido con diez capas de vítrea de 8 milímetros cada una unidas entre sí con polivinil butiral, un pegamento sintético utilizado para la fabricación de esos elementos de protección-, los profanadores recurrieron a una cizalla para hacer un corte con forma de cruz en la chapa que cubría el féretro.

Para violentar la cerradura de la pesada tapa, los profanadores hicieron palanca con un destornillador y un cortafierros. Las marcas en la madera astillada y los restos encontrados por los peritos al costado del féretro indicaban que los autores materiales de la profanación usaron esas herramientas. Para mantener abierta la pesada tapa, los profanadores recurrieron al crucifijo que cubría el féretro junto a la bandera, el sable, un portarretrato que contenía la carta Isabel y la gorra de teniente general.

Todos estos detalles figuran el acta realizada entre el 29 y 30 de junio de 1987 por los peritos convocados por el juez Far Suau. Al costado del marco de hierro que rodeaba al vidrio blindado, los peritos en rastros hallaron restos velas y un protector de goma para un dedo. Dicho marco se fijaba a la pared con cuatro cerraduras, que requerían de tres llaves cada una para poder abrir los cerrojos. En definitiva: para poder retirar el pesado marco y el vidrio anti-FAL era necesario tener doce llaves.

Al comienzo de la investigación, los detectives de la Policía Federal abonaron la presunción de que los autores de la profanación habrían utilizado las velas para alumbrar su trabajo y el protector de goma se uso para no dejar huellas. Sin embargo los peritajes demostraron otra realidad. A partir del dato aportado por un veterano ladrón, de apellido Chirico. Cuando le mostraron al asaltante las fotos del boquete en el vidrio blindado, comenzó a gritar: “Ninguna lanza térmica. Acá usaron una maza, una punta y una vela”.

Con este dato, los detectives decidieron realizar un peritaje en la empresa que fabricó el vidrio blindado para probar la hipótesis aportada por el boquetero Chirico. Con la utilización de una maza de medio kilo rompieron la capa de vítrea. Después, aplicaron una llama sobre la película de adhesivo. Así, la maniobra se repitió hasta romper cada una de las diez placas. Demoraron ochenta minutos en hacer un boquete parecido.

“Se trató de un hecho reciente, debido a que en el faldón del uniforme de teniente general había restos de aserrín cadavérico, apenas impresos. El cuerpo estaba conservado en un 80% y perfectamente reconocible. No se encontraron ninguna de las formas de hongos o musgos que nacen cuando el cuerpo entra en contacto con el aire”, se indicó en informe forense.

A partir del análisis de estos elementos, forenses concluyeron que los cortes se concretaron cinco días antes de la inspección, aproximadamente entre el 24 y 25 de junio de 1987. Una vez que rompieron el vidrio blindado, hicieron el corte en forma de cruz en la chapa que cubría el féretro y abrieron la tapa, los profanadores procedieron a cortar las manos del expresidente.

La sierra de Gigli, un instrumento quirúrgico extremadamente fino, liviano y maleable, fue el elemento utilizado por los profanadores para mutilar las manos de Perón. Debido al poco espacio para accionar ese elemento, los cortes fueron desparejos, aunque certeros. La mano derecha fue cortada “en el límite superior de la muñeca, sobre el cúbito y el radio”; la otra, “por debajo del límite inferior de la muñeca, en la primera línea de los huesos del carpo”, según consta en el expediente.

El protector de goma, en forma de dedo, habría sido utilizado por los profanadores para manipular la sierra de Gigli y evitar cortarse con ese instrumento quirúrgico. Debido a que en esa época no existían reactivos y tecnología, no se pudieron levantar huellas de los elementos revisados y secuestrados en la bóveda.

“Si bien no hay nadie imputado, después de tantos años la principal hipótesis es que los autores de la profanación formaban parte de un grupo inorgánico de inteligencia de una fuerza de seguridad que estuvo a cargo de la parte operativa del ataque. Se trata de resabios de la ‘mano de obra desocupada’ de la dictadura. Mucho más difícil resultaría establecer quiénes fueron los instigadores”, indicó uno de los letrados que representa a María Estela Martínez, viuda de Perón.

Además de las tres cartas, la aparición de un personaje identificado como Juan Alberto Imbessi, cuyo cuñado era un veterano reducidor de automóviles robados, le puso un matiz vidrioso a la investigación y desvió la atención de los responsables de la pesquisa hacia pistas falsas. Imbessi sembró pistas falsas con datos de piratas del asfalto como los autores de la profanación, cuando, en realidad, se trató de un hecho concretado por una patota de una agencia de inteligencia.

Durante casi dos décadas el expediente N° 54.248 por el ataque a la tumba del expresidente estuvo caratulado como “Juan Alberto Imbessi y otros/sobre la profanación de Perón”. Además de descartar todas las pistas falsas, el juez Baños recaratuló el sumario como “Perón, Juan Domingo, sobre la profanación de su tumba”.

Una de las hipótesis que fueron agotadas, por ejemplo, fue la que apuntaba a que el posible móvil de la profanación fue cortar las manos para poder acceder a cuentas codificadas en Suiza. A través de un oficio, la Confederación Helvética indicó que no existía ninguna cuenta bancaria a nombre de Perón y que, en la época que murió el expresidente no existía la tecnología que permitiera la apertura de algún cofre de seguridad mediante la lectura de las huellas digitales.

También quedó descartada la pista que apuntaba a una posible venganza contra Perón de la logia masónica italiana Propaganda Due, la mítica P2, presidida por el Gran Maestre Licio Gelli.

Testigos en peligro

El misterio sobre el destino de las manos de Perón se agiganta si se tienen en cuenta las extrañas circunstancias que rodearon las muertes de dos testigos claves y del juez Far Suau.

Uno de esos testigos, Paulino Lavagna, cuidador del cementerio, falleció poco después de haber denunciado que lo querían matar. En el certificado de defunción se indicó que su muerte había sido causada por un paro cardiorrespiratorio no traumático.

La autopsia ordenada por Far Suau determinó que Lavagna había sido asesinado a golpes. Otra testigo, María del Carmen Melo, una mujer que llevaba flores a la tumba de Perón, murió de una hemorragia cerebral causada por una paliza días después de intentar hablar con uno de los investigadores para tratar de aportar la descripción de un sospechoso que había visto cerca de la bóveda.

El juez Far Suau falleció en 1988. Volcó cuando regresaba a Buenos Aires desde Bariloche. Chocó con su Ford Sierra contra el único peñasco que había en esa zona de la ruta 3, a la altura de Coronel Dorrego. Según el periodista Claudio Negrete, coautor con el abogado Juan Carlos Iglesias del libro La profanación, sobre el que se desarrollará uno de los dos documentales que están en etapa de producción, “a 35 años de la profanación es inexplicable que las distintas administraciones peronistas que estuvieron a cargo del poder no hayan tenido la decisión política de averiguar quiénes profanaron el cuerpo de Perón y dónde están sus manos”.

Baños fue víctima de un extraño ataque a su casa. En julio de 2008, irrumpieron en la vivienda del juez y le robaron su portafolios con dos cuerpos del expediente, su notebook, agenda personal y celular. El magistrado denunció que se trató de un ataque perpetrado por un grupo comando formado por agentes de inteligencia.

Actualmente, los restos de Perón no están más en la bóveda familiar del cementerio de la Chacarita: fueron trasladados el 17 de octubre de 2006 a la quinta de San Vicente. Esa peregrinación, que prometía ser una fiesta de la liturgia peronista, terminó en una batalla campal entre seguidores de Hugo Moyano, máximo referente del gremio de los camioneros, y partidarios de Juan Pablo “Pata” Medina, delegado de la Uocra de La Plata.

El desinterés de los responsables políticos de las distintas áreas de seguridad del Gobierno argentino por aportar datos a la Justicia que permitan esclarecer el caso contrasta notablemente con la repercusión que despertó en el exterior el misterio de la profanación de la tumba de Perón.

Dos productoras de contenidos audiovisuales, una con sede en Miami y México DF, y la otra, alemana, comenzaron a entrevistar a los distintos protagonistas del caso para realizar una miniserie.

La repercusión internacional que tuvo el caso quedó en evidencia en septiembre de 1994, cuando LA NACION publicó la noticia del hallazgo de un juego de doce llaves que abrían las cuatro cerraduras del marco de hierro que rodeaba el vidrio blindado y que fijaba el elemento de protección a la pared para evitar un eventual robo del cuerpo de Perón. Esa noticia fue reproducida por los medios internacionales más importantes.

A 35 años de la profanación la única hipótesis que sobrevivió apunta a que el ataque tuvo un móvil político, relacionado íntimamente a la situación del peronismo que, en esa época era oposición y que carecía de un interlocutor válido. Después de la derrota en las elecciones de presidenciales de 1983, el Justicialismo se había atomizado y la figura de Perón aparecía cómo el único símbolo de unidad.

Sin embargo, nadie se encolumnó detrás del reclamo por la necesidad de esclarecer el ataque contra la tumba del fundador de partido Justicialista y la profanación que habría tenido una matriz política quedó como un episodio abstracto en su objetivo inicial, pero que se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia argentina.