Lavado de dinero: intervinieron Vorterix Rosario y Mar del Plata, que estaban en manos de un narco que manejaba dos pistas de aterrizaje

ROSARIO.- La justicia federal de esta ciudad intervino la firma VTX Rosario S.A., la sociedad que controlaba el teatro Vorterix de Rosario y explotaba también el de Mar del Plata. Esta decisión dejó al descubierto la ingeniería de testaferros con la que la organización narco liderada por Brian Walter Bilbao introdujo dinero de la cocaína en un circuito legal.

El juez Carlos Vera Barros hizo lugar al pedido de la fiscalía y designó un síndico interventor con facultades de recaudación por 90 días, luego de una profunda investigación que realizaron la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la de Criminalidad Económica (Procelac), que lograron reconstruir, operación por operación, cómo se armó y desarmó la fachada para lavar dinero narco.

Como publicó LA NACION, Bilbao manejaba dos pistas de aterrizaje en las afueras de Rosario donde “bajaban” la droga proveniente de Bolivia y de Paraguay. Según la investigación, en un hangar a pocos metros de un country en Oliveros, a 40 kilómetros de Rosario, estaban instalados ciudadanos colombianos que eran parte de las operaciones con avionetas.

Surge de la causa que ninguno de los verdaderos administradores figuraba en los papeles. Ni Bilbao ni Germán Antonio Urán aparecían como integrantes de VTX Rosario en el Boletín Oficial santafesino, ni siquiera en las modificaciones del estatuto durante toda la vida de la compañía. La sociedad había sido constituida en 2015 por Santiago S. y Sandra G., pero en octubre de 2018 el directorio pasó a manos de personas ligadas a Bilbao: primero Juan C. Vargas Leal y Anabela Acuña —cuñada del jefe narco—, y desde 2020, Lorena González, su hermana. Acuña, según los informes, no registra inscripción en ninguna actividad ante la AFIP y cobraba planes sociales.

La fiscalía apoyó su hipótesis de lavado en cuatro exigencias clásicas del tipo penal: un hecho ilícito previo, un incremento patrimonial inexplicable, la ausencia de otro origen posible para los fondos y la falta de actividad económica lícita que justifique los bienes. En el caso de Bilbao, el contraste es elocuente. Declaró como actividad ante el fisco “transporte de pasajeros mediante taxis y remises”, no registra ingresos declarados en Ganancias entre 2018 y 2021 y sus acreditaciones bancarias, cuando existieron, se contaban en decenas de miles de pesos. “No se conoce ingreso lícito que le permitiera realizar las erogaciones aquí descriptas”, concluyeron los fiscales Matías Scilabra, Diego Velasco y Juan Argibay Molina.

Las escuchas telefónicas fueron las que expusieron parte del andamiaje. En una de ellas, Urán reconoce que Bilbao “no figuraba en la sociedad porque no le daba para blanquear”. En otra, admite el conocimiento del origen ilícito del dinero al mencionar que en el municipio se había “corrido la bola de que uno de los socios andaba en lavado” y que “somos testaferro de algo, eso es lo que hace ruido”. Hasta la mecánica del pago quedó registrada: cuando Urán cedió su 30% de las acciones, cobró 32.000 dólares, una camioneta Toyota SW4 y un monoambiente en construcción en calle Alem al 1449, un departamento de apenas 31,54 metros cuadrados que el propio productor describió al detalle en una conversación intervenida.

La camioneta que Bilbao entregó a Urán fue inscripta a nombre de Kaos Productora SRL, la firma de la que Urán es socio gerente, en lo que la fiscalía interpretó como un intento deliberado de “alejar el bien de su patrimonio”. El vehículo, además, venía de Corral de Bustos, Córdoba, a nombre de una tercera persona que —según se sospecha, Urán sabía— no era su verdadera poseedora. El departamento surgió de un boleto cedido por Serenelli Construcciones, empresa que, según Gendarmería, trabajaba codo a codo con el clan Bilbao-Acuña en la administración de inmuebles alquilados.

La misma lógica se repite en un enjambre de sociedades satélite. Muchamerde SRL, un negocio de bares radicado en Mar del Plata, quedó formalmente en manos de Yoel y Ludmila Aragón —hijos de un allegado—, aunque Urán reconoció en una escucha que él tenía en los hechos el 30%, pero figuraba con el 10%: “El socio que tengo acá no figura porque no le da para blanquear”. También aparecen Lenny Kravitz S.A., ligada a un bar en Cafferata y Catamarca, en Rosario, y Tres Cuatro Uno S.A., una radio, todas atravesadas por transferencias de acciones formalizadas el mismo día —14 de febrero de 2023— mediante instrumentos privados que nunca se inscribieron en organismo oficial alguno.

El juzgado advirtió que la continuidad de la sociedad bajo participación de personas investigadas podía derivar en el redireccionamiento o la pérdida de los bienes. Por eso ordenó que el interventor confeccionara un inventario del activo, informara mensualmente ingresos y egresos, recaudara lo producido y lo depositara a nombre de la causa.

La medida se suma a los embargos ya pedidos sobre inmuebles y vehículos y a un nuevo llamado a indagatoria para Bilbao, Urán y Maximiliano Barrionuevo, este último vinculado a través de Emprendarq S.R.L. a dos camionetas Ford F-150 que la organización usaba, una de ellas avistada en el hangar de Campo Timbó durante maniobras aéreas con una avioneta.

La historia criminal de Bilbao empezó, según la investigación judicial, en agosto de 2020, cuando la Gendarmería Nacional detectó movimientos sospechosos cerca de Cañada de Gómez: una avioneta “bombardeaba” cocaína mientras camionetas recogían la droga en tierra. En la persecución, dos integrantes de la organización murieron en un accidente; los investigadores hallaron en sus teléfonos la conexión con el clan Bilbao. Esa fue la puerta de entrada a una estructura que, con el correr de los años, resultó ser mucho más que una banda de narcomenudeo, sino un engranaje logístico del tráfico de drogas.

A diferencia de la mayoría de los narcos rosarinos, Bilbao no alquilaba pistas clandestinas en campos prestados, sino que poseía su propia infraestructura, con un hangar en Campo Timbó. Según reconstruyó LA NACION, manejaba la logística con una estructura de tres avionetas propias, el hangar en el country Campo Timbó, en Oliveros, y personal calificado, entre ellos pilotos y mecánicos colombianos.

Los investigadores creen que los cargamentos que traían las aeronaves también eran “bombardeados” en la zona de las islas del Paraná y que la droga estaba destinada al contrabando internacional a través de buques de carga. Campo Timbó queda muy cerca del complejo portuario del Gran Rosario. La sospecha es que esa droga estaba destinada al contrabando internacional.

Ese salto de escala fue lo que llevó a los fiscales a describirlo como un engranaje logístico a punto de liderar un cártel. En noviembre de 2023, con el operativo “Cosecha Blanca”, se desbarató parte de la organización en Rosario y dejó a Bilbao prófugo. Antes de su caída, la estructura ya venía debilitándose: en septiembre de 2025 detuvieron a su hermano Waldo —hallado en un departamento céntrico de Rosario, a metros del Monumento a la Bandera, donde se había construido un escondite dentro del baño—, y con él y Pablo Javier Raynaud presos, Brian quedó solo al frente de la organización.

El 11 de noviembre de 2025, la Gendarmería interceptó a Bilbao cerca de Pergamino, provincia de Buenos Aires, cuando esperaba en una camioneta la carga de una avioneta que había aterrizado con 956 kilos de cocaína, valuados en más de cuatro millones de dólares.

La detención de Bilbao no cerró la investigación, sino que abrió una nueva rama: sobre cómo circulaba el dinero. La red continuó operando bajo la coordinación de José Pedro Rojas Velasco, alias “Pepa”, quien respondía directamente al narco uruguayo Sebastián Marset.

Rojas Velasco era un corredor de rally boliviano y alfil conocido en el tráfico de la cocaína que se produce en el eje de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra; la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Bolivia lo ubicaba con protagonismo en la organización de Marset y como candidato a asumir un rol mayor tras la captura del uruguayo.

El vínculo quedó expuesto en mayo de 2026. El 26 de abril, minutos antes de largar una carrera de rally en Santa Cruz de la Sierra, un sicario colombiano se acercó al vehículo de Rojas Velasco y lo ejecutó de seis tiros. Su muerte demoró diez días el traslado de un cargamento de 442 kilos de cocaína hacia el norte de Santa Fe, una operación que la Procunar monitoreaba a partir de una alerta de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.

El disparador de la pesquisa había sido un número telefónico argentino contactado desde Bolivia por Rojas Velasco. El avión, un Cessna cargado con la droga, fue interceptado en la zona rural de Vera, con ocho detenidos.

Al imputar a esos ocho involucrados, los fiscales precisaron el nexo: Rojas Velasco se había desempeñado como piloto dentro de la estructura criminal liderada por el rosarino Brian Walter Bilbao y cumplía el rol de nexo operativo entre Bolivia y la Argentina. Así, el mismo circuito de avionetas, pistas clandestinas y “bombardeo” de cocaína que había levantado Bilbao —y que financió, entre otras cosas, la compra encubierta de un teatro emblemático del rock rosarino— quedó conectado con uno de los cárteles más importantes de la región.

Bilbao, detenido desde noviembre de 2025 tras haber estado dos años prófugo, sigue en el centro de una causa que ya no solo lo señala por el ingreso de cocaína en vuelos clandestinos, sino por haber convertido un teatro emblemático del rock rosarino en un engranaje de lavado de la renta narco.

LA NACION

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