Un piloto de rally, detrás de un cargamento de 442 kilos de cocaína que fue señalado por la DEA
Secuestraron una aeronave con matrícula boliviana que aterrizó en Vera, en el norte de Santa Fe, con un importante cargamento de droga; se confirma la influencia del cartel de Sebastián Marset en la Argentina
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
Unos minutos antes de que la carrera de rally comenzara, el 26 de abril pasado, en Santa Cruz de la Sierra, mientras los autos y pilotos estaban listos para la largada, un sicario colombiano se acercó al vehículo del corredor boliviano José Pedro Rojas Velasco, alias Pepa, y lo ejecutó de seis tiros. Pepa no logró completar el Rally Sprint Nueva Santa Cruz, en la categoría SXS Racing, y tampoco el envío de un cargamento de cocaína hacia el norte de Santa Fe.
La muerte de Pepa, como apodan a este piloto de rally y de avionetas, demoró diez días el traslado de 442 kilos de cocaína, una operación que estaba siendo monitoreada por los fiscales de Procunar Diego Iglesias y Matías Scilabra, que habían sido alertados por la agencia antidrogas estadounidense DEA.
Rojas Velasco estaba en el radar de los norteamericanos por ser uno de los referentes bolivianos del magnate narco Sebastián Marset, de origen uruguayo, detenido el 13 de marzo pasado en Santa Cruz de la Sierra y extraditado un día después a Estados Unidos. Marset renunció hace un mes a declararse culpable en un juicio abreviado y negocia con sus abogados convertirse en colaborador de la Justicia norteamericana. La detección de este cargamento podría ser parte de esa negociación.
La pesquisa de la Procunar se extendió durante 45 días. Se retrasó por la muerte del referente de Marset y por las intensas lluvias, tanto en Bolivia como en el norte de Santa Fe, que complicaban el aterrizaje de las avionetas. Se secuestró una aeronave con 442 kilos de cocaína, pero —de acuerdo a las intervenciones telefónicas que constan en la causa— el flujo de droga podría ser de entre dos y tres envíos por mes desde Bolivia.
La Policía Federal detuvo a ocho personas: dos de ellos, los pilotos de la aeronave; el resto, gente del norte de Santa Fe encargada de acondicionar el terreno para las maniobras de aterrizaje y despegue de la avioneta y disponible para retirar la droga de un campo donde, a la par, se trabajaba en tareas agropecuarias.
El operativo para capturar a los traficantes, la droga y la avioneta incluyó el uso de un helicóptero para llevar tropas de asalto a la improvisada pista narco y el empleo de un explosivo detonado en ese camino de tierra, pocos metros delante de la aeronave para evitar el despegue.
El dato clave que disparó la investigación fue un número de teléfono argentino —con característica del norte de Santa Fe— que fue contactado desde el exterior por Rojas Velasco. Ese hombre, según la fiscalía, guardaba relación con actividad aeronáutica clandestina para el contrabando de drogas. A partir de allí se identificaron otras seis líneas telefónicas vinculadas a ese número, lo que permitió a los investigadores de Procunar trazar un mapa de la organización en territorio argentino.
Pepa era un alfil conocido en Bolivia en el tráfico de la cocaína que se produce en el eje de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia informó que Rojas Velasco ocupaba una posición de protagonismo dentro de la organización que lideraba Marset y que se perfilaba para asumir un rol de mayor jerarquía tras la captura del uruguayo. “Esta persona tendría la posibilidad o la oportunidad de hacerse cargo de la organización”, señaló el coronel Jhonny Coca, de la fuerza especializada boliviana, a la que el propio Marset acusó de corrupta en varios videos tras su primera fuga.
La investigación también detectó que los integrantes de esta red utilizaban cuentas de la empresa Starlink para conectarse a internet, con titulares en Calchaquí y Corrientes, lo que evidenciaba una logística desplegada en una zona rural de difícil acceso, donde no hay señal de celular.
El seguimiento de las comunicaciones intervenidas entre el 17 de abril y el 1° de mayo de 2026 fue decisivo. Los fiscales identificaron a dos sospechosos principales —Alexis Pablo Antonio Espinosa y Jorge Díaz— que en sus conversaciones describían las condiciones del establecimiento rural Don Julio, ubicado en la localidad de La Sarnosa, departamento Vera, donde debía concretarse el aterrizaje.
El 17 de abril, ambos analizaron el estado del campo: caminos intransitables, barro profundo y sectores anegados que impedían el ingreso de un camión Ford Cargo al que llamaban “el grandote”. En esas escuchas mencionaban la presión de “el patrón” –que sería Rojas Velasco– para avanzar con las tareas pese a las dificultades. El 28 de abril surgió un imprevisto: el dueño del campo lo había alquilado a otro sujeto, identificado como “el Loquito C”, lo que generó alarma porque interfería con la planificación. En paralelo, los organizadores pedían imágenes de un camino interno al que llamaban “la pista”, lo que la fiscalía interpreta como una evaluación técnica del terreno para el aterrizaje.
El 1° de mayo, Espinosa pronunció una frase que los investigadores consideraron reveladora: “Vienen tres, una se va y dos quedan”, en lo que se interpretó como una alusión a las aeronaves o a los cargamentos. Díaz agregó que “el Gordo” contaba con un depósito dentro del monte donde podrían esconderse los elementos.
Los días 3 y 4 de mayo, el seguimiento GPS y la vigilancia terrestre confirmaron que ambos investigados ingresaron al campo, realizaron maniobras compatibles con el acondicionamiento de una pista de aterrizaje clandestina —incluso filmaron el lugar— y efectuaron recorridos reiterados con detenciones estratégicas en la intersección de la Ruta Provincial 284-S, lo que se interpretó como tareas de reconocimiento y control.
El lunes 5 de mayo, a las 9.33, llegó la comunicación definitiva. Espinosa le dijo a Díaz: “Ya están. Ya vinieron”. La fiscalía lo interpretó como la confirmación de que la maniobra era inminente. Ambos coordinaron concurrir de manera inmediata al campo.
La conexión con Brian Bilbao
Esta causa tiene raíces en una investigación previa vinculada a la organización criminal liderada por Brian Bilbao, el narco santafesino detenido en 2024 que operaba con avionetas para ingresar cocaína desde Bolivia.
Su organización funcionaba con una logística sofisticada: campos rurales acondicionados como pistas de aterrizaje, conexiones con proveedores bolivianos y una cadena de distribución que se extendía por varias provincias argentinas. Su captura fue considerada uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico aéreo en la región.
Pero la caída de Bilbao no desarticuló la estructura. Según la fiscalía, la red continuó operando bajo la coordinación de Rojas Velasco, quien respondía a Marset.
Bilbao construyó un aeródromo narco en un lujoso country en Oliveros, a menos de cinco kilómetros de la Termoeléctrica General San Martín, que tiene seguridad privada y de agentes federales. Los investigadores creen que la pista estaba ubicada en un lugar estratégico por su cercanía con el río Paraná, por dos motivos: se sospecha que los cargamentos de cocaína que traían las avionetas desde Paraguay y Bolivia eran “bombardeados” en la zona de las islas, a unos cinco kilómetros de la pista; además, las aeronaves aterrizaban sin droga en ese lugar, a la vista de todos.
La cercanía con el Paraná enciende otra sospecha: por la cantidad de cocaína que movía esta organización, hay elementos para deducir —según las fuentes— que la droga estaba destinada al contrabando internacional a través de buques de carga. En esa zona, entre Timbúes y San Lorenzo, hay 12 terminales portuarias privadas que, por la Hidrovía, tienen salida al Atlántico y a los puertos de Europa, Asia y Oceanía.
No era la única pista que manejaba esta organización. A unos 50 kilómetros de ese aeródromo había otro, también en medio de campos sembrados, cercano a la localidad de Carrizales, que controlaba Pablo Javier Raynaud. Este fue detenido a mediados de julio en una situación paradójica: en pleno barrio de Núñez, a pocas cuadras del estadio de River. Raynaud era fanático de ese club y quienes lo seguían sabían que cada tanto, a pesar de estar prófugo —como retrata la película El secreto de sus ojos—, iba a ver a su equipo jugar.
Tenía cuatro plateas y vivía a cinco cuadras del Monumental, en Blanco Encalada al 1400. Estaba prófugo desde octubre de 2023, al igual que Bilbao. Raynaud, de 51 años, había sido empresario agropecuario y era un engranaje clave de la logística narco. Era el dueño de una pista de aterrizaje y un hangar en Carrizales, donde bajaban las avionetas que traían cocaína de Bolivia y Paraguay, como lo hacían también en el aeródromo de Campo Timbó, el country ubicado en Oliveros.
La detención de Raynaud, luego de un trabajo conjunto entre el área de inteligencia que conduce Maximiliano Bertolotti en Santa Fe y la SIDE, no derivó aún en novedades sobre el paradero de Bilbao, la figurita más difícil de este equipo narco. Además de Bilbao, siguen prófugos su hermano Waldo, Paola Vanesa Acuña, Yoel Denis Aragón, Mariano Miguel Zuviría y Maximiliano Javier Martínez.
Teatros y lavado
Según el expediente al que tuvo acceso LA NACION, Brian Bilbao fue el responsable de la compra, a través de testaferros, de la sociedad VTX Rosario, que controla los teatros Vorterix de esa ciudad y de Mar del Plata. Bilbao había destinado una combi Renault Master para el traslado de los artistas que tocaban en el teatro, conducida por Hernán M., integrante de la banda narco de acuerdo a la documentación de la causa.
Bilbao desembarcó en Vorterix a partir del 29 de octubre de 2018. El presidente de la sociedad era Juan Carlos V.L., un empresario del rubro inmobiliario. Siempre llamó la atención que el nombre de la inmobiliaria Adelante fuera el sponsor oficial de las camisetas de Newell’s y Rosario Central.
Otro indicio de que algo extraño había detrás de Vorterix en Rosario era que los artistas que tocaban cobraban entre tres y cuatro veces más que en otros teatros. Ese era el comentario que circulaba en el ambiente del rock.
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