Marcos Paz: la cárcel que concentra al “seleccionado” de los principales narcos del país

ROSARIO. Los principales narcos del país fueron condenados por hechos que cometieron dentro una prisión. Este nuevo rasgo criminal enciende alarmas, porque los cabecillas de las organizaciones criminales más importantes de la Argentina están actualmente alojados en un mismo penal: el de máxima seguridad de Marcos Paz.

Allí aparece como un peligro latente que los eslabones más pesados de estas bandas se vinculen en negocios ilegales dentro de la cárcel, como ocurrió en otros países, entre ellos, Paraguay y Brasil. Fuera del penal empiezan a aparecer indicios, según coinciden fuentes judiciales, de estas “relaciones peligrosas”.

La primera señal de que la cárcel podría haber acercado a Marco Estrada Gonzáles, alias Marcos, y a Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, es que la banda rosarina se estaría proveyendo de estupefacientes del peruano que maneja la villa 1-11-14. “Una parte importante de la cocaína viene del territorio que maneja Marcos”, señaló a LA NACION una calificada fuente judicial. “Cantero estructuró su negocio sobre la base de franquicias”, agregó un investigador de Rosario.

En el gobierno porteño admiten que también empezaron a verse estos “vínculos” en la villa 21-24, que abarca los barrios de Barracas y Nueva Pompeya. La tensa situación que hizo eclosión en Villa Lugano, con el enfrentamiento por el dominio del barrio Padre Mugica, encendió las alarmas en el gobierno de la Ciudad por los métodos de violencia que se usaron, similares a los que se repiten diariamente en Rosario.

De todo el país

En la unidad residencial II de Marcos Paz, que fue inaugurada en 1999 y tiene capacidad para 1500 internos, están alojados los principales narcos del país. Además de Marcos y el líder de Los Monos allí se encuentran detenidos los miembros del clan Loza, que están siendo juzgados por una de las causas de lavado de dinero más grandes de la historia; Néstor Rojas, supuesto líder narco del Primer Comando de Frontera, y Carlos Bareiro, cabecilla de la banda que manejaba el ingreso de la marihuana al país desde Itatí.

Este grupo de internos, según describió un miembro del Servicio Penitenciario Federal (SPF), están alojados en calabozos individuales distribuidos en tres pabellones de alojamiento común, y uno para presos transitorios. En total, pueden alojarse en este módulo 464 internos. Allí también cumplió condena Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”, el narcotraficante que fue precandidato a intendente de San Martín por el justicialismo en las elecciones de 2009.

Desde una oficina, un celador del SPF controla a través de monitores el pabellón con los calabozos individuales en planta baja y primer piso. El mismo guardiacárcel vigila también los accesos a los lugares comunes, como los teléfonos y el salón de usos múltiples. A diferencia de los otros módulos, el patio asignado al alojamiento de los narcos y otros delincuentes considerados peligrosos tiene rejas en el techo del patio.

“Es una especie de UTE [Unión Transitoria de Empresa] que reúne a los principales narcos del país”, usó como metáfora un fiscal federal, en diálogo con LA NACION. En cambio, fuentes del SPF señalaron a este diario que reunir a los narcos más peligrosos del país en un solo penal es una estrategia para agudizar los controles, con un plan de rotaciones de los capos narcos dentro de la penitenciaria para evitar que alguien se transforme en el “dueño del pabellón”.

Con la aplicación de un programa denominado IRIC, se decidió que los presos con mayor poder de corruptibilidad y capacidad para pagar coimas fueran alojados en un mismo pabellón. Según informó un agente penitenciario, el objetivo de dicha medida apunta a ejercer un control sobre los guardiacárceles encargados de custodiar los delincuentes con mayor poder económico.

Visitas y “negocios”

La pandemia obligó a que se interrumpieran las visitas y cortó el flujo de entrada por esa vía de cuestiones “vitales” para los internos, desde drogas a teléfonos. Los presos tienen turnos para realizar contactos vía Zoom con sus familiares, a través de una computadora que proveen las autoridades. Y, también, acceso a los teléfonos de línea, con los que se pueden comunicar entre pabellones, indicó un miembro del SPF. En algunos pabellones hay tres de este tipo de teléfonos.

Aparecen otros “negocios” paralelos, como la comida, según describió a LA NACION un agente. “Como es incomible, porque se elabora a un costo de 45 pesos por ración, los presos compran comida a una suerte de proveeduría que vende porciones preparadas o para que los presos cocinen en los pabellones”, agregaron. Se suma al de los teléfonos celulares, por los cuales los guardias llegan a cobrar hasta $40 mil para dejarlos ingresar de forma clandestina.

La desarticulación virtual del área de inteligencia del SPF, luego de que se detectaran operaciones ilegales de espionaje a políticos, gremialistas, dirigentes sociales, periodistas y detenidos en el penal de Ezeiza, provocó –según reconocen investigadores judiciales– que haya un déficit en un tema sensible, sobre todo porque los hilos de actividades ilegales como el narcotráfico se manejan desde los penales.

Alias Marcos

Un ejemplo es la historia de vida y carcelaria de Marco Antonio Estrada Gonzáles, cuyo negocio funcionó detrás de las rejas. El capo narco de la villa 1-11-14 fue condenado a la pena única de 24 años en noviembre del año pasado. Fue el cierre de una causa judicial que tomó impulso en diciembre de 2016, cuando el narco peruano fue detenido –junto con otros 20 sospechosos- en el country La Celia, del partido bonaerense de Ezeiza.

Marcos había salido de la cárcel en febrero de 2014 con libertad condicional, luego de cumplir las dos terceras partes de una pena de 10 años. Estrada Gonzáles había estado preso desde 2007, cuando luego de haberse dictado su captura nacional e internacional huyó de la Argentina y fue capturado en Paraguay.

Pero su historial carcelario viene de más atrás. Su primera condena por delitos de narcotráfico en el Bajo Flores fue en 2004. Un año después su nombre comenzó a ser visible cuando, en octubre de ese año, se produjo en la villa 1-11-14 la denominada “Masacre del Señor de los Milagros”. Durante una procesión murieron a balazos cinco personas -entre ellas un bebé-, en un enfrentamiento con el grupo rival que controlaba la venta de drogas en un sector del barrio, liderado Alionzo Rutilio Ramos Mariño, alias “Ruti”.

Guille y el Primer Comando de Fronteras

Guille Cantero, el líder de Los Monos, está condenado a 62 años de prisión. Usa sus teléfonos, según identificaron los investigadores, en una franja horaria que va de las 20 a las 2 de la mañana. Como en la zona donde se encuentra la cárcel hay escasa señal 4G, se sospecha que se conecta a través de wifi.

Comparte un módulo carcelario con otro de los mayores pesos pesados del país en materia de narcotráfico: Néstor Rojas, alias Loko. Estos dos presos dominan toda la estructura del negocio narco. Rojas está acusado de ser uno de los engranajes clave del ingreso de cocaína y marihuana desde Paraguay. Y Guille Cantero es uno de los principales jugadores de la distribución de estupefacientes. Los dos son extremadamente violentos. El líder de Los Monos está acusado de haber atacado a balazos 13 edificios judiciales y de magistrados entre 2018 y 2019.

Rojas va a ser juzgado por planear con dos sicarios brasileños la ejecución en marzo del año pasado del juez de Posadas Fernando Verón. También amenazó con asesinar al juez federal de la ciudad misionera de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, e hizo gestiones desde el penal de Ezeiza de comprar armas para enviar a Brasil, entre las que mencionó un misil, como publicó oportunamente LA NACION.

El 16 de noviembre pasado, tras un pedido de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el juez federal de Posadas José Luis Casals ordenó una serie de allanamientos y detenciones. Uno de los procedimientos fue en la celda donde estaba alojado Rojas en el penal de Ezeiza. Ese día ocurrió algo llamativo, que muestra el nivel de complicidades que se tejen dentro de los penales. En la requisa en el penal de Ezeiza a Rojas le secuestraron el celular que usaba para amenazar al juez Guerrero, pero mientras era trasladado a Marcos Paz ya contaba con otro aparato, que le fue incautado. En pocos minutos, a pesar de estar preso, ya había logrado conseguir un teléfono. En la investigación se detectó que un agente penitenciario era quien le suministraba los equipos; adujo que cobraba 50.000 pesos por cada aparato que le entregaba al narco, que destinaba al pago de un tratamiento oncológico de un familiar.

Los celulares fueron claves para que, en un mes, Rojas intentara ingresar a la Argentina 11.104 kilos de marihuana y unos 32 kilos de cocaína que fueron secuestrados en cinco operativos de la Prefectura y la Gendarmería en Misiones y en Corrientes. Las operaciones las realizaba a través del teléfono, pero no era él quien hablaba con sus proveedores en Paraguay; se hacía desde un segundo celular, de su pareja, Tamara Maciel.

Guille Cantero está sospechado de llevar adelante desde el penal de Marcos Paz un nuevo negocio: la provisión de un servicio de sicariato. Está bajo investigación desde que se descubrió el plan de un empresario rosarino que pagó 500.000 pesos para que el líder de Los Monos programara la ejecución de su exsocio en una empresa de nutrición deportiva.

La celda de Cantero fue allanada tres veces durante abril, según informaron fuentes de la investigación, pero no se encontraron los tres teléfonos con los que mantenía contactos con Fabián Giménez, preso en la Unidad Nº3 de Rosario y encargado de la “agencia de sicarios”, según catalogaron en la audiencia imputativa los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Finalmente, en agosto, en pleno juicio por los ataques a balazos contra funcionarios judiciales, se encontró, en una requisa en la celda de Guille, un teléfono “fijo”.

Desde el año pasado el gobierno de Santa Fe pidió al Ministerio de Justicia que se implementen mayores controles sobre Cantero, que desde que está detenido -junio de 2012- pasó por seis penitenciarías, cuatro de ellas, federales. Cantero cometió más delitos dentro de la cárcel que en libertad.

La primera condena por narcotráfico que pesa sobre su espalda se gestó con una investigación que detectó que desde un pabellón del penal de Piñero, a 20 kilómetros de Rosario, manejaba el tráfico de drogas a través de sus familiares mujeres, que en ese momento estaban en libertad. También fue sentenciado a 10 años de prisión por ordenar desde la cárcel de Coronda, en Santa Fe, el secuestro extorsivo de un joven, el 9 de setiembre de 2017, al que liberaron cuando los captores se dieron cuenta de que se habían equivocado de persona.

Los hermanos Loza

Los líderes del clan Loza, una organización narco que comenzó a ser juzgada esta semana por lavado de dinero, también forman parte de la población carcelaria de Marcos Paz. Los hermanos Erwin y Valdemar, capos de la banda, no tienen antecedentes violentos como sus vecinos Cantero y Rojas, pero sí una gran habilidad para ingresar cocaína a Europa, un negocio ilegal que los llevó a realizar inversiones por más de 800 millones de pesos, según calcula la Justicia, para lavar dinero del contrabando de estupefacientes.

Para que los investigadores lograran desentrañar el funcionamiento de lavado de la banda fue clave la declaración del financista Diego Xavier Guastini, que fue ejecutado de tres tiros por sicarios en Quilmes la mañana del 28 de octubre de 2019.

Otro preso emblemático que habita Marcos Paz es el correntino Carlos Bareiro, juzgado junto a once personas por manejar el ingreso de la marihuana a la Argentina desde Itatí, donde se detectó en 2017 una red de complicidades que garantizaban el manejo del negocio, entre los que se encontraba el exintendente de esa localidad Natividad Roger Terán, que fue condenado a tres años en un juicio abreviado. Bareiro fue condenado a 17 años de prisión por este caso que destapó los nexos del narcotráfico con la política.

“Cachito” Bareiro también manejaba la organización narco desde la cárcel. En el juicio se ventiló que en marzo de 2017 fue allanada su celda de la Unidad Penal Nº7, de Resistencia. El agente penitenciario Diego Ríos Velázquez declaró que en ese pabellón fueron hallados tres teléfonos celulares que estaban ocultos “en una cañería del desagüe del baño”.

En los alegatos del juicio, el titular de la Procunar, Diego Iglesias, detalló que Bareiro llegó a amenazar a testigos desde la cárcel de Marcos Paz, donde se encuentra actualmente.