Masiva protesta por la falta de protección estatal a la joven que terminó asesinada

PARANÁ.- Una multitud se manifestó ayer en el centro cívico de Paraná ante un nuevo femicidio que conmociona a la capital entrerriana. El amplio espacio que divide la Casa de Gobierno y los tribunales quedó sin blancos, totalmente ocupado, en su gran mayoría, por mujeres que protestaron por el asesinato de Fátima Acevedo y la "inacción del Estado".

El cadáver de Fátima, de 26 años y un hijo, fue encontrado anteayer en el interior de un aljibe, a 18 metros de profundidad, luego de que se la buscara intensamente durante casi una semana, desde el 1° de este mes. Por el hecho está detenido Jorge Nicolás Martínez, expareja de Acevedo, con quien tenía un hijo en común. El imputado se quedó ayer sin abogado particular, ya que el que tenía, Franco Azziani Cánepa, renunció. "Vengo a renunciar a la defensa técnica por razones estrictamente profesionales que imposibilitan el desarrollo de una defensa penal efectiva. Por ser justo", sostuvo.

La desaparición de la joven tuvo en vilo a la ciudad, sobre todo porque habían trascendido audios de WhatsApp en los que Fátima le decía a una amiga que era víctima de amenazas por parte de su expareja, Jorge Nicolás Martínez, y que no tenía respuestas por parte de los funcionarios del Estado.

"Ya estoy podrida de denunciarlo en la policía y que nadie haga nada, ni la policía ni el juzgado ni nadie. Cuando termine muerta por culpa de él puede ser que la policía y el juzgado hagan algo; mientras tanto vamos a tener que seguir pagando las consecuencias con el gordo [su hijo]", clamó Fátima en ese audio.

Entre las situaciones que trascendieron se supo que Acevedo había sido amenazada por Martínez con arrojarle ácido a la cara y con atacarla con una cuchilla. El hombre, de 35 años de edad, fue detenido el viernes pasado de manera preventiva, mientras se continuaba con la búsqueda de la joven mujer. El domingo, con la aparición del cuerpo, Martínez quedó acusado de homicidio agravado por el vínculo.

Los funcionarios judiciales igualmente quedaron en el ojo de la tormenta. El procurador general, Jorge García; la adjunta, Cecilia Goyeneche, y el fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Leandro Dato, dieron una conferencia de prensa en la que describieron todas las actuaciones. Eso no hizo más que dejar disconforme a la gran multitud que protestaba frente a los tribunales. Reclamaban que los representantes del Ministerio Público les explicaran qué habían hecho para proteger a Fátima.

Es que se supo que entre el 25 de julio de 2017 y el 14 de febrero pasado Fátima hizo seis presentaciones contra Martínez por violencia familiar, de género, lesiones y amenazas, tanto en un juzgado de familia como ante la fiscalía de violencia de género.

Ante la situación de tensión en las calles, los tres funcionarios decidieron pasar toda la noche en la sede de tribunales, que estaba rodeada de mujeres manifestantes, a fin de evitar encontrarse cara a cara con quienes le exigían explicaciones.

"No son rehenes de nada; simplemente queremos que vengan e informen públicamente qué hicieron en este caso que terminó con un nuevo femicidio", explicó una de las manifestantes, mediante un altoparlante. Hubo una vigilia durante toda la noche frente a los tribunales.

Ayer a la tarde, una multitud marchó, con cánticos en contra de la policía y de los poderes Judicial y Ejecutivo de la provincia. Pedían las renuncias de los fiscales y de la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

En un documento elaborado por la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis de Paraná, que convocó a la marcha, se exigió, además de la "renuncia de funcionarios responsables en todos los niveles y poderes del Estado", que se declare la "ley de emergencia por violencia de género con presupuesto real" y se reglamente la ley mediante la cual la provincia adhirió en 2011 a la ley 26.485 para Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Hace un año, el 7 de marzo de 2019, un juzgado de garantías había dispuesto la primera medida de alejamiento contra Martínez, en un radio de 200 metros de donde estuviera Fátima. Se reiteró en septiembre y en febrero. A la joven la mataron.