1
Investigan si el poder de fuego narco se alimenta de un mercado “negro” de armas nuevas y hasta registradas
En un operativo en Puerto Gaboto, la Gendarmería detuvo a un hombre con 18 pistolas nuevas, que estaban en cajas; se presume que era para vender a otras organizaciones criminales
8 minutos de lectura'
PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.- Personal de la Gendarmería Nacional allanó una vivienda de Puerto Gaboto, a unos 50 kilómetros de esta ciudad, y encontró lo que pocos esperaban en esa localidad de poco más de 3000 habitantes a orillas del Paraná: 18 pistolas, 40.000 dólares, 2 millones de pesos, un chaleco antibalas de la Policía y 12 teléfonos celulares.
La investigación impulsada por la fiscal Paula Barros de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas apuntó a Claudio L., quien conduce una organización dedicada a la venta de drogas y la violencia en el barrio Godoy. Junto a él fue detenida su pareja, Evelin Mariel A. Para los investigadores, ambos integran la asociación ilícita liderada desde la cárcel por Jésica “la Fea” González, pareja de Claudio “Morocho” Mansilla, una banda con otros 20 imputados que opera en el Gran Rosario.
Cuatro días antes del operativo en Puerto Gaboto, el sábado pasado, el Equipo de Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe había registrado un caso que ilustra con precisión el otro extremo de la misma cadena.
Un hombre de 27 años identificado como A. T., oriundo del norte de la capital provincial, fue detenido luego de una investigación que comenzó casi por casualidad: el 21 de diciembre de 2025, durante un robo calificado en el barrio Tío Rolo, en Rosario, la policía aprehendió a un delincuente que portaba una pistola. Cuando los fiscales cruzaron los datos con el sistema Heimdall del MPA y con los del Renar, descubrieron que el arma estaba legalmente registrada a nombre de A. T.
No había ninguna denuncia de extravío ni de sustracción. El arma no se había perdido: había sido entregada. El Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB) agregó otro dato: esa misma pistola había sido utilizada en un caso de lesiones graves en Rosario, en junio del año pasado.
Cuando allanaron la vivienda de A. T. encontraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y el cargador completo con 17 proyectiles, una carabina calibre 22 con mira telescópica, dos granadas de mano y más de 450 municiones de distintos calibres. Pero las ocho pistolas que según los registros oficiales debían estar en su poder no estaban.
La fiscal Juliana González, del equipo especializado en armas, explicó el mecanismo ante la Justicia: A. T. había comprado 10 armas entre 2023 y 2025 usando más de 7 millones de pesos cuyo origen no pudo justificar en función de su situación laboral y patrimonial. Se valió de su condición de legítimo usuario registrado ante el Renar para adquirir cinco pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros, tres calibre 380 y dos escopetas calibre 12, las inscribió a su nombre y luego las desvió al mercado negro, a personas que no tenían habilitación para portarlas. En el mismo allanamiento encontraron también 150 gramos de cocaína, una balanza de precisión, una caja fuerte y cuatro gallos con marcas de haber sido usados en riñas ilegales.
El caso de A. T. es la versión más reciente de un patrón que los investigadores del MPA llevan años documentando: ciudadanos sin antecedentes penales pero con perfiles socioeconómicos incompatibles con los de compradores habituales de armamento que usan su habilitación como legítimos usuarios para introducir armas del mercado legal en el circuito criminal. En Rosario, hace dos años, una fiscalía desarticuló un esquema en el que una armería de la zona sur vendía pistolas nuevas con documentación a nombre de prestanombres.
En la ciudad de Santa Fe, un operativo de la Policía Federal que derivó en 17 allanamientos simultáneos desarticuló otra red similar, con el secuestro de dos escopetas calibre 12, una carabina, cuatro revólveres y 10 pistolas, además de tarjetas y cédulas de tenencia que habilitaban a sus titulares a seguir comprando armas de manera legal. En Cañada de Gómez, otro caso terminó con un hombre preso por haber comprado y desviado 21 armas al mercado ilegal.
Dos semanas antes del operativo en Puerto Gaboto, en un baldío de Roldán, a 15 kilómetros de Rosario, la historia tomó otra dimensión. La Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) necesitaron una retroexcavadora municipal y varios días de trabajo para encontrar lo que estaba enterrado a 60 centímetros bajo la tierra. Los pastizales altos habían bloqueado el detector de metales.
Cuando la máquina removió el suelo, apareció una losa de cemento. Debajo, sellados en tanques de plástico herméticos, estaban los fusiles: dos AR-15 calibre 5,56 de uso militar, una réplica china de un AK-47, seis pistolas de marcas Glock, CZ y Bersa, y cerca de 800 balas de distintos calibres, incluyendo munición 5.56 y .223. El arsenal, según sospechan los investigadores, pertenecería a eslabones de Los Menores, la organización que en los últimos años ha ido desplazando a Los Monos en la geografía narco de Rosario. Mientras se realizaba el operativo apareció una camioneta Amarok con tres ocupantes: uno de ellos era hermano de un integrante de Los Menores.
La aparición de fusiles de este nivel en manos de las bandas ya no es una excepción. En un procedimiento sobre el clan Romero, que opera en la zona noroeste de Rosario, la policía secuestró un AR-15 de origen norteamericano junto a pistolas, escopetas y revólveres. En otro operativo se incautaron tres fusiles M4 de un departamento céntrico vinculado al prófugo Andrés “Pilín” Acosta, hombre del narco Francisco Riquelme. En julio de 2024, en San Justo, cayeron dos armas automáticas Colt calibre 7,62 junto a 464 kilos de cocaína de la banda del mayorista Fabián “Calavera” Pelozo.
Detrás de esta escalada hay, también, un mercado de municiones que los investigadores califican de “fantasmagórico”. En Rosario se secuestra un promedio de 1646 proyectiles por mes, equivalente al 56,8% del total incautado en toda la provincia de Santa Fe. Esa cifra representa 23 proyectiles por kilómetro cuadrado, una densidad que cuadruplica la de la capital provincial.
Parte de ese volumen proviene de la venta de balas recargadas, proyectiles ya disparados cuyas vainas son reutilizadas y repostadas con máquinas domésticas. Una caja de 50 municiones calibre 9 milímetros en una armería cuesta alrededor de 15.000 pesos; las recargadas se consiguen por entre 3500 y 5000 pesos. Con una máquina Dillon X650 pueden producirse unas 800 balas por hora.
En 2021, los fiscales Valeria Haurigot –actual camarista– y Pablo Socca descubrieron mediante el auxilio de la figura del “agente revelador” que una sodería del barrio La Tablada funcionaba como nodo de distribución: entre los sifones había fusiles, pistolas y más de 50 cajas de balas de recarga.
La organización incluía a tres policías, uno de ellos experto en balística. En el domicilio del sodero encontraron 14 credenciales de legítimo usuario y otras tantas de control de consumo de municiones: el andamiaje burocrático de un mercado ilegal construido sobre los cimientos del legal.
Armas del Ejército
Hay una fuente de armamento que es más perturbadora que todas las anteriores. El Batallón de Arsenales 603, ubicado en Fray Luis Beltrán, a unos 20 kilómetros de Rosario, es el escenario de uno de los casos de tráfico de armas más graves que registra la historia judicial argentina.
La Sala B de la Cámara Federal de Rosario confirmó hace pocos días el procesamiento de siete militares por la sustracción de 43 fusiles FAL completos y 2500 partes de estos fusiles calibre 7,62. Se estima que con esas piezas podrían haberse ensamblado hasta 400 fusiles.
La causa no comenzó por una denuncia interna sino por un hallazgo externo: el 11 de febrero de 2011, la Policía Federal de Brasil secuestró en Aracatuba, San Pablo, un FAL con el escudo del Ejército Argentino. El arma tenía partes con cuatro numeraciones distintas, práctica habitual para dificultar la trazabilidad. Interpol alertó a la Justicia argentina.
El mismo día en que se detectó el faltante en el Batallón 603, el sargento Hernán Diego Solís, jefe de la sección Armamento, se suicidó con un disparo en la cabeza en Buenos Aires. Los demás implicados cargaron sobre él todas las responsabilidades.
La causa estuvo paralizada durante 14 años en el juzgado de Marcelo Bailaque, hoy imputado con prisión preventiva en tres causas. Fue el fiscal federal Javier Arzubi Calvo quien encontró el expediente cerrado en cajones y lo reactivó.
Los FAL del Ejército argentino habían comenzado a aparecer con regularidad en manos del crimen organizado brasileño: tres en el estado de Paraná en septiembre de 2011, dos en Asunción en manos de un grupo vinculado al Primer Comando Capital (PCC). La historia tenía, sin embargo, antecedentes más lejanos: entre 1993 y 2001 se incautaron más de 300 fusiles FAL y subametralladoras FMK3, PAM-1 y PAM-2, salidas de Fabricaciones Militares, en los morros de Río de Janeiro.
Más leídas de Seguridad
Últimas Noticias
Hay más de 50 damnificados. Imputaron a una mujer en San Luis por vender terrenos de la municipalidad a 15 familias
Homicidio. Fue víctima de un robo, agarró una pistola y al perseguir a los ladrones mató a un policía
