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Nuevo paradigma. La Policía Federal incorporará graduados universitarios para su fuerza especial de investigación
La ministra Patricia Bullrich anunció que está abierta la preinscripción para carrera de Investigador del Delito para Profesionales del Departamento Federal de Investigaciones
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LA NACION
El Gobierno dio hoy un nuevo paso en la implementación de la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) con el objetivo de especializarla en investigaciones de crimen organizado y delitos complejos, como un espejo del FBI norteamericano.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó el nuevo programa de ingreso de profesionales a la PFA, enfocado en la captación y formación de universitarios graduados para integrar las filas del poderoso Departamento Federal de Investigaciones (DFI) creado en junio de este año con el decreto 383/25.
La preinscripción para la carrera de Investigador del Delito para Profesionales del DFI de la PFA ya está abierta, enfocada en “jóvenes graduados universitarios con vocación para enfrentar el crimen organizado”. Los postulantes deben ser argentinos nativos o por opción, ser graduados universitarios (con una licenciatura o una tecnicatura), tener hasta 40 años (aunque excepcionalmente podrán considerarse mayores de esa edad sobre la base del mérito o la experiencia), poseer “antecedentes personales intachables” y superar evaluaciones psicológicas, médicas y de aptitud física.
La inscripción será en diciembre próximo. La carrera constará de un entrenamiento intensivo de nueve meses en investigación criminal, tecnología y práctica policial; los egresados ingresarán en el escalafón principal de la PFA con el grado de subinspector, abocados a tareas de investigación dentro de la DFI.
A los efectos de jerarquizar estos nuevos cargos, el Programa de ingreso de formación de universitarios ya graduados permitirá establecer remuneraciones y grados diferenciados para sus participantes. Esto está en línea con el mandato del decreto 383/25, que pretende que la reforma de la PFA y la captación de universitarios graduados e interesados en la especialización de investigación criminal compleja “aporten a la modernización de la imagen institucional” y consoliden “la nueva doctrina de profesionalización, mérito y resultados”.
De hecho, en la presentación de esta mañana desde la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, en Gelly y Obes 2289, Bullrich resaltó que esta reforma reafirma el principio de “orden, ley y autoridad como pilares de la libertad” y promueve “una fuerza federal moderna, preparada y con sentido de misión”, una policía “proactiva, capaz de anticipar el delito mediante el conocimiento, la tecnología y la cooperación internacional”.
La reforma planteada en el decreto 383/25, según se anunció, le fija a la Policía Federal el rumbo de ser “una fuerza líder en la investigación proactiva de delitos federales o complejos, desarticulación de organizaciones criminales y protección del Estado”, con la misión de “prevenir, detectar e investigar” aquellos delitos especiales.
Para cumplir con esa visión y misión, el objetivo estratégico era crear el Departamento Federal de Investigaciones ”moderno y operativo, orientado a resultados, interoperabilidad y cooperación internacional", con capacidades ampliadas de investigación profunda, articulación operativa con la Justicia y mejor obtención de inteligencia criminal. Para ello se debía “fortalecer el sistema de recursos humanos con personal competente, motivado y altamente capacitado”.
En esa línea, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional, se hacía necesario “incorporar perfiles profesionales con formación en campos financieros, tecnológicos, ambientales, cibernéticos o antiterroristas, capaces de aportar una mirada técnica y actual a la labor policial”.
Es que, se enfatizó, el DFI “concentra las capacidades tecnológicas, analíticas y operativas de la PFA en un mando unificado, con el objetivo de anticipar, detectar y desarticular organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y los delitos económicos y cibernéticos.
LA NACION
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