Ocupaban casas, falsificaban los papeles y luego las vendían

El primer paso era ocupar la casa deshabitada. Para cumplir con el objetivo utilizaban a personas de bajos recursos. La etapa siguiente era la falsificación de las escrituras de los inmuebles usurpados para poder ponerlos a la venta en valores que oscilaban entre los 100.000 y los 360.000 dólares. Durante un tiempo, el plan salió a la perfección y la organización criminal se habría apropiado de al menos 16 inmuebles en diferentes barrios de la ciudad.

La banda, que fue desbaratada en las últimas horas, estaba integrada por escribanos, abogados, empresarios, dos suboficiales de la Policía Federal y una empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. En los procedimientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio para detener a los sospechosos hubo allanamientos en una casa del country San Diego y en un departamento de Puerto Madero, según informaron a LA NACION fuentes de la causa.

La causa comenzó a fines de agosto de 2012, cuando Bonadio encargó una serie de tareas investigativas al Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal. El magistrado les pidió a los detectives que focalizaran la pesquisa en una empresa supuestamente dedicada a la construcción, restauración y mantenimiento de propiedades urbanas y rurales. Los detectives policiales se convencieron de que, en realidad, esa compañía era una firma "fantasma" creada para poder concretar los delitos.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. Según surge del expediente, la banda de estafadores se habría apoderado de inmuebles en los barrios de Palermo, Belgrano, Villa Devoto, Caballito, Constitución, Villa del Parque, La Boca, Villa Riachuelo, Balvanera, Boedo y Parque Avellaneda.

También se sospecha que los acusados, que ya fueron indagados -unos fueron detenidos y otros están excarcelados-, "cruzaron" la General Paz en su empresa criminal y se apropiaron ilegalmente o, por lo menos intentaron hacerlo, de propiedades en Pilar y General Rodríguez, e incluso en las provincias de Misiones y Santiago del Estero.

Según informó a LA NACION un calificado investigador de la Policía Federal, en los diferentes allanamientos se secuestraron 200 escrituras, que ahora deberán ser analizadas.

"Las personas que compraron los inmuebles que puso en venta la organización delictiva desconocían cómo habían sido adquiridas las propiedades en cuestión", dijo a LA NACION una fuente de la Policía Federal.

La investigación comenzó con los trámites de sucesión de un inmueble situado en Constitución. En el juzgado de Bonadio, según confiaron fuentes policiales, se descubrió que los supuestos propietarios que se presentaron en una oficina de la La Plata para hacer un segundo "testimonio de propiedad" no eran los dueños de la casa. Los verdaderos habían fallecido tiempo atrás.

Después, siempre según surge de la investigación de los detectives del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, los falsos dueños de la propiedad firmaron un acta notarial para entregarle un poder sobre la propiedad de Carlos Calvo a una persona, que la puso a la venta.

"La investigación tomó impulso cuando se presentó el legítimo heredero de una propiedad situada en Godoy Cruz 1450/52, en Palermo, para denunciar que el inmueble había sido puesto a la venta por una inmobiliaria sin su consentimiento", explicó un jefe policial.

Los investigadores descubrieron que la maniobra había sido similar a la de la calle Carlos Calvo. "Es decir que con falsos dueños o herederos hicieron escrituras «truchas» y después les cedieron los derechos a los responsables de la banda criminal", agregó la fuente consultada.

Hay 11 sospechosos detenidos, entre los que hay un abogado y un escribano. Los dos cabos de la Federal imputados fueron excarcelados, pero siguen investigados. "El rol de los uniformados era vigilar las casas de las que la banda quería apropiarse para que no fueran usurpadas por otros delincuentes", explicó una fuente con acceso al expediente.

La presunta función de la empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño era conseguir los planos y otra documentación de las propiedades usurpadas por la organización para después poder hacer las falsas escrituras, según sostuvieron los investigadores policiales.

Por Gabriel Di Nicola

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