1
Ordenaron la captura nacional e internacional de Guillermo Heisinger, un abogado que fue funcionario del gobierno de Carlos Menem
En 2020 había sido absuelto por el tribunal que juzgó a una banda que intentó traficar 40 kilos de cocaína, pero la Casación revirtió el fallo y la Corte convalidó la nueva sentencia; no se presentó a la audiencia de fijación de pena
7 minutos de lectura'
LA NACIONGabriel Di Nicola
En su página web se cuenta que nació en 1959 en San Isidro, que se educó en el Colegio Marín y que se graduó de abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA). También se afirma que “fue una de las mentes detrás de la renovación en el peronismo que, en su momento, lideró Carlos Menem, a quien acompañó en diversas funciones públicas”. Hoy, Guillermo Heisinger también carga sobre sus espaldas una orden de captura nacional e internacional.
Heisinger estuvo preso cuatro años y tres meses: fue entre el 19 de septiembre de 2015 y el 19 de diciembre de 2019, cuando lo excarcelaron. Había estado procesado como presunto miembro de una organización narco que había intentado traficar 40 kilos de cocaína en el caso que sería conocido como Narcoarroz.
“De acuerdo con la profusa investigación desplegada, se puede posicionar al imputado en los niveles jerárquicos más altos”, afirmó el por entonces juez federal Sergio Torres —hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense— cuando procesó al abogado.
A partir del 19 de diciembre de 2019, el exfuncionario tuvo una libertad restringida monitoreada con una tobillera electrónica hasta que, en julio de 2020, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N° 5, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Adriana Palliotti y Daniel Obligado.
“En la cárcel, la inteligencia y la habilidad muchas veces no son el factor preponderante. En la cárcel lo que vale es la ley de la selva, la fuerza. Pero gracias a Dios pude zafar de cosas feas que me han pasado y que no quiero recordar ahora”, sostuvo, después de aquella absolución, en una entrevista con el diario Clarín.
En febrero de 2020, antes de ese fallo favorable, se casó con su novio colombiano, a quien había conocido en 2007. También escribió el libro Francisco íntimo. Según la tapa de la publicación, se trata de lo que Jorge Bergoglio, el Papa argentino, fallecido el año pasado, le dijo al autor: “Palabras, recuerdos, su pensamiento y su legado”.
La organización criminal, liderada por los hermanos colombianos Erman y Williams Triana Peña, fue desbaratada en septiembre de 2015 cuando tenía todo listo para traficar casi 40 kilos de cocaína líquida impregnados en un cargamento de 46 toneladas de arroz que iba a ser exportado a Guinea Bissau y a Marruecos, en África, en el marco del programa Hambre Cero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De la investigación participaron el fallecido fiscal federal Federico Delgado y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, quienes contaron en la pesquisa con la colaboración de personal de la Gendarmería Nacional. En la etapa de juicio, donde se dictaron 13 condenas y cinco absoluciones, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal general Diego Velasco.
Pero la absolución de Heisinger, que durante el gobierno de Menem fue subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio del Interior y anteriormente había cumplido funciones en el Ministerio de Educación, no llegó a estar firme: fue apelada por el fiscal Velasco y, consecuentemente, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión del tribunal de juicio y ordenó que sea condenado y se le fije una pena acorde a la responsabilidad penal atribuida.
La defensa del exfuncionario menemista recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó el fallo del máximo tribunal penal del país.
Como informó el sitio de noticias Encripdata, especializado en narcotráfico y crimen organizado, el 26 de junio pasado Heisinger debía concurrir a los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, donde se celebraría la audiencia de cesura o “fijación de pena”. Pero no se presentó; su defensa argumentó que fue por una cuestión de salud.
El 8 de julio pasado, el juez Adrián Grunberg, integrante ahora del TOF N° 5, dispuso ordenar “la inmediata captura y detención internacional” del exfuncionario menemista.
“En atención a lo solicitado precedentemente por la auxiliar fiscal de la Fiscalía General N° 6 Luciana Cánepa, y toda vez que la defensa técnica de Heisinger no acreditó debidamente las circunstancias de salud que fueran invocadas en la audiencia del pasado 26 de junio, dispóngase la inmediata captura y detención internacional del encartado", afirmó en su fallo el juez Grunberg.
La defensa de Heisinger interpuso un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. El 21 de julio pasado, con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, la Sala de Feria del citado tribunal de alzada rechazó por “inadmisible” la presentación.
“La vía intentada es inadmisible, por cuanto el impugnante solo manifestó su disconformidad con los argumentos denegatorios expuestos por el tribunal, sin lograr refutarlos a través de sus agravios, defecto que obstaculiza la habilitación de esta instancia por falta de fundamentación. De igual modo, no se ha acreditado adecuadamente en la especie la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Casación como tribunal intermedio, conforme a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Los otros imputados
En el juicio, tras dos años de debate, fueron condenados 13 integrantes de la banda, entre los cuales se encontraba Williams Triana Peña, uno de los supuestos líderes de la organización, quien recibió una pena de siete años de cárcel.
Su hermano, que había estado varios años prófugo, fue detenido tiempo después en Portugal. Lo condenaron a seis años de prisión y fue expulsado de la Argentina al cumplir la mitad de la pena; lo esperaba otro proceso por narcotráfico en Europa.
Carlos Yorelmy Duarte Díaz, otro de los sospechosos investigados en la Argentina, nunca pudo ser juzgado, ya que en octubre pasado fue acribillado en un bar frente a una sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá.
Durante casi siete años había estado prófugo de la Justicia argentina. Se había ido del país poco antes del secuestro de los 40 kilos de cocaína. Cuando la causa ya estaba elevada a juicio, según informaron a LA NACION fuentes judiciales, su defensa se presentó en los tribunales argentinos y después de depositar el dinero que le habían fijado como caución, “quedó a derecho”.
Duarte Díaz nació el 5 de septiembre de 1973 en Colombia. Llegó a la Argentina en 2010, en plena expansión del Cártel del Norte del Valle hacia el sur del continente americano. Obtuvo un DNI argentino –N° 94.302.381– de forma irregular, como ocurrió con varios miembros de la organización. Ese documento le permitió crear sociedades, firmar contratos y moverse con total libertad por el país mientras lavaba dinero del narcotráfico.
Su empresa insignia era International Trade and Commerce (ITC) SA, constituida en 2011 junto con Heisinger. Entre 2011 y 2015, esa empresa administró un patrimonio millonario. Todo parecía legal, pero los fondos provenían del narcotráfico.
Duarte Díaz también era presidente de Agro Beef SA, una empresa supuestamente dedicada a la actividad agropecuaria, y socio de Hard Business SA. Tenía oficinas en el séptimo piso de Viamonte 611, en plena city porteña. Vivía en Nordelta, en el lote 225 del complejo Los Sauces, aunque la propiedad estaba a nombre de un testaferro. Iba y venía entre Buenos Aires, Rosario y Uruguay. Firmaba contratos millonarios. Era, en apariencia, un exitoso hombre de negocios colombiano radicado en Argentina. La mano de un sicario y cuatro balas segaron su vida en su país natal.
Más leídas de Seguridad
