Pidieron 14 años de prisión para un ruralista por organizar y financiar vuelos del narcotráfico
La fiscalía reclamó una fuerte pena contra Leonardo Roberto Airaldi, que había sido presidente de la Sociedad Rural de Villa Diamante
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LA NACION
Leonardo Roberto Airaldi tenía una importante participación en la comunidad de Villa Diamante. No solo era un productor agropecuario de peso, sino que también había sido presidente de la Sociedad Rural de esa ciudad entrerriana. Su nombre y actividad social eran conocidos en esa zona del litoral. Pero todo era una fachada para ocultar su verdadero rol en el mundo del hampa. Los investigadores lo señalaron como uno de los principales organizadores de los vuelos del narcotráfico. Así se lo definió durante el juicio que se realiza en Paraná, donde la fiscalía solicitó ayer una pena de 14 años para el ruralista.
“El Ministerio Público Fiscal solicitó que se condene a 14 años de prisión al productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, acusado de haber organizado y financiado maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en la provincia de Entre Ríos. De acuerdo con la imputación, las operaciones se desarrollaban desde campos del imputado, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina utilizada para el arribo de avionetas con cocaína y de los que partían lanchas destinadas a su distribución”, se indicó en la página de noticias oficiales del Ministerio Público.
La acusación fue argumentada por el fiscal general entrerriano José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyudante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona.
Candioti fue el encargado de formular el pedido de condena contra el hombre que lo tuvo en la mira de asesinos. Es que más allá de su papel en el tráfico de cocaína, Airaldi se enfrenta con una acusación mayor. Antes del comienzo de este juicio se imputó al ruralista por haber diseñado un plan para atentar contra el fiscal Candioti y el juez federal Leandro Ríos.
Según esa investigación, Airaldi creía que Ríos y Candioti iban a ir de vacaciones a Punta del Este y que allí, según su plan, iban a ser ejecutados por asesinos a sueldo uruguayos. Pero algo no salió como esperaba el “gaucho narco”: otro preso lo delató y, además, los dos funcionarios judiciales nunca planearon irse a descansar a Punta del Este.
El plan, según surge de esa pesquisa, naufragó por la declaración de un recluso en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, donde también estaba detenido Airaldi. El objetivo era matar a Ríos y Candioti y evitar el juicio oral. En la mira de Airaldi también estaba el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Airaldi escuchó la fundamentación del pedido de condena conectado en el penal de Ezeiza, donde fue alojado en el pabellón de presos de alto perfil tras conocerse el plan de atentar contra autoridades.
“Este Ministerio Público Fiscal tiene por absolutamente acreditado, luego de este extenso debate de casi cuatro meses, que se ha probado fehacientemente y sin lugar a dudas que Leonardo Airaldi dirigía una organización dedicada al comercio de estupefacientes integrada por una pluralidad de personas”, afirmó Candioti al comenzar su alegato.
Y agregó: “Los vecinos fueron concretos diciendo que había una pista de aterrizaje clandestina y ahí llegaba el estupefaciente”.
Detalló el fiscal general federal de Entre Ríos que imágenes tomadas por drones permitieron establecer que en el campo del acusado ruralista despegaban y aterrizaban aeronaves en un camino aplanado de entre 200 y 250 metros.
Por eso se solicitó al tribunal el decomiso de su estancia El Mirador, al considerar la fiscalía que fue utilizada “como un instrumento para la comisión de este delito”, en razón de su extensión, su ubicación estratégica sobre la costa del río y las dificultades de acceso al lugar
En el juicio también afloraron y se confirmaron datos sorprendentes sobre el tráfico de drogas en la Hidrovía Paraná-Paraguay. La gente de Airaldi usaba lanchas con motores preparados para ir a buscar la droga, que llegaba en avionetas que aterrizaban en la zona de islas.
De acuerdo a los consignado por el Ministerio Público Fiscal en su sitio web de noticias, Candioti señaló que, en paralelo, Airaldi también fue investigado por la Policía de Entre Ríos, cuyos agentes recogieron testimonios coincidentes sobre “movimientos raros por la noche”, la salida de embarcaciones y la existencia de una pista clandestina.
Ese alegato fue presentado por la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado para este debate por las juezas Noemí Marta Berros, Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello. El mencionado juez Ríos, blanco del frustrado atentado, había investigado a la banda en la etapa que permitió elevar la causa al debate oral.
Durante este juicio se escuchó el testimonio del principal acusado. En esa ampliación de la indagatoria de manera presencial frente al tribunal, Airaldi había trazado una estrategia de negar los cargos de tráfico y venta de drogas y sostener que solo es consumidor de sustancias ilícitas. De esa forma buscó justificar los mensajes codificados que los fiscales resaltaron al mencionar las llamadas que fueron interceptadas por los investigadores.
Sobre los audios en los que se lo escuchaba hablar de cocaína, dijo que eran conversaciones entre consumidores. “Es muy normal que entre consumidores uno diga ‘haceme la ondita’. ‘Haceme la ondita’ no es vender, es comprar”, sostuvo. Y trazó una analogía que resonó extraña en una sala donde se lo juzga por narcotráfico: comparó la práctica de convidar cocaína con la de invitar a alguien a tomar un buen vino.
La fiscalía apuntó contra esa línea de defensa. En los alegatos se hizo referencia a una conversación de 2022 en la que uno de los involucrados mencionaba haber cobrado $10.000.000 “por salir a pescar”. Sobre ese intercambio, el fiscal Candioti sostuvo que “es indudable que estaban hablando de comercio de tóxicos”.
Además de la pena para Airaldi, los fiscales solicitaron que sean condenados como coautores Juan Andrés Erbes, a 7 años de prisión; Sebastián Agustín Armocida, a 6 años y 4 meses; y Roberto Fabián Coronel, a 6 años. Para Joel Schonfeld y María Soledad Touzet, considerados partícipes secundarios, requirieron penas de 4 años y 6 meses y de 3 años y 3 meses de prisión, respectivamente. Respecto de Touzet, los representantes del MPF señalaron que tuvieron en cuenta su situación desde una perspectiva de género, a partir de la declaración que brindó durante el debate, en la que se mostró amenazada por Airaldi.
También se reclamaron penas para Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez, a quienes los fiscales identificaron como los “eslabones más débiles” de la estructura criminal, por lo que se reclamó una condena de 3 años y 2 meses de prisión para el primero de los mencionados y de 3 años de ejecución condicional para los dos restantes.
El 1° de julio próximo será el turno de los alegatos de las defensas, etapa que está previsto que prosiga luego de la feria judicial, con audiencias programadas para el 30 y 31 de julio. El veredicto se conocería el próximo 13 de agosto.
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