
Pidieron hasta 9 años de prisión para los narcos que tenían casi 660 kilos de cocaína ocultos en el vestidor de un country
El secuestro de los estupefacientes fue conocido como Operativo Atlantis; cuatro sospechosos están sentados en el banquillo de los acusados
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La investigación fue conocida como Operativo Atlantis. Se trató de un procedimiento donde se secuestraron 1548 kilos de cocaína: casi 660 en el vestidor de una casa de un country de Canning y 889 en una cabaña con muelle en Escobar. La droga iba a ser trasladada a Europa oculta en veleros. Ahora, los sindicados narcos detrás del plan criminal podrían recibir penas de hasta nueve años de prisión.
El pedido de pena fue solicitado por los fiscales Diego Iglesias y Patricia Cisnero, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y la auxiliar fiscal del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal La Plata, Brenda Brandwajnman Boffi ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, a cargo del juicio. En la instrucción tambien había intervenido la fiscal Cecilia Incardona.
En su alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal hicieron referencia a la existencia de una “organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, particularmente de clorhidrato de cocaína, que se valía principalmente del medio fluvial y marítimo para transportar ingentes cantidades de narcóticos entre Sudamérica y Europa, siendo el destino predilecto España, donde residen los principales referentes de esta estructura”, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Los fiscales pidieron que Héctor Goñi, de 49 años, y Gustavo Enrique Fabricius, de 57, sean condenados a la pena de nueve años de prisión al ser considerados culpables de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, en las modalidades de transporte y almacenamiento, agravado por la intervención organizada de, al menos, tres personas.
Además, solicitaron que Gabriel Fuentes, de 52 años, y Marcelo Castillo, de 60, sean condenados a las penas de ocho años de prisión al considerarlos coautores de tráfico ilícito de estupefacientes, en las modalidades de transporte y almacenamiento, agravado por la intervención organizada de, al menos, tres personas, y lavado de activos de origen ilícito.
En el alegato pidieron que se homologuen los acuerdos de juicio abreviados firmados entre diciembre y abril pasados con los imputados Marcelo Ciarlando Véliz, de 64 años, Sebastián Merino, de 50, y el ciudadano español Mohammed El Asri Klaloussi, de 33.
Según el acuerdo de juicio abreviado, Ciarlando Véliz recibiría una pena de seis años de cárcel, Merino, tres años y diez meses de prisión, y El Asri Klaloussi, tres años, 10 meses y meses y 9 días.

Como informó LA NACION en su momento, la causa que derivó en la detención de los sospechosos y el secuestro de la cocaína había comenzado en 2018, con los datos aportados por un testigo de identidad reservada.
Ese testigo, que en otras causas declaró como arrepentido, era Diego Xavier Guastini, ejecutado por un sicario el 28 de octubre de 2019 en Quilmes.
Guastini era quien se encargaba de entrar en la Argentina valijas llenas de los dólares y euros que se pagaban en Europa por valiosos cargamentos de cocaína. Cobraba un porcentaje por sus servicios. También se habría encargado de la “ingeniería” para lavar las ganancias de las bandas narco para las que trabajaba.
Según se desprende de la causa, al que tuvo acceso LA NACION, el jefe de la banda es un argentino detenido en España por el millonario cargamento de cocaína secuestrado en 2020 en Marbella. Se trata, según el expediente judicial, de Diego Marano.
A Marano le decían “jefe” los demás integrantes de la organización criminal, según las escuchas telefónicas incorporadas en el expediente.
El presunto jefe de la banda está preso en España desde abril de 2020, tras el secuestro de 1500 kilos de cocaína en un departamento de Marbella.
En medio de la investigación, a principios de junio de 2022, un comando conjunto antidrogas de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval detectó un incremento en las actividades de la banda.
“Por la información surgida de las tareas de vigilancia y, sobre todo, por una escucha telefónica, sabíamos que la banda estaba por mover un cargamento importante”, habían sostenido, en su momento, a LA NACION una fuente de la investigación.
Ante las pruebas reunidas, los investigadores tuvieron la certeza de que un cargamento iba a ser movido a orillas del río Paraná.
“Hubo seguimientos desde la zona del country El Centauro hasta Escobar, donde parte de la banda ocupaba una cabaña con muelle sobre el río Paraná”, agregaron las fuentes consultadas.
Poco después, gendarmes advirtieron que había tres embarcaciones que navegaban a través del río Paraná, intercalando paradas en los muelles de dos viviendas. Los uniformados observaron la faena que allí se desarrollaba: varias personas que realizaban un “pasamanos” de pesadas bolsas desde las viviendas hacia las lanchas. Esta maniobra justificó un seguimiento controlado en el agua, al cabo del cual se constató cómo la embarcación se situó de lado junto a un velero identificado como Quo Vadis, amarrándose a él con coderas.
El velero, según consta en el expediente, había sido comprado un mes antes, por 5.000.000 de pesos, que se pagaron en efectivo. “La embarcación fue adquirida con dinero proveniente del narcotráfico”, dijo una fuente del caso,
En ese momento, ambas embarcaciones fueron interceptadas; fueron detenidos seis sospechosos.
Los investigadores revisaron una camioneta en la que se trasladaba parte del grupo criminal y que estaba estacionada en puerta de una de las cabañas alquiladas donde secuestraron 392 kilos de cocaína. En el inmueble decomisaron otros 497 kilos.
Un día después, por orden del juez Armella, se hizo un allanamiento en una de las casas del country El Centauro donde, en un vestidor, se descubrió el resto de la cocaína, 658,74 kilos de cocaína.
Cuatro años y medio después del secuestro de la cocaína, el tribunal definirá el destino de los acusados.



