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Pidieron la pena de prisión perpetua para el acusado de abusar sexualmente y matar a Micaela García
La fiscalía y la querella coincidieron en la solicitud de la máxima sentencia para Néstor Pavón como coautor del crimen; Sebastián Wagner fue condenado en el primer juicio
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GUALEGUAYCHÚ.- El segundo juicio oral por el femicidio de Micaela García ingresó hoy en su etapa decisiva en los Tribunales de Gualeguay, donde fiscales y querellantes solicitaron que Néstor Roberto Pavón sea condenado a prisión perpetua y que se dicte la prisión inmediata tras la lectura del veredicto, en caso de ser hallado culpable.
El debate estuvo presidido por los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali. La acusación fue sostenida por los fiscales Gamal Taleb y Maite Burruchaga, junto a los abogados Marcelo Boeykens y José Iparraguirre, quienes representaron como querellantes a los padres de Micaela, Néstor García y Andrea Lescano. En tanto, la defensa técnica del imputado estuvo a cargo de los letrados Ramón Elías Salto y Edwin Henrry Valenzuela Rojas.
Durante los alegatos finales, la parte acusadora calificó el crimen como “un típico acto de violencia machista contra una mujer indefensa” y sostuvo que existió una “cacería planificada” con un reparto funcional de tareas entre Pavón y Sebastián Wagner, quien cumple prisión perpetua desde 2017 como autor del hecho. Bajo esta premisa, solicitaron que Pavón sea condenado como coautor por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, violencia de género y críminis causa (para ocultar el abuso).
Hacia el final, la lectura del abogado Marcelo Boykens de un antiguo tuit escrito por la propia Micaela meses antes de su asesinato, conmovió la sala: “No puedo ni quiero dejar de indignarme por los casos de femicidio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando este sistema machista? Ni una menos”. Las palabras expuestas en la pantalla sumaron la voz de Micaela en el cierre de los alegatos y la certeza de que además de ser una víctima, fue una militante social y política contra la violencia machista.
Además de la pena máxima y la detención inmediata, los fiscales y la querella formularon una serie de requerimientos complementarios dirigidos tanto al imputado como al Estado. Solicitaron que los datos genéticos de Pavón sean incorporados al Registro de Defensa de la Integridad Sexual, donde se asientan la identidad y el perfil de ADN de las personas condenadas por delitos de violación y abuso sexual.
Por su parte, la querella pidió que el imputado realice una capacitación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres, tal como lo establece la Ley Micaela, originada en la conmoción y movilización social que produjo el femicidio en abril de 2017.
Asimismo, instaron a las autoridades públicas a que se imponga el nombre de Micaela García a una calle o un espacio público de Gualeguay, que se instale una placa conmemorativa en el lugar donde Micaela fue secuestrada y que se instale un banco rojo en una plaza de la ciudad, como símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Los defensores Ramón Elías Salto y Edwin Henrry Valenzuela Rojas solicitaron al tribunal la absolución de su defendido. Los abogados argumentaron que no existen pruebas objetivas directas que vinculen a Pavón con el hecho más allá de los dichos de Wagner, al tiempo que cuestionaron la validez de someterlo a un segundo juzgamiento.
A lo largo del proceso, que contó con la declaración de peritos, investigadores y allegados, uno de los ejes centrales fue el cruce de acusaciones entre ambos hombres. Mientras que Wagner declaró como testigo y señaló directamente a su ex empleador como responsable de haber asesinado a la joven, Pavón brindó declaración indagatoria anteayer durante casi cuatro horas, instancia en la que negó cualquier participación y responsabilizó exclusivamente a Wagner, con un testimonio plagado de contradicciones.
La espera del veredicto
El femicidio de Micaela García, estudiante de Educación Física y militante social de 21 años, conmocionó al país en abril de 2017 y dio origen a la Ley 27.499, que dispone la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres en los tres poderes del Estado. En aquel primer juicio, el tribunal entrerriano había condenado a Pavón únicamente a cinco años de prisión por encubrimiento agravado, una sentencia que fue anulada en diciembre de 2024 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras considerar que existió una valoración arbitraria de las pruebas.
Durante el desarrollo del juicio en los Tribunales de Gualeguay, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, junto a la Asamblea de Mujeres y Disidencias, acompañaron a la familia sosteniendo una amplia movilización afuera de la sala donde se desarrolló el debate oral y público.
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