Prisión preventiva para el pasajero que no pagó el viaje en taxi de Retiro a Rosario

Seguirá detenido el empleado judicial que se negó a pagarle a un taxista el viaje desde Retiro hasta el edificio de los tribunales provinciales de Rosario, situado en la esquina de Balcarce y Pellegrini. En las últimas horas, el juez Florentino Malaponte dictó la prisión preventiva contra el acusado, de 30 años.

La prisión preventiva contra el empleado judicial que se negó a pagarle $ 42.000 al taxista porteño, fue solicitada por el fiscal Franco Carbone. El hecho por el que fue acusado el hombre que se desempeña en la Justicia de Santa Fe ocurrió el martes pasado, cuando el imputado, de quien solamente trascendió su nombre de pila, Gonzalo, tomó un taxi en la terminal de ómnibus de Retiro hasta el Palacio de Justicia de Rosario.

Además de la estafa contra el taxista, el fiscal acusó al empleado judicial por encubrimiento, en un episodio ocurrido el 19 de mayo pasado cuando el imputado fue interceptado por la policía en el momento en que estaba en un automóvil con la patente que pertenecía a un vehículo robado y que poseía doble pedido de secuestro.

A partir de la reconstrucción del hecho, realizada por el representante del Ministerio Público, se determinó que el acusado abordó el taxi a las 2. Antes había pactado con el conductor el precio de viaje. Al llegar al destino, a las 5.20, el pasajero ingresó en el palacio de Tribunales, con la excusa de que iba a buscar dinero para afrontar el pago del viaje.

“Pasados diez minutos aproximadamente cuando el conductor del taxi ingresó en el edificio para buscar al pasajero con el fin de reclamar el pago por el viaje. Luego de varias horas, y a partir de la interveción policial y de varios testigos, se pudo encontrar y detener al imputado quién se encontraba vestido de manera distinta al momento de comenzar el viaje”, explicó el fiscal al describir el hecho por el que fue acusado el empleado judicial.

Al exponer los fundamentos durante la audiencia de imputación, el fiscal sostuvo que la conducta cometida por el acusado podría calificarse como una estafa debido a que “simuló una intención de pago al solicitar el traslado, con el conocimiento cabal de la imposibilidad de su concreción al momento de arribar a destino, cuando había una la voluntad inicial de no pagar, que se encubrió con la apariencia de solvencia que todo pasajero tiene al abordar este tipo de vehículos. Establecido así el viaje, el conductor engañado lo concretó sufriendo finalmente un perjuicio en su patrimonio que, sumado a las horas que tuvo que esperar para volver a la ciudad de Buenos Aires, las pérdidas en su economía ascendieron a la suma de $ 42.000″.

El otro episodio por el que fue acusado el empleado judicial ocurrió el 19 de mayo pasado. El imputado fue sorprendido por la policía en el estacionamiento de un hipermercado situado en el cruce de Boulevard Oroño y Ombú. Minutos antes, los efectivos de la fuerza de seguridad provincial habían sido alertados por un operador de las cámaras de seguridad que observó un rodado que tenía pedía de secuestro activo porque había sido robado el 3 de mayo pasado.

En el momento de ser interceptado por la policía, el acusado estaba a bordo de un Citroën C3, que tenía la patente de un Volkswagen T-Cross que había sido robado en Pasco al 800, por un grupo de delincuentes que apuntaron con armas al conductor del vehículo.

El 11 de mayo pasado, ocho días después de apoderse del rodado, los asaltantes usaron el Volkswagen T-Cross para concretar un robo en Entre Ríos al 2400. Esto significa que dicho vehículo tenía dos pedidos de secuestro activos: uno porque había sido robado y el segundo porque fue utilizado para cometer un asalto.

La patente de ese auto con doble pedido de secuestro fue colocada en el Citroën C3 en el que circulaba el empleado judicial. Hasta el momento, los investigadores no pudieron determinar si el acusado tuvo alguna relación con ambos robos.

Por Gustavo Carabajal

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