Procesaron a la banda que utilizaba una mina en la Puna para acopiar drogas

Una banda de narcotraficantes había comprado dos empresas mineras en la Puna salteña para mandar marihuana a Chile. Ambos emprendimientos estaban localizados estratégicamente a menos de veinte kilómetros de la frontera con el país trasandino, en el salar Río Grande, a casi tres mil metros por encima del nivel del mar. En los últimos días, el juez federal de Salta, Julio Bavio, procesó con prisión preventiva a dos de los tres integrantes de la banda y les impuso embargos millonarios. Mientras que los otros tres miembros de la organización delictiva fueron procesados, pero seguirán el desarrollo del sumario, en libertad.

En su resolución, el magistrado aceptó el pedido los fiscales federales Ricardo Toranzos, Eduardo Villalba y Diego Iglesias, a cargo Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), para procesar a los cinco miembros de la banda a la que le habían secuestrado 152 kilogramos de marihuana, que estaban ocultos en dos ruedas de auxilio de un camión encontrado en la playa de estacionamiento situada en la rotonda Limache, en el cruce de Paraguay y Tavella, en la ciudad de Salta.

Al investigar el origen y el destino de ese cargamento de marihuana, los funcionarios judiciales determinaron que el objetivo de la banda era llevar la droga hasta dos establecimientos mineros situados en la Puna salteña, cerca del límite con Catamarca y a pocos kilómetros de la frontera con Chile.

Durante el análisis de las ramificaciones del caso, los investigadores determinaron que las instalaciones de las Mineras Río Grande y La Puna, estaban abandonadas y derruidas, con imposibilidad de que se concretara explotación alguna del mineral de sal.

No obstante, uno de los procesados, que habría sido identificado como Raúl Filipovich, se había presentado en Registro Nacional de Precursores Químicos para comprar, por ejemplo, 150 kilogramos de permanganato de potasio, una sustancia que se utiliza en la fabricación de clorhidrato de cocaína.

En la investigación, la Justicia secuestró el permanganato de potasio en la casa del imputado. Para justificar el hallazgo, el acusado manifestó en su defensa, que dicha sustancia sería utilizada en la explotación del mineral de sal. Sin embargo, los funcionarios judiciales comprobaron que la minera en la que Filipovich figuraba como accionista no desarrollaba ninguna actividad y carecía de empleados.

Para la Justicia, ambas empresas mineras adquiridas por la banda constituían una fachada para simular que desarrollaba una actividad legal, cuando, en realidad, se usaban como lugar de acopio para los cargamentos de marihuana que serían llevados a Chile, en la altura de la Puna. Además, ambas mineras contaban con una ubicación estratégica, a pocos kilómetros de la frontera con Chile.

Tan altas están ambas mineras y tan hostiles resultaban las condiciones climáticas para sobrevivir y desarrollar cualquier actividad en la zona que, según consta en las grabaciones de las escuchas telefónicas, uno de los integrantes de la banda relató que se había apunado y no pudo llegar hasta la mina.

La droga llegaba a las minas, oculta en insumos transportados en camiones como el que fue secuestrado en una rotonda de la capital salteña.

Luego de revisar todas las pruebas halladas en los distintos allanamientos y después de analizar las grabaciones de las escuchas telefónicas, los funcionarios judiciales establecieron que el responsable de distribuir la marihuana en Chile habría sido Elías Exeni Vallejos, de 48 años, quien planificó y diseñó la ruta para llevar la droga mientras estaba detenido en una cárcel del país trasandino.

Según los fiscales, el presunto organizador y financista de la banda fue un sospechoso que habría sido identificado como Barakat Barakat. Un comerciante sirio, de 44 años, que habría aportado U$S 12.000 para costear las operaciones del grupo delictivo. Además, la pantalla de las mineras le sirvió a Barakat para continuar con la actividad paralela que desarrollaba: el tráfico de precursores químicos.

Barakat, es un viejo conocido de la Justicia federal. En julio de 2016, fue acusado, junto con su hermano Fadel, de integrar una red narco que, en una casa de Salvador Mazza, a pocas cuadras de la frontera con Bolivia almacenaba más de 80 toneladas de bicarbonato de sodio, uno de los materiales necesarios para fabricar cocaína a partir de la hoja de coca.

Los dos hermanos fueron acusados de abastecer productos químicos a una cocina narco instalada en Catamarca, aunque los investigadores sospechan que se trata de fuertes proveedores de precursores para los grandes laboratorios instalados en Bolivia.

A través de sus testaferros, Bakarat habría adquirido 1000 litros de ácido clorhídrico, 400 kilogramos de amoníaco, 1500 kilogramos de carbonato de sodio, 150 kilogramos de permanganato de potasio y cantidades no precisadas de cafeína, metil etil cetona, ácido sulfúrico y éter. Se trata de sustancias que solo pueden comprarse mediante la inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos, cuya comercialización está restringida porque, entre la variedad de aplicaciones legales que tienen, se pueden destinar al proceso para elaborar clorhidrato de cocaína.

Bakarat aparece mencionado en el proceso judicial que terminó conla condena contra el exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso.

Según fuentes judiciales, en noviembre de 2012, un grupo de investigadores comunicó al juzgado federal de Orán que intervendrían dos líneas telefónicas que pertenecían a Barakat Barakat.

A partir de la comunicación al juzgado que estaba a cargo del magistrado Reynoso, los funcionarios judiciales que investigaban al comerciante sirio advirtieron que, durante varios meses, Barakat Barakat, dejó de utilizar los teléfonos intervenidos y se reunía en forma personal con Eduardo Cansino, también procesado como presunto integrante de la banda liderada por el comerciante sirio.