Quién es la mujer que infundió temor en una ciudad con atentados incendiarios y se convirtió en la enemiga pública N° 1

ROSARIO.- El búnker narco no solo representa un problema por el consumo de drogas que se genera en sus cercanías, sino también porque que es un punto de permanente conflicto entre los grupos que manejan el narcomenudeo en los barrios de Rosario. Asesinatos, balaceras y amenazas supuran en estos entornos.

Una muestra de este esquema de violencia, que sustenta el negocio criminal, es lo que sucedió en el barrio La Tablada a principios de año. El 12 de enero pasado los operarios de una cooperativa barrial le pegaban mazazos a las paredes del mítico búnker, ubicado en Ayacucho al 4300, cuando apareció una joven de 27 años y los amenazó. “Vayanse porque los vamos a cagar a tiros”, gritó la mujer, después de que se retiraran los policías y funcionarios políticos que querían sacarse una foto con el primer kiosco de drogas derrumbado en el marco de la reciente adhesión de la provincia de Santa Fe a la desfederalización del narcomenudeo, que fue aprobada en diciembre pasado, tras el cambio de gobierno provincial.

Ese lugar lo manejaba la mujer que apareció de improviso ese día de extremo calor: Leila Schmitt, pareja de Alan Funes, un narco de 26 años que tiene un extenso historial y actualmente está preso en el penal de Ezeiza.

Alan Funes ganó notoriedad cuando a fines de 2018 se grabó disparando una ametralladora en la casa de su abuela, donde cumplía detención domiciliaria. A partir de ese video, que tenía como objetivo mostrar el poder de fuego de un grupo narco que conformaba con sus hermanos -dos fueron asesinados-, comenzó a transformarse en un engranaje rabioso de la violencia narco. Actualmente Funes está preso en la cárcel de Ezeiza,

En 2018 fueron asesinados sus hermanos Jonatan y Ulises. Dos años antes habían acribillado a su madre, Mariela Miranda. Los sicarios pertenecían al clan rival de la zona, los Caminos. Otro de sus hermano, Lautaro, está tras las rejas.

Todos conocían los antecedentes de violencia del clan Funes cuando Leila Schmitt amenazó a los operarios que demolían el búnker. Los operarios salieron corriendo. No quedó nadie. Fue el primer punto de ventas que se había derribado por orden de la Fiscalía de Rosario, que marcó el inicio del nuevo esquema de persecución en el fuero provincial del narcomenudeo, luego de que en diciembre la provincia adhiriera a la ley de desfederalización del microtráfico. Se buscó ese búnker porque es un emblema en un barrio atravesado por la violencia. Por lo menos dos generaciones del clan Funes habían estado a cargo de ese puesto de venta de drogas.

Leila Schmitt fue detenida e imputada por amenazar a los obreros, que abandonaron los picos y mazas y huyeron ante la figura de la mujer que es una narco pesada en la zona. En la audiencia establecieron que debía pagar una fianza de $400.000, que fue un chiste para sus bolsillos, porque ese dinero es recaudado en pocas horas de venta de drogas en La Tablada.

Un mes después volvió a caer presa. Y esta vez no fue por una amenaza, sino por estar ligada con un doble crimen, por lo menos al principio. Los homicidios ocurrieron el 13 de febrero en ese barrio, donde fueron ejecutados el taxista José Luis Assale, de 63 años, y el pasajero que llevaba Carlos Uriel Acosta, de 21. El blanco de los sicarios, según la investigación, era el hombre más joven, pero a la hora de apuntar los atacantes no tuvieron reparo en asesinar al conductor del taxi, que era oriundo de San Lorenzo.

La pareja de Alan Funes fue detenida, junto a otros soldaditos de la zona, tras la llegada de la policía al barrio, alertada por un llamado al 911. Más allá de esas capturas, un grupo de personas huyó por los techos de la casa de la familia Funes, que está ubicada al lado del búnker que en enero fue derribado.

Luego, la joven y su banda quedaron fuera del alcance de la hipótesis del doble crimen. Pero no pasó mucho tiempo hasta que fuese arrestada otra vez. Fue por orden del fiscal Pablo Socca, que investiga la saga de incendios contra autos en la calle que ocurrió hace poco más de tres semanas. El 13 de mayo pasado, en distintos allanamientos, se secuestró entre los escombros del búnker de la familia Funes, en Ayacucho al 4300, un bidón de nafta, que habría sido utilizado para sembrar terror en Rosario y mantener el miedo entre la población después de la seguidilla de cuatro crímenes que sacudieron la ciudad a principios de marzo.

En los ataques incendiarios, como en los asesinatos de los dos taxistas, el chofer de ómnibus y el playero de la estación de servicio, se encontraron amenazas contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par provincial, Pablo Coccoccioni. Funes es un hombre cercano a Esteban Alvarado, de quien se sospecha que es la sombra detrás de estos atentados, que el gobierno calificó de “narcoterroristas”.

En la audiencia, el fiscal Socca imputó a Schmitt, junto a Elisabet Aguirre y Carlos Cavallari, ordenar y planificar el incendio de 23 autos en la calle durante tres jornadas, el 27 de abril, el 3 de mayo y el 12 de ese mes.

El funcionario contó que se relevaron con cámaras de seguridad más de 4000 chapas patente para lograr identificar a los presuntos autores, que los testigos afirmaron que se movían en una Fiat Fiorino.

El juez Hernán Postma ordenó la prisión preventiva para los tres imputados. También hizo lugar al pedido de Socca de suspenderle todas sus visitas –a excepción de sus hijas– y las comunicaciones a Schmitt.

Búnkeres derrumbados

Ayer, por orden del Ministerio Público de la Acusación, fueron derribadas tres viviendas precarias en la zona norte de Rosario, donde hasta hace poco tiempo funcionaban como búnkeres. El operativo se realizó en Leonardo Fabio y Pizzurno, en la zona norte de Rosario, donde el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, explicó que los kioscos de droga que empezaron a demolerse “fueron lugares en torno a los cuales se generaron hechos de violencia altamente lesiva”.

En este caso como en otro que se investigaron anteriormente se revela que en torno a esas viviendas se llevaron adelante graves delitos como balaceras y homicidios.

“Hace varios años que estos puestos estaban vendiendo y desde el 2023 los tenían registrados por informes de la Justicia Federal. Nosotros también hicimos un total de 14 allanamientos de los cuales cuatro tenían relación con estos puntos de ventas”, señaló Merlo.

El funcionario advirtió que “hace 15 días atrás se secuestró material estupefaciente y tres de esos lugares se van a demoler, porque estuvieron vinculados a hechos de balaceras y homicidios. De esta manera, podemos tomar medidas que pueden darle un poco más de tranquilidad a la gente que vive en el barrio”.

“Ni bien están dados los supuestos legales habilitantes, se procede a la demolición justamente porque la política de microtráfico plasmada en la ley establece este accionar, al contrario cuando nos embarcábamos en una lógica que puede ser correcta de seguir una línea, eso derivaba en líneas de investigaciones muy largas. Entonces como medida urgente de esta forma se bloquea a este lugar para que no siga funcionando como búnker de drogas”, sostuvo, por su parte, el ministro Coccocioni.

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