Ponen en marcha en Rosario la ley antimafias para poner freno a una nueva generación de narcos
Por pedido del Ministerio de Seguridad Nacional y de fiscales antidrogas, el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz declaró la necesidad de una investigación especial en zonas específicas de la ciudad
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO. En una audiencia a puertas cerradas, bajo estrictas medidas de seguridad, y por pedido del Ministerio de Seguridad Nacional, la Justicia federal de Rosario declaró tres barrios de esta ciudad como “zona de investigación especial”, como prevé la llamada “Ley antimafia”, que fue sancionada este año.
Rosario se convirtió en el primer ensayo de esta nueva metodología de abordaje del crimen organizado, que –según indicaron fuentes de la cartera que encabeza Patricia Bullrich– busca cercar a grupos narcos que están en este momento en plena expansión y que representan una nueva etapa en la extensa historia del narcotráfico en Rosario.
En esta audiencia se estableció habilitar el uso de herramientas de investigación especial –según lo previsto en la Ley 27.786– dentro de un perímetro geográfico determinado de barrios de la ciudad de Rosario en función de la actividad de determinadas bandas y con el objeto, según remarcaron desde el Ministerio de Seguridad, “de fortalecer las capacidades del Estado para investigar, desarticular y desmembrar organizaciones criminales complejas mediante una intervención judicial excepcional, focalizada y provista de recursos ampliados en los planos procesal, logístico y operativo”.
Fuentes judiciales indicaron que la zona de investigación especial abarcará algunos barrios de Rosario, como 7 de Septiembre, Santa Lucía y Emaús, entre otros del noroeste de la ciudad, aunque aclararon que los operativos y las tareas de investigaciones se podrán desplegar en cualquier lugar de Rosario.
La puesta en funcionamiento de la ley antimafia se realizó bajo extremo secreto, ya que –según los funcionarios cercanos a Bullrich- la idea es actuar con todo el peso de la ley y de forma repentina, con el foco puesto en grupos criminales que crecieron de manera vertiginosa durante los últimos meses.
Se trata de una nueva generación de narcos, más jóvenes y con una estructura económica consolidad y de gran poderío, además de una operatividad mucho más profesional que la de las bandas que imperaron durante más de una década en la geografía narco rosarina, como Los Monos.
La decisión de poner en marcha esta normativa novedosa tiene que ver, según la mirada de los funcionarios del área de Seguridad Nacional, con actuar antes de que la situación escale a niveles más extremos y se ponga en riesgo todo lo que se logró hasta ahora con la baja de la violencia en la ciudad, donde los homicidios tuvieron el año pasado un descenso del 64% y durante 2025 no experimentaron grandes cambios.
Distintas investigaciones en los ámbitos federal y provincial apuntan a que actualmente gran parte del crimen organizado está funcionando como una especie de “cooperativa”, con distintos roles asignados, en la que convergen varios narcos de peso, en su mayoría, todos presos en penales federales.
La aplicación de la llamada ley antimafia, que es la primera vez que se pone en práctica en el país, empezó en Rosario, una ciudad en la que desde diciembre de 2023 actúan las fuerzas federales en el marco del Plan Bandera, en coordinación con la policía provincial y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Menos homicidios, menos violencia narco
Las estadísticas oficiales muestran un descenso de la violencia en el último año, que se mide en el registro de homicidios dolosos. Según datos del Observatorio de Seguridad Pública, los asesinatos en el primer trimestre de 2025 bajaron a nivel provincial con respecto al mismo periodo del año pasado. Se cometieron 59 asesinatos en toda la provincia, una reducción del 9,2%. En ese mismo lapso de 2024 se habían registrado 65 crímenes. En 2023, la cifra fue de casi el doble: 120 asesinatos. Entre 2023 y 2025 los homicidios se redujeron a la mitad.
La tendencia a la baja de los crímenes en toda la provincia tuvo una excepción: Rosario. En este departamento se registró un leve aumento del 5,7% respecto al trimestre anterior. En la capital provincial la caída fue del 6,3% en el mismo periodo.
El incremento de los asesinatos en Rosario, con todo, fue leve. En los tres primeros meses de 2025 se cometieron dos crímenes más que el año anterior (37 contra 35). Pero si uno contrasta esta cifra con la 2023, la baja es abrupta: en aquel trimestre se produjeron 70 homicidios.
Con la aplicación de la ley antimafia buscarán desarticular, con herramientas de investigación distintas de las convencionales, una nueva generación de narcos que surgieron en esta etapa, luego de que fueran encarcelados y se los mantuviera aislados a los principales líderes de los grupos criminales, como Los Monos, Esteban Alvarado, Los Funes y Caminos.
Entre los argumentos que se exponen en la resolución publicada en el Boletín Oficial en abril pasado figura que en Rosario “se verifica la comisión de determinados delitos específicamente enumerados, de forma reiterada, y cuya realización tiene por objeto evidente alguno de los siguientes supuestos: el beneficio de una organización, el desplazamiento o aniquilación de otra organización, el amedrentamiento de la población o la provocación de temor a las autoridades estatales”.
La resolución también señala que la legislación se puede aplicar “cuando resulta evidente que una organización pretende asegurarse el control de un territorio para la comisión de nuevos ilícitos, para continuar ejecutando los que ya se estuvieran cometiendo o para la sustracción de ese territorio del control de las autoridades” o “cuando los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley en esa área sean notoriamente insuficientes, previa conformación del Comité de Crisis previsto en la Ley de Seguridad Interior”.
Entre las consideraciones para la puesta en marcha de la ley antimafia, el Ministerio de Seguridad Nacional recordó que, en Rosario, “hechos delictivos de extrema gravedad” han generado una situación de “conmoción social” que impulsó al gobernador Maximiliano Pullaro a pedir a la cartera que conduce Bullrich la convocatoria a un comité de crisis, como ocurrió en marzo de 2024, cuando se produjo una serie de asesinatos que tuvo como objetivo a trabajadores de transporte público, lo que provocó un fuerte impacto en la ciudad. Aquello fue definido como “narcoterrorismo”.
El funcionamiento de ese comité de crisis se prorrogó y actualmente continúa vigente.
Según información reservada que recolectó la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en Rosario operan actualmente organizaciones criminales que desarrollan conductas vinculadas con los delitos contemplados en la ley antimafia, que endurece las penas para quienes formen parte o colaboren con bandas narco y que generen violencia, con condenas de 8 a 20 años.
La nueva normativa también habilita a que los miembros de estas organizaciones puedan recibir la pena del delito más grave cometido por el grupo, es decir que se eliminan las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serán penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal.
Además, entre las herramientas novedosas que plantea la ley se cuentan el acceso a comunicaciones digitales, que a partir de ahora –según prevén en la cartera de Seguridad- será más rápido y aceitado. Una de estas cuestiones tiene que ver con la interceptación no solo de comunicaciones telefónicas, sino también de mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación.
“Con el fin de no malograr una pesquisa, se podrá continuar la cadena de interceptaciones que surjan de las comunicaciones previamente interceptadas”, señala la ley. De esa manera, en una investigación se podrán vincular los teléfonos o las plataformas que utilicen integrantes de un clan criminal. Antes, estas maniobras judiciales dentro de una investigación demoraban y conspiraban muchas veces con la pesquisa.
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