Rosario: Separan del cargo a un comisario por el presunto robo de dólares secuestrados en un procedimiento

ROSARIO.– El jefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), organismo que interviene en casos de narcomenudeo, tras la adhesión el mes pasado de Santa Fe a la ley desfederalización de la lucha contra la venta minorista de drogas, es investigado por la desaparición de una importante suma de dólares que se incautaron tras un allanamiento.

Según informaron a LA NACION fuentes del gobierno de Santa Fe, el comisario Juan Ochoa fue apartado del cargo y pasado a disponibilidad, luego de que la fiscal Karina Bartocci comenzara a investigar una causa en la que ese oficial de la policía provincial está acusado de “haberse apropiado ilegítimamente de parte de un secuestro que tenía en la esfera de su custodia, consistiendo en la suma de US$2600, y haber depositado en el banco a la cuenta de la investigación dinero falso a cambio del dinero apropiado con el fin de ocultar el hecho”.

Ante esta situación, la fiscal ordenó el arresto preventivo de Ochoa, cuando estaba en su oficina de la Policía de Investigaciones (PDI), pero luego fue excarcelado para que pueda afrontar la investigación en su contra en libertad.

Ochoa se desempeñaba durante la gestión de Omar Perotti en el área de Drogas Peligrosas y este mes fue derivado a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), que se ocupa de investigar este tipo de delitos que desde fines de diciembre están en la órbita provincial, tras la adhesión de Santa Fe a la llamada ley de narcomenudeo.

La Justicia allanó, además, la casa del policía, pero no pudieron encontrar los dólares que se habrían cambiado. La investigación por el faltante de esas divisas surgió luego de que el caso fuera denunciado en el área de control policial. Lo que refiere esa denuncia, según las fuentes oficiales, es que en una serie de allanamientos que se produjeron 7 de enero pasado se secuestraron US$20.000. Sin embargo, a la hora de llevar la plata para el depósito judicial correspondiente, US$2600 habían sido cambiados por billetes truchos. Se sospecha que se hicieron fotocopias para simular que el dinero no faltaba.

Como no hay evidencia hasta el momento que acredite que el comisario hurtó ese dinero, se lo demoró y se incautaron los libros de guardia de la sede de la división de Microtráfico de la PDI del 7 al 11 de enero, y también su teléfono celular, que será peritado.

Más allá de la investigación contra el comisario que estaba a cargo de la lucha contra los clanes de drogas, desde que asumió la gestión de Maximiliano Pullaro se repiten ataques y amenazas contra el gobernador. En la noche del pasado lunes ocurrió un nuevo atentado a balazos contra un colectivo en el barrio Acíndar. Este hecho violento provocó no solo conmoción entre los vecinos, sino que también generó que durante varias horas el barrio quedara aislado, porque los ómnibus no ingresaban más por temor a nuevas balaceras.

El ataque provocó temor entre los trabajadores porque el 2 de diciembre pasado fue asesinado un chofer de la línea de colectivos 130 en un ataque con sicarios en la zona noroeste de la ciudad.

A la par de la balacera contra el colectivo se produjo otro episodio que estaría relacionado: el ataque a balazos contra el bar de una estación de servicio.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en Winter al 3800 y los tiros fueron contra una unidad de la línea 130. En la cabecera de ese servicio de Rosario Bus, se estableció un operativo policial con vallado, toma de pruebas y secuestro de vainas servidas.

Los agentes que actuaron en el caso informaron que fueron dos impactos de bala contra el colectivo: uno en el parabrisas y otro en la parte derecha a la altura de la rueda delantera. Los atacantes dejaron una nota con una amenaza al gobernador, algo que se repite desde el 12 de diciembre pasado, cuando Pullaro ordenó el reagrupamiento de los presos de alto perfil de las cárceles de Piñero y Coronda, en Santa Fe.

Tras el ataque contra el colectivo, durante la madrugada de ayer se produjo otro ataque contra una estación de servicio, donde también dejaron una nota amenazante. Fueron cuatro impactos de bala que quedaron marcados contra la vidriera del minimarket de la estación de servicios ubicada en Avellaneda y 27 de Febrero.

El sábado pasado, a la noche, fue baleada la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), una fuerza considerada de élite en Rosario. Los atacantes, que se desplazaban en un auto gris, dejaron un cartel con una advertencia en la puerta del edificio, ubicado en Rouillón e Ituzaingó, en el distrito oeste de la ciudad. Luego se trasladaron unos 50 metros y abrieron fuego contra uno de los laterales del predio.

El espiral de amenazas y atentados contra Pullaro tuvo su origen en las medidas que tomó dos días después de asumir en los pabellones de alto perfil del penal de Piñero, ubicado a 25 kilómetros de Rosario.

Es que se reagrupó a los internos que estaban alojados en cuatro pabellones. Allí se encuentran sicarios de Los Monos y de otras bandas, como la que maneja Francisco Riquelme, un hombre que fue uno de los gestores de la guerra narco en el oeste de Rosario, donde se centra el foco de los homicidios.

Un mayor control en los pabellones donde están los narcos equivale a perder dinero. Por eso, Riquelme, uno de los narcos más peligrosos de la zona oeste de Rosario, se llenó de rabia. Estaba preso en la Unidad Penal Nº 1 de Ezeiza, donde amenazó a los directores de la cárcel.

“Prendan la tele hoy a la noche. Van a ver lo que voy a hacer. Los voy a cagar a tiros a todos ustedes. Voy a cagar a tiros una comisaría de Rosario hoy. Se van a querer matar, van a ver lo que voy a hacer”, gritó, según se reveló en una audiencia realizada en la justicia provincial.

Riquelme cumplió esa amenaza. Ordenó balear la comisaría 19 de Rosario. Horas más tarde, según la investigación del fiscal Franco Carbone, dos soldaditos iban a disparar contra la escuela Paulo IV, pero se cruzaron con una patrulla de la Policía de Acción Táctica con los que se enfrentaron a tiros. Fueron detenidos cuando tenían un cartel con amenazas a Pullaro, y en uno de los celulares que tenían Carlos Moreno y Alejandro Acosta, los tiradores detenidos, figuraban las comunicaciones con Riquelme.

Otro dato clave fue que en una mochila tenían guantes de látex negros, los mismos que usaron los atacantes en la seccional policial y en otro atentado que ocurrió el 12 de diciembre en una sucursal del banco Macro y en la guardia del hospital de Emergencias. Allí también se habían dejado amenazas contra Pullaro.

A los mayores controles contra los presos de alto perfil, que tocó el negocio mafioso que opera dentro de las cárceles, se sumó otro punto que también genera fricción, porque apunta a mermar la recaudación de los grupos criminales, como es el derribo de los puntos de venta de drogas, una medida que se empezó a implementarse la semana pasada, como consecuencia de que en diciembre pasado Santa Fe adhirió a la llamada ley de narcomenudeo, que ahora está bajo la órbita de la justicia provincial. Justo esa tarea había sido encomendada al comisario que ahora es investigado por el robo de dólares en un procedimiento.

La Prefectura Naval Argentina incautó ayer 289,6 kilos de cocaína en la rada del puerto de La Plata, en un operativo que incluyó dos guardacostas y un helicóptero de esa fuerza federal, bajo el mando del Ministerio de Seguridad.

La autoridad marítima nacional cerró ayer con éxito una importante acción contra el narcotráfico en aguas argentinas que comenzó con un intenso trabajo de inteligencia ordenado por la cartera de seguridad y culminó con un secuestro muy significativo de droga.

Advertidos por estas pesquisas, la fuerza dispuso que el guardacostas Lago Colhue se posicione en la zona de la rada del puerto de La Plata para frustrar la operación narco. Una vez allí, el personal detectó inicialmente dos paquetes naranjas a la deriva. Los prefectos retiraron del agua los elementos sospechosos y, tras practicarles una prueba narcotest, constataron que se trataba de cocaína.

Sabiendo por las investigaciones realizadas que la maniobra delictiva era aún más grande, los responsables del operativo continuaron con la búsqueda, a través del guardacostas Bahía Blanca, que procedió a patrullar la zona de fondeo y a la espera de practicaje. Así, ordenaron una acción coordinada con el helicóptero PA-42, también de la Prefectura. Merced a ese despliegue, se detectó un grupo de siete bultos flotantes que contenían la misma droga. Antes de dar por terminado el procedimiento, la tripulación del Lago Colhue halló un nuevo paquete, lo que sumó un total de diez, en los cuales había 289,6 kilos de cocaína distribuida en 248 panes, con un valor de mercado de supera los 1560 millones de pesos.

Se investiga si formaba parte de ese cargamento un bolso con unos 20 kilos de cocaína que fue encontrado a la vera del Río de la Plata, en Ensenada.

Por Germán de los Santos

• Rosario

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