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Santa Fe realizó una nueva subasta de bienes recuperados del delito
Se remataron motos, autos, bicicletas, una vivienda, lanchas y máquinas arcade retro para restaurar
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LA NACION
El gobierno de la provincia de Santa Fe realizó una nueva subasta de bienes decomisados en causas judiciales vinculadas al delito y al narcotráfico. Durante el jueves y viernes últimos se remataron 224 lotes, entre los que había motos, autos, bicicletas, una vivienda en Rosario, lanchas y máquinas arcade retro para restaurar, según informó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
Se trata de la sexta subasta de este tipo realizada desde la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro en diciembre de 2023 y, de acuerdo con el gobierno provincial, fue la que registró la mayor cantidad de interesados, con cerca de 9000 personas inscriptas de distintos puntos del país.
Entre los bienes subastados hubo 91 motos, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble ubicado en la ciudad de Rosario y diez máquinas arcade. Antes del remate, los lotes fueron exhibidos en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.
“No alcanza solamente con encontrar e incautar estupefacientes, derribar bunkers, detener a ‘soldaditos’ u ordenar las calles. Hay que seguir la trazabilidad del dinero que genera ese negocio ilícito, identificar quiénes son los facilitadores de movilizar y convertirlos en bienes aparentemente legales”, señaló el secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cunha.
Uno de los aspectos centrales del sistema, según las autoridades santafesinas, es el destino de los fondos obtenidos. La ley provincial 13.579 establece que el dinero recaudado no ingresa a rentas generales, sino que debe ser reinvertido en programas sociales, proyectos de prevención y tratamiento de consumos problemáticos, iniciativas de salud mental, fortalecimiento de escuelas públicas y asistencia a víctimas de delitos.
Durante cada subasta, el Aprad, dedicado específicamente al remate de activos decomisados y la rematriculación registral previa de vehículos, traza los datos de los compradores para asegurarse que quienes participen de las subastas no tengan ninguna vinculación con los delincuentes condenados.
Según datos oficiales, los recursos provenientes de estas subastas ya permitieron beneficiar a unas 100 instituciones, entre escuelas, clubes de barrio, asociaciones civiles y centros de jubilados. Además, se destinaron alrededor de 400 millones de pesos al resarcimiento de víctimas.
Desde el gobierno provincial sostienen que la estrategia apunta no solo a perseguir a quienes participan directamente en actividades delictivas, sino también a desarticular los circuitos económicos que sostienen a las organizaciones criminales. En ese marco, remarcan la importancia de identificar, administrar y recuperar bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.
Como ejemplo de esa política, la provincia recordó la condena dictada en abril de 2026 contra el abogado Iván Carlos Méndez, quien recibió una pena de seis años de prisión, multa e inhabilitación para ejercer la profesión tras admitir delitos vinculados a asociación ilícita, encubrimiento agravado y lavado de activos.
De acuerdo con la investigación, actuaba como intermediario entre líderes de bandas narcocriminales detenidos en cárceles federales y personas en el exterior, facilitando maniobras relacionadas con el narcotráfico y la administración de bienes de origen ilegal.
