Condenan a un abogado que hacía de intermediario de los narcos que están alojados en pabellones de alto perfil
Iván Méndez, que estudió Derecho y se recibió en la cárcel, fue sentenciado a seis años de prisión
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.- Iván Carlos Méndez, quien se recibió de abogado en la cárcel y cumplió dos condenas por narcotráfico, ofrecía un servicio adicional: era una especie de intermediario entre los jefes narco de Rosario y Buenos Aires que se encuentran bajo el régimen de alto perfil dentro de los penales federales y los miembros de las organizaciones y sus familiares.
Él era quien rompía el aislamiento de los capos criminales -como Ariel y Uriel Cantero, líderes de Los Monos; Mario Segovia, “el rey de la efedrina”, y el expiloto de avión peruano Julio Rodríguez Granthon, entre otros- y llevaba y traía información delicada, como los nombres de las personas que debían ser asesinadas.
Esta semana el juez federal de Garantías de Rosario Carlos Vera Barros condenó a Méndez a seis años de prisión y la inhabilitación por ocho años para el ejercicio de la profesión. La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado presentado por la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario.
Méndez, de 53 años, fue hallado culpable de seis delitos: asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, lavado de activos agravado por haber sido cometido como integrante de una banda, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, confabulación para el tráfico de drogas y acopio de piezas y municiones de armas de fuego.
No era un abogado convencional: Méndez se recibió en la cárcel mientras cumplía dos condenas por narcotráfico dictadas por el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de San Martín. Con la matrícula en mano construyó un negocio distinto del de la clásica defensa penal.
Los fiscales lo definieron como un “nexo sistemático” entre jefes de organizaciones narcocriminales detenidos bajo el régimen de alto riesgo y sus estructuras en el exterior. Usaba su condición de letrado para ingresar a los penales federales, entrevistarse con los internos y retransmitir directivas a personas en libertad, eludiendo los controles del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (Sigpplar).
La lista de presos con los que mantenía contacto era un mapa de la criminalidad organizada del país: Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico y señalado como uno de los principales abastecedores de cocaína en Rosario; Segovia, sentenciado por tráfico internacional de precursores químicos y contrabando de armas; Martín Lanatta, condenado a perpetua por el triple crimen de la efedrina en General Rodríguez; Uriel Luciano Cantero, integrante de Los Monos; César Morán de la Cruz, referente narco del barrio Padre Carlos Mugica, del barrio porteño de Retiro, y Cristian Avalle, condenado a perpetua e identificado como ladero de la banda de Ariel Guille Cantero, líder de Los Monos.
Un papel para un sicario
La investigación contra Méndez se inició de manera fortuita. El 29 de enero de 2025, René Ungaro, uno de los narcos más violentos de Rosario, le entregó un papel a su madre durante una visita en el penal federal de Marcos Paz. Un agente penitenciario detectó la maniobra y requisó a la mujer.
En el papel había un nombre −el de una persona a la que Ungaro había decidido asesinar− y un número de teléfono de Buenos Aires. Ese contacto pertenecía a Méndez. El crimen no se concretó, pero el hallazgo disparó las pesquisas que terminaron en la detención del abogado.
Lo que llamaba la atención de los investigadores era la cantidad de presos que Méndez visitaba sin vinculación aparente entre sí. No era un patrón propio de un abogado defensor: era el de un operador.
Su principal cliente era Rodríguez Granthon. Desde febrero de 2025 mantuvieron comunicaciones casi diarias. El mecanismo era simple: Granthon llamaba desde el teléfono público de la cárcel a Méndez, quien con otro aparato contactaba a Lucila Rioja, la pareja del expiloto peruano. Le informaba sobre propiedades, alquileres y la administración de bienes del condenado.
Los encargos también venían de parte de Segovia. El 7 de septiembre de 2025, el Rey de la Efedrina utilizó a Méndez como intermediario para negociar la compra de un campo vinculado a Morán de la Cruz. Ofrecía un valor irrisorio: mil dólares por hectárea. Los investigadores sospechan que el dinero provenía de actividades ilícitas.
Otro encargo tuvo un perfil más operativo. El 29 de julio, Cristian “Pupito” Avalle le ordenó a Méndez conseguirle un galpón en Rosario con capacidad para un camión. El lugar serviría para almacenar una carga de cocaína que Rodríguez Granthon bajaría desde el norte del país con su flota de avionetas. Avalle se encargaría de comercializar la droga en los territorios de Los Monos.
Méndez también participó en la venta de una casa de Rodríguez Granthon a Uriel Cantero por 15.000 dólares y un Fiat Cronos modelo 2021. Vivía en el barrio Padre Mugica, en una casa de Morán de la Cruz. Se movía en un Ford Mondeo y en una camioneta Ford EcoSport que le había dado Rodríguez Granthon como parte de pago. Era precavido: nunca iba con esos vehículos a la cárcel: dejaba el auto estacionado en Ciudadela, cerca de la avenida General Paz, y tomaba un colectivo hasta Ezeiza o Marcos Paz.
Fue detenido el 17 de septiembre de 2025 en la vivienda de Morán de la Cruz, en el barrio Mugica. En el allanamiento, los efectivos de la Policía Federal encontraron piezas de un fusil de asalto AR-15 calibre .223 con numeración limada, 120 municiones, cocaína y una balanza de precisión. Las piezas del arma eran similares a las que Segovia importaba y contrabandeaba desde el penal de Ezeiza, actividad por la cual el Rey de la Efedrina recibió una nueva condena de 13 años de prisión en abril de 2025.
El caso de Méndez no fue aislado. Meses antes, en agosto de 2024, había caído otro letrado que cruzó los límites de la profesión: Gregorio Gómez, un penalista rosarino que visitaba regularmente a Fabián Pelozo, alias Calavera, en el penal de Ezeiza. Pelozo, socio del narcotraficante boliviano Jorge Adalid Granier, lo usaba como mensajero tras la implementación del régimen de aislamiento.
Gómez no se limitó a transmitir directivas. Participó activamente en la logística de un envío de 460 kilos de cocaína desde el norte del país hacia Rosario. El cargamento fue interceptado por efectivos de la Gendarmería en la ruta 11, a la altura de la localidad santafesina de San Justo, en julio de 2024.
Gómez había visitado a Pelozo los días 7, 15 y 20 de junio, en las semanas previas al traslado. Los investigadores sospechan que en esos encuentros recibió los detalles para coordinar el movimiento de la droga.
Ambos casos exponen un fenómeno que preocupa a Procunar y al Ministerio de Seguridad Nacional.
El régimen de presos de alto perfil logró cortar las comunicaciones telefónicas que durante años permitieron a los jefes narcos operar desde la cárcel. Pero el aislamiento generó una adaptación: los abogados se convirtieron en el eslabón para romper el bloqueo. Son los únicos, junto con los familiares directos, que pueden acceder a los reclusos. Algunos lo hacen por presión. Otros, como Méndez y Gómez, por dinero o porque forman parte de las propias estructuras criminales.
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