Se entregó Raúl Sidders, el capellán acusado de haber abusado sexualmente de una menor en un colegio de La Plata

LA PLATA. El sacerdote Raúl Anatoly Sidders, actualmente destinado en el obispado de Puerto Iguazú y acusado de haber abusado sexualmente de una menor mientras era capellán de un conocido colegio católico de esta ciudad, se entregó este mediodía en la fiscalía platense. Según confirmaron a LA NACION calificadas fuentes de la causa, pidió declarar mientras se disponen las diligencias propias de la concreción del arresto.

Anoche, mientras efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de la capital provincial lo buscaban infructuosamente en Bella Vista, donde había fijado domicilio en el expediente penal, allegados a la defensa habían confiado a LA NACION que los abogados del párroco analizaban conducirlo directamente a los Tribunales platenses para "evitar el escarnio público" que hubiese significado la "foto" del capellán esposado y conducido por la policía a un patrullero.

Los hechos fueron denunciados ante la Justicia en agosto pasado y corresponderían a situaciones ocurridas entre 2004 y 2007, cuando la denunciante, a la que por razones legales solo se identifica como D., tenía entre 11 y 14 años y concurría al colegio San Vicente de Paul, dependiente del Arzobispado local, del que Sidders era capellán general y "guía espiritual" del alumnado.

Se señala especialmente un hecho de "abuso sexual agravado" que ocurrió cuando la denunciante tenía 13 años. Según el testimonio de la chica en Tribunales, a partir de los primeros episodios y ante la reiteración de hechos la chica intentaba evitar todo encuentro con el religioso, y durante el último año de cursada directamente dejó de asistir a clases.

Según lo volcado en el expediente judicial, el cura habría obligado a la víctima a "colocar sus manos en los bolsillos de la sotana y sentir su pene erecto, situaciones que acaecían en el patio de la institución y durante los recreos, y que provocaron un grave daño en la salud mental de la niña".

Cerca del sacerdote acusado, que por ahora prefirió no hacer declaraciones públicas hasta tanto se desplieguen la acción de la Justicia y las pesquisas de la propia Arquidiócesis, se planteó un total rechazo de las imputaciones y un aliento a la investigación para esclarecer el asunto. Los abogados que patrocinan al religioso, Germán Oviedo y Ariel Doro, consideran que las pruebas contra su defendido son muy frágiles y sostienen que, según sus cálculos, el caso debería considerarse prescripto, tal como señaló Oviedo en diálogo con a LA NACION.

Un par de meses antes de que la denuncia fuera radicada en los tribunales de la capital bonaerense, Sidders fue trasladado a Misiones por pedido del obispo de Puerto Iguazú, Nicolás Baisi, que fuera obispo auxiliar en La Plata entre abril de 2010 y mayo de este año, cuando el Papa Francisco lo nombró al frente de la diócesis nordestina.

Con su decisión, el juez Crispo accedió a una solicitud de los abogados Pía Garralda y Juan Pablo Gallego, que representan a la víctima. Los letrados habían expresado su inquietud al fiscal interviniente, Álvaro Garganta, por una eventual fuga de Sidders, debido a que se halla en un territorio fronterizo.

En rigor, un primer pedido para prohibir al párroco su salida del país había sido denegado por el magistrado. Pero, ahora, la existencia de nuevos elementos en la causa habría determinado un cambio en su parecer.

Para los abogados de la denunciante existe un "cuadro probatorio abrumador". A poco de formalizada la presentación se inició una campaña a través de las redes sociales para intentar reunir nuevos testimonios que sirvan para incriminar a Sidders. Hasta el momento no se conoció información sobre los resultados de la iniciativa. No obstante, grupos vinculados con las víctimas de abusos eclesiásticos siguen ahora ese camino para reunir nuevos testimonios. Para ello se conformó un colectivo de exalumnos, docentes y padres autoconvocados.

Cuando se conocieron las denuncias, el arzobispo local, Víctor Fernández, encomendó al Tribunal Eclesiástico Interdiocesano, en cabeza del presbítero Javier Fronza, una investigación interna y dio instrucciones para que Sidders se mantuviera alejado de menores de edad. En tanto, desde el obispado de Iguazú se consideró que las acusaciones eran simplemente una falsa noticia.

Días atrás, cuando el fiscal Garganta elevó el pedido de detención contra el párroco, desde la sede del arzobispado parecieron querer desligarse del asunto al sostener que "el padre Sidders tiene sus propios abogados, que son quienes llevan el tema".

A poco de abierta la causa comenzó a circular por las redes sociales una nota confeccionada por las autoridades del colegio y dirigida a la comunidad educativa de la institución en la que se informaba que el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis platense había iniciado una ronda de consultas para intentar determinar la veracidad de las imputaciones.

Al trascender la denuncia a través de los medios de comunicación, los directivos distribuyeron un comunicado entre los integrantes de la comunidad educativa en el que buscaron transmitir tranquilidad y desacreditar las acusaciones contra Sidders. Rechazaron la hipótesis planteada por los denunciantes sobre un posible traslado motivado por las denuncias y aclararon que el cambio de destino del prelado a la diócesis de Puerto Iguazú, en Misiones, ya estaba dispuesto con anterioridad.