La tragedia ocurrida el lunes en las inmediaciones del Malba es, a no dudarlo, algo que podría haberse evitado, como tantas otras situaciones límite que tuvieron el mismo desenlace desde la sanción de la Ley de Salud Mental 26.657, en diciembre de 2010.
Diferentes hospitales del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires han sido escenarios donde la muerte fue el corolario de casos en los que pacientes psiquiátricos no habían podido recibir la atención adecuada a tiempo con todos los recursos disponibles, incluyendo el tratamiento psicofarmacológico eficaz y eventualmente la internación, debido a las restricciones que aquella ley impone para producir un imprescindible ingreso institucional.
Un dato muy importante: los pacientes psiquiátricos son solo en forma excepcional autores de hechos violentos; el caso del lunes entra dentro del 5% del total, nacional e internacional, y en el 95% restante ellos son las víctimas de la violencia. No obstante, en uno u otro caso deben ser protegidos, desde lo asistencial, lo social y lo judicial, y esto último, requiere un marco normativo que comprenda las complejidades del funcionamiento de la mente humana y las enfermedades que la aquejan. Para ajustar ese contexto legal de intervención, la participación de los psiquiatras argentinos es esencial.
Las dos víctimas fallecidas el lunes, un valeroso agente policial y un paciente que requería atención psiquiátrica urgente, podrían haberse salvado si existiera un texto legal diferente del actual, que permita articular todos los recursos disponibles para el tratamiento de pacientes sin que muchos psiquiatras se sientan intimidados por la utilización que a menudo se realiza de la ley 26.657; en ocasiones, cuando se producen situaciones extremas de peligro para la vida del paciente y de las personas a su alrededor, los teóricos se llaman a silencio.
Como complemento desafortunado de esta circunstancia se debe advertir el estigma que existe hoy alrededor de la enfermedad mental en nuestra sociedad, que involucra a familias que ignoran o niegan directamente lo que padecen sus parientes cercanos, y que no comprenden ni, menos aún, colaboran para la consulta psiquiátrica precoz.
Si algo le faltaba a esta trágica combinación, se agrega en estos tiempos excepcionales el encierro producido por la pandemia, que en todo el país priva de asistencia a innumerables enfermos psiquiátricos, que en forma masiva discontinuaron sus tratamientos.
¿Podemos aprender de la tragedia ocurrida en la esquina del Malba? Sí, pero será solo si hay un compromiso de las familias de los pacientes, con estos y de los lugares de asistencia psiquiátrica. Se requiere una toma de conciencia social sobre esta problemática y que los legisladores puedan modificar aquella ley en cuya elaboración no participó ninguna facultad de Medicina de la Argentina -o mejor aún, dejarla sin efecto- y, finalmente sí, convocar a las sociedades psiquiátricas para que presenten sus proyectos destinados a producir un nuevo protocolo normativo que proteja el futuro de nuestros pacientes y de la sociedad toda.
Por Andrés Mega, Médico Psiquiatra y Profesor Universitario
