Según Capitanich, hubo "acciones deliberadas de grupos determinados"

El jefe de Gabinete dijo que Córdoba no solicitó el envío de gendarmes como lo prevé la ley
Mariano Obarrio
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6 de diciembre de 2013  

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , denunció ayer que los saqueos en Córdoba y Buenos Aires fueron "acciones deliberadas de grupos determinados" que se están investigando, aunque desistió de identificar a esos grupos. También defendió la decisión del Gobierno de no enviar la Gendarmería a Córdoba porque "no hubo un requerimiento formal", como estipula la ley de seguridad interior, por parte del gobernador José Manuel De la Sota, aunque éste dijo lo contrario.

Capitanich subrayó que él no había negado el envío de la Gendarmería, sino que consignó que era una cuestión provincial, que se estaba evaluando y que no había recibido llamadas de De la Sota. "En ningún momento dije que no íbamos a utilizar a la Gendarmería", se excusó Capitanich. Dijo que quiere "terminar la polémica" y que se reunirá el martes próximo, a las 9, con el gobernador cordobés en la Casa Rosada para acordar una agenda común.

Cuando LA NACION le consultó si él o Berni no habían recibido llamadas de funcionarios cordobeses hasta la madrugada, si no habían visto televisión o revisado los mensajes de Twitter, tal como denunció De la Sota, Capitanich aseguró que incluso "una ministra de esa provincia estableció claramente que no había hecho los requerimientos formales" y que "Twitter no es la vía formal para requerir a la Gendarmería". Agregó: "Con Berni estábamos estableciendo un mecanismo de restauración del servicio de energía eléctrica a gran parte de la población del conurbano". Sobre el celular al que De la Sota dijo haberlo llamado, aseguró: "Ése es un teléfono que yo no tengo más". Señaló que el pedido llegó por fax a las 8.40 y que Berni decidió el envío de gendarmes.

Sobre los saqueos, sostuvo: "Creemos que existen acciones deliberadas de grupos determinados con el objeto de ocasionar daño". Y añadió que el Gobierno está en contacto con doce gobernadores para hacer un seguimiento sistemático y prevenir eventuales delitos de ese tipo.

Capitanich también denunció la "flexibilidad de mecanismos judiciales" que benefician a "bandas delictivas organizadas" y pidió "terminar con la famosa puerta giratoria".

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