Sigue el misterio de la maestra torturada y asesinada en Saladillo por un amante al que nadie quiere acusar

Antes de ir a buscar al jardín de infantes al menor de sus tres hijos, Marisol Oyhanart decidió realizar una caminata aeróbica por la calle Juan Manuel de Rosas, una de las salidas del sudeste de la ciudad bonaerense Saladillo, flanqueada por quintas. Salió de su casa a las 15.30 del lunes 14 de abril de 2014, y se dirigió al circuito que habitualmente recorría. Una hora más tarde se cruzó con dos vecinos que realizaban la misma actividad. Fue la última vez vieron con vida a la maestra jardinera.

Pasaron ocho años del femicidio que conmocionó a Saladillo, que no olvida. Tanto, que hoy, a las 19, los vecinos harán una marcha en la Plaza 25 de Mayo, la principal de la ciudad, para recordarla y para renovar el pedido de Justicia. No hay ningún sospechoso detenido o acusado por el asesinato de la maestra jardinera, que tenía 38 años. Sin embargo, un grupo de detectives de la División Homicidios de la policía bonaerense que revisó las pruebas que figuran en los 20 cuerpos del expediente efectuó un informe en el que concluyó que Marisol fue asesinada por un amante con el que tenía una relación clandestina. Ese sospechoso tiene nombre y apellido, y es un productor agropecuario de la zona, según confiaron fuentes de la investigación. No obstante, ese empresario nunca fue imputado formalmente en el expediente ni citado para declarar como acusado.

La autopsia concluyó que Marisol fue torturada y golpeada. Además, quemaron algunas partes de su cuerpo con el encendedor de un auto para que dijera dónde tenía su celular. Ese aparato -que desapareció- probaba su vinculación con el empresario agropecuario. Después de torturarla, el asesino la ahorcó.

Aunque el amante y sospechoso del femicidio fue identificado, el Ministerio Público nunca lo imputó formalmente en el expediente. Ningún temperamento adoptaron los ocho fiscales que tuvieron en sus manos el sumario con respecto a los siete efectivos de la comisaría de Saladillo que cobraron una importante suma de dinero para borrar pruebas, hacer desaparecer prendas de la víctima y robar una CPU con los videos de la cámara de seguridad de un taller de chapa y pintura en el que quedó registrado el automóvil conducido por el sospechoso que siguió a Marisol en parte del trayecto entre su casa y el circuito aeróbico.

La búsqueda

El 14 de abril de 2014, a las 17.30, el marido de Marisol, Sergio Rachit, fue alertado de que su hijo menor todavía estaba en el colegio y nadie lo había ido a retirar. Entonces, comenzó a buscarla. A las 19, una gran cantidad de vecinos se sumó a la búsqueda, que contó con la participación de empleados de la Municipalidad de Saladillo y de efectivos de la comisaría local.

Los rastrillajes se extendieron durante la noche, hasta que los responsables de la seccional de Saladillo ordenaron suspender la búsqueda, minutos después de las 3.30. Una de las zonas rastrilladas correspondía a los pastizales adyacentes al camino de tierra donde la habían visto con vida por última vez y que formaba parte del circuito aeróbico que Marisol recorría. En medio de la vegetación sobresalía una vieja construcción abandonada, rodeada de árboles, que había formado parte de un puesto de estancia.

A las ocho, se reinició la búsqueda. Media hora después, el cuerpo de Marisol fue hallado a un costado de la mencionada construcción abandonada. Ese lugar había sido revisado esa madrugada. Curiosamente, el cadáver de la maestra jardinera apareció en una zona que frecuentaba Jonathan Bianchi, el primer detenido por el femicidio, que tenía varios ingresos en la comisaría local por una serie de robos y hechos de venta de drogas.

Por su prontuario, Bianchi era un viejo conocido de los policías de Saladillo, al que llevaban detenido cada vez que necesitaban hacer estadística. La primera fiscal del caso avaló la detención de Bianchi a partir de las declaraciones de dos testigos que, ante el jefe de calle de la seccional y otros policías, dijeron haber visto al sospechoso cerca de la tapera a la misma hora que Marisol realizaba su caminata aeróbica por la zona.

Sin embargo, el plan pergeñado por los policías para endilgarle a Bianchi la responsabilidad en el femicidio quedó sin efecto cuando los testigos con los que la fiscal fundó el pedido de detención del sospechoso no lograron identificar a Bianchi en la rueda de reconocimiento de detenidos.

Un sospechoso

Ante los reconocimientos negativos, el juez de Garantías de La Plata César Melazo rechazó el pedido de la fiscal Patricia Hortel para convertir en detención la aprehensión de urgencia de Bianchi, que era representado por Rubén Carrazzone, un reconocido penalista en esa época. En consecuencia, Melazo le concedió la excarcelación. Pero, recientemente, el nombre de Bianchi volvió a aparecer en el radar de la investigación.

Actualmente, Melazo está procesado como presunto jefe de una asociación ilícita integrada por policías bonaerenses, delincuentes, el fiscal Tomás Morán y barrabravas de Estudiantes que se dedicaba a asaltar a testaferros del poder político de La Plata que tenían en su poder importantes sumas de dinero en efectivo cuyo origen no podían justificar.

En tanto que Carrazzone, el abogado de Bianchi, fue condenado a prisión perpetua por un Tribunal Oral de La Plata que lo consideró responsable del secuestro y femicidio de su esposa, Stella Maris Sequeira. Al declarar en el juicio oral por ese caso, la hermana de la víctima manifestó que Sequeira le contó que Carrazzone le había dicho que Bianchi habría sido el responsable del asesinato de Marisol.

Al tomar conocimiento de esta declaración, el abogado Pablo Hawlena Gianotti, que representa a los hijos y al esposo de Marisol, solicitó ante la fiscalía de La Plata que investiga el femicidio de Oyhanart que convoque a la excuñada de quien fue abogado de Bianchi.

A seis meses de ese pedido, esa mujer todavía no declaró en la causa de Saladillo lo que, supuestamente, escuchó de parte de su hermana, asesinada y aún desaparecida.

Pruebas desaparecidas o manipuladas

Esta solicitud constituyó el último acto procesal registrado en el expediente. Durante los últimos doce meses en nada se avanzó sobre la recolección de pruebas que avalen una eventual citación a indagatoria al empresario agropecuario que era amante de Marisol y que la habría matado porque la maestra jardinera decidió poner fin a la relación que mantenían.

Entre las pruebas que desaparecieron figuran las zapatillas y las calzas de la víctima. La incorporación en el sumario de esas piezas de ropa, clave para la pesquisa, quedó certificada con fotos y actas, pero las prendas fueron robadas en el trayecto entre la Asesoría Pericial de La Plata y la comisaría de Saladillo.

La ausencia de ambas pruebas quedó al descubierto en el acta de apertura de efectos realizada el 14 de septiembre de 2014, cinco meses después del crimen.

Tampoco apareció el celular de Marisol. El teléfono era un regalo que su esposo le había hecho el 14 de noviembre de 2013, cinco meses antes del crimen. Según fuentes de la investigación, el celular habría estado en poder de uno de los policías de la comisaría de Saladillo que colaboró con el encubrimiento. El autor del femicidio habría pagado una importante suma dinero al uniformado a cambio del teléfono. De esa forma, el sospechoso se quedó con un elemento que podía comprometerlo en el asesinato y que probaría su relación con la víctima.

La autopsia determinó que Marisol fue torturada y que no la mataron cerca de las 16.30, cuando fue vista con vida por última vez. La tuvieron cautiva en un lugar que nunca se determinó, y la asesinaron. El femicida puso en evidencia su perfil sádico al quemar a la víctima con el encendedor de un auto; esa quemadura quedó marcada en la calza y en la piel de Marisol. Pero la calza, que hubiera permitido a los peritos determinar la clase de vehículo al que correspondía el encendedor utilizado para torturar a la maestra jardinera, desapareció.

Un informe realizado por técnicos del Departamento Técnico de la Asesoría Pericial de La Plata confirmó que fueron borradas las imágenes grabadas por una cámara de seguridad instalada en la esquina de Saavedra e Irigoyen, en Saladillo, que había registrado el paso de la maestra jardinera y del automóvil en el que la siguieron. Según consta en la causa, los archivos de la cámara de videovigilancia fueron borrados por un grupo de policías bonaerenses que se desempeñaban en la comisaría local, que retiraron el disco rígido de la computadora donde se guardaban las imágenes.

Ante la paralización de la investigación y la falta de avances en el expediente, el homicidio de Marisol podría terminar con la prescripción de la acción penal. Si en los próximos siete años, la Justicia no indaga a ningún sospechoso o lo imputa por el crimen, el asesinato de la maestra jardinera y madre de tres hijos quedará impune.