Sobreseyeron por prescripción a Guillermo Heisinger, un abogado y exfuncionario de Carlos Menem que debía recibir una pena por narcotráfico

Desde el 8 de julio pasado pesaba sobre sus espaldas una orden de captura nacional e internacional. Pero ayer, la medida quedó sin efecto. El abogado Guillermo Heisinger, quien en su página web se presenta como “una de las mentes detrás de la renovación en el peronismo que, en su momento, lideró Carlos Menem, a quien acompañó en diversas funciones públicas”, fue sobreseído. Estaba acusado de integrar una asociación ilícita liderada por narcos colombianos.

Así lo informaron fuentes con acceso al expediente. La decisión de sobreseer a Heisinger, de 66 años, fue tomada por los jueces Fernando Canero, Adrián Grunberg y Néstor Costabel, integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N° 5, al declarar “extinguida la acción penal por prescripción”.

“Verificándose que ha transcurrido el plazo máximo de diez años establecido para el delito por el que fuera acusado (asociación ilícita en calidad de miembro, tipificado en el artículo 210 del Código Penal), la acción penal se encuentra prescripta en el aspecto temporal analizado. Por lo demás, actualizados los antecedentes del imputado y frente a la ausencia de procesos penales computables, es que corresponde extinguir la acción penal y dictar el correspondiente sobreseimiento, al haber transcurrido el plazo previsto por la ley sin que haya confluido causal alguna con virtualidad interruptiva”, sostuvieron los magistrados en el fallo, al que tuvo acceso LA NACION.

Heisinger estuvo preso cuatro años y tres meses, entre el 19 de septiembre de 2015 y el 19 de diciembre de 2019, cuando lo excarcelaron. Había sido procesado como presunto miembro de una organización narco que intentó traficar 40 kilos de cocaína en el caso que sería conocido como Narcoarroz.

“De acuerdo con la profusa investigación desplegada, se puede posicionar al imputado en los niveles jerárquicos más altos”, afirmó el por entonces juez federal Sergio Torres —hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense— cuando procesó al exsecretario del Ministerio de Educación durante la gestión de Antonio Salonia.

A partir del 19 de diciembre de 2019, el abogado tuvo una libertad restringida monitoreada con una tobillera electrónica hasta que, en julio de 2020, fue absuelto por el TOF porteño N° 5, integrado en ese momento por los jueces José Martínez Sobrino, Adriana Palliotti y Daniel Obligado.

“En la cárcel, la inteligencia y la habilidad muchas veces no son el factor preponderante. En la cárcel lo que vale es la ley de la selva, la fuerza. Pero gracias a Dios pude zafar de cosas feas que me han pasado y que no quiero recordar ahora”, sostuvo, después de aquella absolución, en una entrevista con el diario Clarín.

En febrero de 2020, antes de ese fallo favorable, se casó con su novio colombiano, a quien había conocido en 2007. También escribió el libro Francisco íntimo. Según la tapa de la publicación, se trata de lo que Jorge Bergoglio, el Papa argentino, fallecido el año pasado, le dijo al autor: “Palabras, recuerdos, su pensamiento y su legado”.

La organización criminal, liderada por los hermanos colombianos Erman y Williams Triana Peña, fue desbaratada en septiembre de 2015 cuando tenía todo listo para traficar casi 40 kilos de cocaína líquida impregnados en un cargamento de 46 toneladas de arroz que iba a ser exportado a Guinea-Bissau y a Marruecos, en África, en el marco del programa Hambre Cero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De la investigación participaron el fallecido fiscal federal Federico Delgado y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, quienes contaron en la pesquisa con la colaboración de personal de la Gendarmería Nacional. En la etapa de juicio, en la que se dictaron 13 condenas y cinco absoluciones, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal general Diego Velasco.

Pero la absolución de Heisinger, que durante el gobierno de Menem fue subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio del Interior y anteriormente había cumplido funciones en Educación, no llegó a estar firme: fue apelada por el fiscal Velasco y, consecuentemente, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión del tribunal de juicio y ordenó que fuera condenado y se le fijara una pena acorde con la responsabilidad penal atribuida.

La defensa del exfuncionario menemista recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó el fallo del máximo tribunal penal del país.

El 26 de junio pasado Heisinger debía concurrir a los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, donde se celebraría la audiencia de cesura o “fijación de pena”. Pero no se presentó; su defensa argumentó que había sido por una cuestión de salud.

“El acto procesal no logró materializarse, con motivo de la inasistencia del imputado, quien, por intermedio de su asistente técnico [el abogado Ricardo Klass], se comprometió a acreditar fehacientemente una supuesta ‘descompensación’ que habría sufrido, y a raíz de la cual se encontraría hospitalizado en Escocia. Pese al compromiso asumido, Heisinger no acreditó en la forma debida —mediante el certificado médico correspondiente— el supuesto padecimiento de salud que habría sufrido, circunstancia que motivó que este Tribunal —con fecha 8 de julio pasado— cumpliera con el apercibimiento realizado y, a instancias también de una solicitud de la Fiscalía, dispusiera su captura nacional e internacional”, se explicó en el fallo firmado ayer.

El 8 de este mes, el abogado Klass se presentó en el tribunal y solicitó que se declarara extinguida por prescripción la acción penal. También pidió que se ordenara “el inmediato levantamiento de toda orden de captura, restricción, cautelar o medida judicial vigente respecto del nombrado”.

El abogado de Heisinger fundamentó su pedido en que el último acto interruptivo de la prescripción “tuvo lugar el 7 de septiembre de 2016, en oportunidad de la citación a juicio de las partes” y “puntualizó que en el presente no se ha dictado sentencia condenatoria con relación a Heisinger, ya que la única resolución de mérito que existía (absolutoria) fue anulada” y “por consiguiente, a partir del último acto interruptivo comenzó a correr nuevamente, en forma íntegra, el plazo legal correspondiente”.

Klass también explicó que “la existencia de otra investigación penal seguida contra Heisinger por presuntas maniobras de lavado de activos no autoriza, por sí sola, a considerar interrumpida la prescripción”.

El fiscal general Diego Velasco y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que en la causa fue parte querellante, solicitaron que el pedido de la defensa fuera rechazado.

“Al igual que el acusador privado [ARCA], el fiscal Velasco consideró que el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal —Sala I— dictado el 3 de junio de 2022 es un pronunciamiento condenatorio con capacidad interruptiva de la prescripción, toda vez que allí, destacó, se estableció la responsabilidad y participación del imputado en el hecho investigado, restando solo la determinación cuantitativa de la pena”, según la sentencia.

Pero, como se dijo, para el tribunal oral “la acción penal se encuentra prescripta en el aspecto temporal analizado” y, en consecuencia, Heisinger fue sobreseído.

En el juicio, tras dos años de debate, fueron condenados 13 integrantes de la banda, entre los cuales se encontraba Williams Triana Peña, uno de los supuestos líderes de la organización, quien recibió una pena de siete años de cárcel.

Su hermano, que había estado varios años prófugo, fue detenido tiempo después en Portugal. Lo condenaron a seis años de prisión y fue expulsado de la Argentina al cumplir la mitad de la pena; lo esperaba otro proceso por narcotráfico en Europa.

Carlos Yorelmy Duarte Díaz, otro de los sospechosos investigados en la Argentina, nunca pudo ser juzgado, ya que en octubre pasado fue acribillado en un bar frente a una sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá.

Durante casi siete años había estado prófugo de la Justicia argentina: se había ido del país poco antes del secuestro de los 40 kilos de cocaína. Cuando la causa ya estaba elevada a juicio, según informaron a LA NACION fuentes judiciales, su defensa se presentó en los tribunales argentinos y después de depositar el dinero que le habían fijado como caución, “quedó a derecho”.

Duarte Díaz nació el 5 de septiembre de 1973 en Colombia. Llegó a la Argentina en 2010, en plena expansión del Cártel del Norte del Valle hacia el sur del continente americano. Obtuvo un DNI argentino –N° 94.302.381– de forma irregular, como ocurrió con varios miembros de la organización. Ese documento le permitió crear sociedades, firmar contratos y moverse con total libertad por el país mientras lavaba dinero del narcotráfico.

Su empresa insignia era International Trade and Commerce (ITC) SA, constituida en 2011 junto con Heisinger. Entre 2011 y 2015, esa empresa administró un patrimonio millonario. Todo parecía legal, pero los fondos provenían del narcotráfico.

Duarte Díaz también era presidente de Agro Beef SA, una empresa supuestamente dedicada a la actividad agropecuaria, y socio de Hard Business SA. Tenía oficinas en el séptimo piso de Viamonte 611, en plena city porteña. Vivía en Nordelta, en el lote 225 del complejo Los Sauces, aunque la propiedad estaba a nombre de un testaferro. Iba y venía entre Buenos Aires, Rosario y Uruguay. Firmaba contratos millonarios. Era, en apariencia, un exitoso hombre de negocios colombiano radicado en Argentina. La mano de un sicario y cuatro balas segaron su vida en su país natal.

Por Gabriel Di Nicola

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