Solo el 2% de las causas iniciadas por narcotráfico llegan a una sentencia

Varios fueron los procedimientos antidrogas realizados en los últimos meses con altos niveles de incautaciones. Sin embargo, los trámites judiciales parecen no tener la celeridad de los operativos.

Un informe desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación revela que solo el 2% de las causas por narcotráfico llegan a una sentencia. No es un fenómeno aislado. Algo similar ocurre con los casos de corrupción; de ellos, apenas el 8% alcanza la etapa del juicio.

La evolución de los casos de infracciones a la ley antidrogas (la 27.737) fue objeto de un trabajo, elaborado por el ministerio que conduce Patricia Bullrich , en el que se analizan las sentencias del período 2014-2016 vinculadas con el narcotráfico y emitidas por todos los tribunales federales y del fuero penal económico.

En el ciclo estudiado, que servirá como base técnica para futuros análisis, se iniciaron 127.750 causas por drogas y hubo 2555 sentencias judiciales, es decir, el 2% del total. De ese número, el 76,8% tuvo condenas, con lo que se llegó a penas de prisión para 3336 acusados.

El 36% de las causas fueron iniciadas por tenencia para consumo personal, por lo que fueron descartadas en los tribunales de primera instancia. Entre esas sentencias, se observó una decena de casos de condenas por esa calificación, que la Corte Suprema declaró inconstitucional en 2009.

La importancia en la resolución de los expedientes de narcotráfico es clara: los vendedores minoristas y organizaciones más complejas siguen con su trabajo de comercialización y reclutamiento mientras se mantienen en las calles. Un ejemplo emblemático es el caso de Los Monos, cuyos jefes llegaron a juicio por narcomenudeo recién en estos días, luego de varios años de concentrar la atención pública y de condenas por homicidios resueltas este año. Las autoridades nacionales tienen establecido un promedio de 15.000 sospechosos arrestados cada año por infracción a la ley de drogas, pero en las cárceles federales se mantiene estable la cantidad de presos por esa causa, unos 8000 de los 12.000 alojados en penitenciarias de todo el país. Esa diferencia entre la cantidad de detenidos y los internos en prisión federales tiene una de las explicaciones en ese bajo nivel de 2% de causas que llegan a juicio.

"La relación entre causas iniciadas respecto de las sentencias analizadas oscila entre un 10% y un 0,24% (en los diferentes distritos del país), siendo el promedio nacional cercano al 2%", se afirmó en un documento elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Entre las razones detectadas por los funcionarios nacionales se encuentra el peso que tiene en los expediente la tenencia para consumo personal, que es descartada en la instrucción, el colapso de los juzgados y las fallas en los procedimientos que derivan en nulidades.

Más allá de esa escasa cantidad de casos resueltos en los tribunales, las autoridades nacionales también hicieron foco en las condenas observadas en aquellos expedientes que finalmente derivaron en un juicio. Y en ese caso, los funcionarios a cargo de la seguridad nacional esperan que en posteriores informes se alcance un mayor volumen de condenadas por organización de un grupo narco, que hoy no supera el 1% de los casos.

El 30% de las condenas fueron dispuestas por tenencia de droga para comercio y el 28,3%, por transporte de sustancias ilícitas. El 17% de los expedientes comenzaron por tenencia simple y por comercio minorista se originó el 10%.

Eso tiene que ver con el narcomenudeo y operativos de controles viales, por lo que las autoridades esperan ahora revertir ese tendencia al apuntar las investigaciones hacia otros sectores más importantes de la red logística del narcotráfico.

"Este es un nuevo índice que sirve como herramienta de gestión contra el narcotráfico. En la medida que se refleje nuestra política se irán viendo los golpes a las organizaciones y, en consecuencia, sentencias más fuertes. Este índice toma sentencia de causas iniciadas incluso en 2011, por lo que el impacto de nuestra política podrá verse recién en las estadísticas de 2020", comentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El promedio de las condenas fue estimado en cuatro años, con algunas penas que llegaron a los 12 años de prisión.

El trabajo fue realizado por el equipo de la Coordinación de Vinculación Científica y Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Javier Parysow y con la dirección de Mariana Souto.

Esa fotografía de las causas de narcotráfico fue presentada al presidente Mauricio Macri y al ministro de Justicia, Germán Garavano. Los ministros de Seguridad de todas las provincias también recibieron ese documento el jueves pasado, en el Consejo de Seguridad Interior.

Las causas iniciadas en los tribunales analizados tuvieron tanta participación de las fuerzas de seguridad federales (34%), provinciales (53%) y la Aduana (13%). Y esa radiografía permite a las autoridades incluso verificar las formas de los procedimientos, con mayoría expuesta en casos de narcomenudeo, ya que en el 30,7% de los expedientes que llegaron a juicio se trató de operativos contra bocas de expendio de drogas. El 20% fue iniciado después de inspecciones rutinarias de vehículos en las rutas. Esa situación en particular se visualizó en mayor medida en la región del litoral, donde la mitad de los procedimientos que llegaron a juicio se originaron en un control vial, mientras que en las zonas más cercanas a Bolivia, en la ruta de la cocaína, esos operativos representaron el 29% de los casos,

Solo en el 2% de esos casos se registraron algún episodio de violencia contra las fuerzas de seguridad.

Esa es una diferencia notable con relación a lo ocurrido en otros países donde el narcotráfico tomó completamente sus barrios más humildes. Los operativos antidrogas en las favelas de Río de Janeiro, por ejemplo, tienen en general un fuerte componente de violencia que aun, pese a la penetración narco local, no es observada aquí.

"Este trabajo científico sirve para evaluar objetivamente la política de lucha contra las drogas del ciclo cuasi abolicionista y se servirá para comparar la decisión de ir a una Argentina sin narcotráfico que tomamos en este gobierno", comentó Gerardo Millman, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad.

Con esos datos las autoridades confirmaron también que el perfil promedio del sospechoso llevado a juicio señala a un hombre de entre 25 y 49 años (en el 72% de las condenas), de nacionalidad argentina (77%). "El cruzamiento de diferentes variables a la fecha permite concluir que los esfuerzos en materia de persecución penal y policial en el período evaluado suelen concentrarse en dos extremos diferenciados: la comercialización minorista en conglomerados urbanos y el tráfico en zonas de frontera", se consignó en el informe oficial.

• La baja efectividad judicial en casos de narcotráfico replica lo observado en causas de corrupción. Un informe realizado por el Consejo de la Magistratura reveló en julio pasado que fue condenado solo el 2% de los acusados por defraudar al Estado.
• Ese documento señaló, además, que uno de cada tres de los políticos acusados fue absuelto por la prescripción de los expedientes, es decir, por demoras en las investigaciones a lo largo de todo el proceso, en especial, en la instrucción de los jueces de primera instancia.

Por Daniel Gallo

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• Patricia Bullrich

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