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“Soy el jefe de la Corte Suprema”: presos se hacían pasar por el juez Horacio Rosatti para cometer estafas y extorsiones
El fiscal federal Franco Picardi solicitó que cuatro sospechosos sean juzgados como miembros de una asociación ilícita
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Todo comenzó con una llamada al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) donde una persona se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y solicitó un listado actualizado de las personas detenidas en dependencias policiales. Pretendía nombres completos, números de causa, tiempo de detención, condición de reincidentes y teléfonos de sus familiares.
Al comisario que había atendido la comunicación le pareció extraña la solicitud y pidió un número telefónico para devolver la llamada. Era el 25 de noviembre de 2024 y el comienzo de una investigación que puso al descubierto una asociación ilícita dedicada a extorsiones y estafas integrada por presos alojados en una cárcel de Jujuy.
Así lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar. En las últimas horas, el fiscal federal Franco Picardi solicitó el juicio para cuatro sospechosos.
“En todos los casos, la operatoria tuvo como eje la suplantación de la identidad del doctor Rosatti y la invocación de su carácter de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A tal fin, los integrantes del grupo utilizaron su nombre, imagen, cargo e investidura en líneas telefónicas presentadas como supuestos contactos institucionales —con perfiles de WhatsApp con su fotografía—, o con la denominación Corte Suprema de Justicia, para dar apariencia de autenticidad a las comunicaciones”, sostuvo el fiscal Picardi en el requerimiento de elevación a juicio al que tuvo acceso LA NACION.
El representante del Ministerio Público explicó: “Valiéndose de esa falsa condición, se comunicaron con dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad de distintos puntos del país y requirieron a su personal listados, datos personales y administrativos de personas detenidas, como si se tratara de requerimientos propios de la función que falsamente se atribuían. La información así obtenida se utilizó luego para contactar a familiares o allegados de las personas privadas de su libertad, ante quienes también se invocó la intervención del doctor Rosatti, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de supuestas autoridades judiciales, y se les exigió sumas de dinero bajo la promesa de que, mediante el depósito de una ‘fianza’, el detenido obtendría su libertad o algún beneficio o trámite judicial. En otros tramos de la misma operatoria, el nombre del doctor Rosatti se utilizó para simular la representación de empresas privadas, comunicar falsos premios -dinero, vehículos, electrodomésticos u otros bienes- y requerir transferencias en concepto de supuestos gastos de trámite para la obtención de premios falsos”.
Como se dijo, la investigación comenzó después de la comunicación recibida en el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA. El comisario que había atendido al falso Rosatti llamó al número que habían dejado como contacto.
“Cuando se comunicó, el jefe policial fue atendido por una persona que también simuló pertenecer a la Corte Suprema. Sin embargo, al preguntar por Rosatti, la llamada se interrumpió. Luego, la jefa de seguridad del máximo tribunal confirmó que el magistrado no había efectuado ningún requerimiento de esas características. El comisario logró grabar el tramo final de la comunicación original. En ese registro, el simulador le dijo: ‘Escúcheme, comisario. Estoy hace más de una hora con el tema este. Yo puedo entender que estén en un procedimiento, que estén de visita, pero no es mucho lo que se le pide. Simplemente el nombre, el apellido, el delito que tiene cada una de las personas que están a cargo de su jurisdicción y el número de teléfono del familiar. Creo que no es difícil. Lo escucho’. Cuando le indicó que debía formalizar el pedido mediante un oficio, cortó la llamada”, según la nota de www.fiscales.gob.ar.
La investigación recayó en el Juzgado Federal N° 12, subrogado por el juez Julián Ercolini, y se delegó en el fiscal Picardi.
“A partir de la denuncia se dispusieron distintas medidas de investigación, entre ellas pedidos de informes a las compañías telefónicas, intervenciones de líneas y análisis de antenas. Esas diligencias permitieron establecer que el abonado utilizado para el llamado tenía actividad en las inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N° 7, dependiente del Servicio Penitenciario de Jujuy", según se informó.
Durante la investigación se identificaron otros siete hechos en los que los integrantes de la banda habrían utilizado la “identidad y la investidura” de Rosatti para obtener información oficial sobre personas detenidas.
El 20 y el 22 de diciembre de 2024 llamaron a las sedes Santa Fe y Esquel de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la PFA. En ambos casos se presentaron como Rosatti y solicitaron información sobre las personas detenidas y las condiciones de alojamiento.
El 27 de enero de 2025 se comunicaron con la Guardia de Prevención de una dependencia de la Gendarmería Nacional. “En esa oportunidad, el interlocutor dijo ser Rosatti y manifestó integrar una supuesta Comisión de Control de Derechos Humanos para Centros de Detención No Penitenciarios. Invocó una reestructuración del sistema carcelario federal que contemplaría traslados, libertades condicionales y excarcelaciones”, informó www.fiscales.gob.ar.
Y con ese argumento solicitó los nombres de las personas alojadas, sus causas, el tiempo de detención y los teléfonos de sus familiares. “Incluso obtuvo el número particular de un comandante de la fuerza y le pidió que se comunicara con los allegados de los detenidos mientras mantenían una llamada en altavoz”, según www.fiscales.gob.ar.
La maniobra fue advertida por el personal de la Gendarmería, que alertó a los familiares. “Algunos de ellos ya habían recibido llamados del supuesto magistrado, quien les exigía entre 600.000 y 800.000 pesos para gestionar la liberación de sus parientes, aunque ninguno accedió a pagar”, se agregó.
El 25 de mayo de 2025 llamaron a la DUOF Neuquén de la PFA para solicitar información sobre el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. El 23 de junio hicieron lo mismo con la Unidad N° 50 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en Batán, y al día siguiente se comunicaron con la Comisaría N° 42 de la Policía de Río Negro.
El último de los ocho hechos imputados ocurrió el 21 de octubre de 2025, cuando llamaron al Área de Seguridad Externa de la Unidad N° 14 del Servicio Penitenciario Federal, en Esquel, y requirieron información sobre la cantidad de internos, procesados, condenados, próximos egresos y eventuales nuevos ingresos.
La investigación estableció que la organización funcionó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de Jujuy, situado en el barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Los cuatro sospechosos que el fiscal Picardi pidió sentar en el banquillo de los acusados fueron identificados como C. M. A. A., de 38 años y que cumple condena por robo y violación de domicilio; R. A. R., de 40 y condenado por robos y hurtos; S. A. L., 31 y preso por tentativa de homicidio y robos, y W. R. V., de 32 y que purga una condena por homicidio.
“Uno de los elementos centrales de la acusación son las comunicaciones telefónicas interceptadas durante la investigación. En particular, una conversación del 2 de diciembre de 2024 permitió reconstruir con precisión la metodología que utilizaban. En esa comunicación, uno de los imputados contó: ‘Ayer estuvimos tirando numerito, casi le pegamos a tres víctimas casi’. A continuación, le explicó a su interlocutora cómo debían realizar los llamados a las dependencias oficiales. Les indicaban que se comunicaban desde un juzgado y que, por pedido de un área de derechos humanos o violencia institucional, estaban haciendo un relevamiento de las personas detenidas. Y detalló que debían preguntar cuántos detenidos había, si eran procesados o condenados y luego por ‘el nombre completo, la causa por la cual se lo está imputando y algún número de algún familiar que responda por él’. Explicó que, una vez obtenidos esos datos, debían comunicarse con los familiares, presentarse como autoridades judiciales y ofrecerles la libertad bajo fianza. El dinero debía depositarse en una supuesta cuenta del Poder Judicial. ‘La fianza un millón de pesos. ¿Y cómo se puede pagar? Bueno, a través de la cuenta del Poder Judicial. Le damos el CBU, una cuenta fantasma’, describió el imputado en la citada escucha", según www.fiscales.gob.ar.
