Un efecto paralizante en las fuerzas es funcional al delito

Con el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego para los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad (Resolución 956/2018), el Ministerio de Seguridad de la Nación se adecua a la normativa internacional que contempla las pautas y recomendaciones contenidas en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el VIII Congreso de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

Esta ha sido una decisión justa que interpreta no solo una mayoritaria demanda social sino también la imperiosa necesidad de implantar en el país un cambio de paradigma en materia de seguridad y empleo legítimo de la fuerza con arreglo a todos los preceptos constitucionales.

Venimos de años de una construcción política deliberada que puso en el centro de la escena a los victimarios en lugar de defender a las víctimas. Esta construcción generó un efecto paralizante para las fuerzas del orden que terminó siendo -vaya paradoja- absolutamente funcional al delito.

El gobierno del presidente Mauricio Macri está dispuesto a revertir los efectos nocivos de años de políticas cuasi abolicionistas que propiciaron la existencia de una policía de brazos caídos, una aplicación laxa de la ley y una ciudadanía a merced de la delincuencia.

Desde nuestra perspectiva, considerar la reincidencia a la hora de dictar nuevas sentencias no es estigmatizar al delincuente. La violación con luz apagada no es atenuante admisible; el robo con cuchillo es un delito armado y el acortamiento de penas bajo el argumento de la saturación de cárceles es absolutamente inaceptable.

Esta normativa es un instrumento para homogeneizar reglamentos distintos de actuación que tenía cada fuerza.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , tiene absolutamente en claro que sin cuidar a quienes nos cuidan es imposible proteger a la sociedad de manera efectiva.

Desde el día uno de nuestra gestión nos propusimos profesionalizar al máximo a las fuerzas, mejorar su capacitación, formación y entrenamiento. Homologamos sus planes de estudio a nivel nacional, el régimen lectivo pasó de 3 a 9 meses y aplicamos estrictas normas de integridad y transparencia para evitar desvíos y toda sombra de corrupción.

Pensar que las fuerzas federales argentinas son inferiores a las de Chile, Uruguay, Brasil o Paraguay es pura subestimación y no confiar en la posibilidad de la evolución positiva de la democracia.

No hay fascismo en esta reglamentación. Tampoco hay falta de humanidad. Vengo de una familia que vivió en carne propia las atrocidades de ese régimen que dejó a mi padre solo en la vida y a mí sin poder conocer nunca a mis abuelos.

En 2014 la cantidad de efectivos fallecidos en hechos con armas de fuego fue de 15, en 2017 la cifra pasó a 7, lo que significa una disminución del 53%.

En 2014 el registro de civiles fallecidos vinculados a hechos en los que intervinieron fuerzas federales de seguridad fue de 96 casos, bajando en 2017 a 38 lo que importa una disminución del 60%.

Sin avalar en lo más mínimo al régimen cubano en materia de gobierno y derechos humanos, y teniendo en cuenta la abismal distancia que separa a aquella forma de gobierno de una democracia republicana, representativa y federal como la nuestra, me permito cerrar esta columna citando un pasaje del discurso de apertura de Fidel Castro en el 8º Congreso de ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en La Habana, el 27 Agosto de 1990.

"Solo me queda por decir -aseguró entonces Castro- que Cuba está dispuesta a colaborar con toda energía en el noble empeño que se han trazado las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, pues estamos convencidos de la importancia de ese trabajo y de la necesidad de esa cooperación. Por eso es de lamentar que aún haya quienes no interpreten así esa necesidad, y la supediten a mezquinas consideraciones políticas".

El autor es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación