Un jefe policial fue acusado de planificar operativos para robar dinero y drogas

ROSARIO.-Los que cometían los delitos eran quienes debían prevenirlos: diez policías del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron imputados por llevar adelante allanamientos ilegales para robarle a los residentes de las viviendas y negocios, donde irrumpían con extrema violencia. Incluso, en algunas ocasiones detenían a las víctimas con pruebas falsas.

En los últimos meses, comenzaron a profundizarse causas judiciales que tienen como protagonistas a policías acusados de cometer delitos. Un caso emblemático, que ocurrió el 13 de agosto pasado, reveló que cuatro agentes provinciales realizaron un allanamiento falso en Rosario para robar dinero y drogas, unos 50.000 dólares y entre 12 y 13 kilos de cocaína. El empoderamiento de la policía por parte del gobierno, que logró reducir los asesinatos en Rosario un 65% en el último año, tiene sus contraindicaciones si no se generan instrumentos de control.

Una extensa investigación de la Fiscalía de Rosario terminó con diez policías imputados, a quienes les atribuyeron seis episodios en los que se repetía la misma mecánica: allanamientos ilegales, violencia y robos en distintos procedimientos aparentemente irregulares.

El principal implicado es el jefe de tercio del Comando Radioeléctrico Alberto Pais, de 44 años, a quien el fiscal José Luis Caterina lo acusó de haber allanado de forma ilegal una casa de barrio Santa Lucía –donde también había un quiosco– en la madrugada del 4 de agosto de 2023, donde horas antes había ocurrido una balacera con un herido grave. Pais aparece involucrado en otros delitos.

Pais actuó con premeditación, ya que antes cortó la cámara de seguridad del quiosco y los policías que actuaron en ese procedimiento se llevaron el monitor y el disco donde se las almacenaba. El objetivo era que el allanamiento trucho no quedara registrado.

Cortaron el candado de un portón e ingresaron a la casa. En el acta de procedimiento que fraguaron se indicó que los agentes del Comando Radioeléctrico habían entrado en esa propiedad en el contexto de una persecución de una sospechosa, que había sido vista con una bolsa.

Otro punto llamativo es que antes de que esta escena se llevara adelante un grupo de policías había estado hablando con Rodrigo Luján “Nenuco” Seguino, un hombre alineado a la banda de Los Monos, quien en diciembre de 2023 fue imputado por la balacera contra el quiosquero que vivía en la propiedad allanada ilegalmente. Se sospecha que ese encuentro tuvo que ver con esta trama. Es probable que los agentes hayan actuado por encargo del narco.

En otro de los casos en los que Pais aparece imputado, según la acusación, es el que dio pie la llamada al 911 desde una casa de 27 de Febrero y Circunvalación. “Por favor, mándenme a alguien, no sé qué pasa. Dicen que hay una persona armada, pero yo estoy con las criaturas”, fue el pedido de una mujer joven que llamó a la central el 28 de octubre pasado.

Mediante un acta falsa, los uniformados abrieron una causa contra el dueño de casa por cohecho pasivo y por portación ilegal de arma contra él y su pareja. Como resultado, la mujer estuvo tres días detenida y el hombre diez —lapso que para los acusadores configuró una privación ilegítima de la libertad— hasta que un mes más tarde se dispuso el archivo de las actuaciones.

Otro de los hechos ocurrió el 27 de marzo de 2023 en la villa La Bombacha. Entre las 17 y las 18, según los fiscales, los policías entraron armados en tres viviendas del barrio de las que sustrajeron 50 mil pesos, perfumes nuevos y dos celulares. En otra vivienda entraron al grito de “¿dónde está la droga?”, pero no sustrajeron nada. Un hombre de 37 años y su pareja, de 48, fueron privados de la libertad para justificar el operativo, alegando que habían resistido la autoridad y que llevaban una mochila con dos pistolas. El hombre estuvo cinco meses preso.

El 19 de abril de 2023, un grupo de policías del tercio Charly del Comando entró a partir de las 22.15 a un departamento en la zona de Mendoza y Donado luego de interceptar al dueño cerca del Casino City Center, a quien detuvieron cuando circulaba en un Chevrolet Astra. Le sustrajeron 35 mil pesos y lo dejaron ir, pero con base en sus datos personales luego llegaron en dos patrulleros hasta su casa, donde le iniciaron una causa por portación de arma al hombre y a su pareja, que estuvieron más de dos meses presos.

La fiscal Karina Bartocci acusó a otro grupo por un operativo trucho llevado a cabo en barrio Godoy el 5 de diciembre pasado, donde sustrajeron un millón de pesos del cajón de un mueble de la vivienda. Sobre este hecho no hicieron acta de procedimiento, aseveró la funcionaria del MPA.

Los fiscales pidieron la prisión preventiva de los diez uniformados del Comando Radioeléctrico por el plazo de dos años. El argumento que usaron los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación fue que los policías con menos imputaciones están envueltos en al menos dos hechos, lo que supone un mínimo de ocho delitos de cada uno.

Pais, jefe del tercio Beta del Comando, fue detenido en marzo de 2022 por ingresar de una manera controvertida en un estudio jurídico de Cañada de Gómez para apresar un sospechoso. Estuvo acusado de violación de domicilio, abuso de autoridad y amenazas. Enseguida recuperó la libertad y luego fue sobreseído, pero la causa no se archivó.

Por último, la fiscal también atribuyó a Pais y Roldán haber entrado el 12 de diciembre pasado a una propiedad del barrio Tío Rolo, donde plantaron el arma reglamentaria de un compañero y un revólver calibre 32 a un joven de 24 años, que recuperó la libertad al día siguiente.

Cuando se produjo la detención de los policías hace dos semanas, desde el gobierno de Santa Fe aseguraron que este tipo de detenciones significan un “golpe duro” pero que al mismo tiempo “da muestra de cómo es esta gestión en materia de seguridad”.

“En los casos en los cuales hay policías que usan el uniforme para cometer delitos, cae sobre ellos todo el peso de la ley, y en los casos de los policías que usen uniformes para hacer bien su trabajo, recae sobre ellos todo el apoyo del gobierno”, apuntó el secretario de Análisis y Gestión de la Información del ministerio de Seguridad, Esteban Santantino.

El funcionario reconoció que “sería muy ingenuo pensar en que son hechos aislados”. Y agregó: “Hablamos de una fuerza de seguridad con 25 mil hombres a la que se le suma el servicio penitenciario. Por supuesto que hubo, hay y va a haber situaciones irregulares y delictuales que hay que seguir resolviendo, no podemos escapar a esta realidad”.

Por Germán de los Santos

• corrupción policial

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