Un juez ordenó alquilar el local que funcionó como prostíbulo para compensar a las víctimas

MAR DEL PLATA.- Un juez federal ordenó que el local donde funcionó un prostíbulo en el barrio de La Perla, cuyos propietarios serán juzgados por trata de personas, sea alquilado bajo administración de un organismo del Estado con la condición que los ingresos se preserven para una eventual reparación económica a las víctimas.

La medida atiende un planteo presentado por el Ministerio Público Fiscal en la causa que se sigue a Aníbal Raúl Ramón Soria y María del Carmen Castrege, señalados como responsables de La Posada. Ambos afrontan una acusación por lavado de activos procedente, según evidencia acopiada en la investigación, de la explotación sexual de mujeres.

El juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, procesó a esos sospechosos el mes pasado, les prohibió la salida del país y trabó embargo sobre sus bienes por un monto de 100 millones de pesos. Entre los inmuebles decomisados está el local en 11 de Setiembre al 3000, donde funcionó aquel bar que era a fachada detrás de la que se ocultaba el negocio de la prostitución.

Inchausti dispuso que esa propiedad quede bajo conservación y custodia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que lo alquile y logre renta con destino a la reparación económica a las víctimas de trata, medida que podría surgir del juicio que afrontarán los dos acusados.

La resolución dispone que el inmueble se alquile “a valor de mercado” y que las sumas obtenidas se depositen en una cuenta del juzgado para que, en caso de un fallo condenatorio para Soria y Castrege, el dinero esté disponible para compensar a las damnificadas.

Se resolvió, además, además que tanto la Secretaría de Seguridad municipal como la Policía de Seguridad Aeroportuaria constaten las condiciones en que se encuentra el local y disponga las medidas necesarias para evitar el ingreso de intrusos.

El bar conocido como La Posada fue uno de los más conocidos prostíbulos que tuvo la ciudad hasta mediados de la década pasada. Llegó a su fin a partir de las denuncias presentadas por la ONG La Alameda. El otro era “Madaho’s”, en Playa Grande. También fue cerrado y, por orden judicial e intervención de la AABE, puesto bajo custodia de la Asociación Mundo Igualitario (AMI), una entidad local que trabaja en defensa de derechos de igualdad e inclusión.

Soria ya afrontó un juicio oral y resultó absuelto frente a las acusaciones por su desempeño al frente de La Posada y el delito de trata de personas. Según la investigación previa, a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de esta ciudad y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en el prostíbulo se explotaba a 12 mujeres traídas desde Paraguay y alojadas en precarias condiciones.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal no encontró elementos para condenar al acusado, pero la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la Protex encontró resolución favorable en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, que dispuso la realización de un nuevo juicio a Soria.