Un minimarket en Puerto Madero: el nexo del Mencho Oseguera Cervantes y el Cartel de Jalisco Nueva Generación con la Argentina
El cuñado del “Mencho” Nemesio Oseguera Cervantes, Gerardo González Valencia, instaló un minimarket en Puerto Madero en 2009, cuando todavía era el número dos de Los Cuinis, el brazo financiero del CJNG; lo detuvieron en Uruguay y lo extraditaron a EE. UU., donde lo condenaron
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LA NACIONFernando Rodríguez
En 2009, notas en varios medios periodísticos difundieron la novedad: en el corazón de Puerto Madero abriría la primera tienda de conveniencia de la Argentina, locales al estilo Seven Eleven, que combinan las virtudes de un minimercado y de un kiosco, con expendio de comidas simples preparadas. En rigor, lo que promovía Corner mi lugar en Pierina Dealessi al 200 no era distinto de lo que se vio, a partir de los años 90, en los AM/PM de las YPF, formato que se extendió a los locales de casi todas las grandes petroleras con cadenas de estaciones de servicio del país.
Pero el fenómeno que pretendía expandirse con el Corner mi lugar, con una inversión inicial de unos 2,5 millones de dólares, encerraba mucho más que el desembarco de una propuesta de negocios gastronómicos con ánimos de convertirse en franquicia. “Detrás del proyecto se encuentra la sociedad Círculo Internacional, que pertenece a un grupo de inversores mexicanos ligados al negocio del retail (minorista) en su país y liderados por los empresarios Pedro y Marcio Medina”, era la información que brindaba a la prensa nacional el gerente del emprendimiento.
Lo que se escondía en el Dique 4, en verdad, era la mano del narcotráfico internacional. Y, en particular, la de un “peso pesado”: Gerardo González Valencia, número dos de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), del que fungía como brazo financiero. Un hombre poderoso en el mapa y en la historia del crimen organizado mundial. Un hombre que en los Estados Unidos era buscado por haber estado detrás del tráfico de miles de kilos de droga; entre ellos, los 280 kilos de cocaína que intentó coronar en la Costa Oeste norteamericana ocultos en un minisubmarino, en 2017.
A pesar de la notoriedad de ese caso, dos años después apareció en la Argentina y logró mantenerse fuera del radar de los sabuesos del crimen organizado local. Como tantos otros narcos, había logrado instalarse con su familia en el barrio porteño más nuevo, el de mayor expansión, en el que la presencia de extranjeros con billeteras abultadas parecía no llamar la atención de los especialistas en lavado de dinero.
Pero en México su salida era la comidilla; allí había comenzado a tomar forma el relato que explicaría su partida hacia el Sur. Se decía que había dejado el mundo del narcotráfico para emprender negocios legítimos. Una vida “por derecha”, lejos de la influencia del marido de su hermana Rosalinda y de su hermano Abigael, El Cuini, antiguo líder del Cartel de Jalisco.
“El señor González Valencia no eligió unirse a un cártel, más bien nació en una familia que supuestamente ha participado en operaciones de cárteles. Sin embargo, hizo la audaz elección de dejar la vida que le impuso su desafortunada educación cuando se retiró de la conspiración en 2009, comenzó una nueva vida y trasladó a su familia a Argentina y más tarde a Uruguay. Específicamente, comenzó una nueva vida al abrir una tienda de conveniencia en Buenos Aires en 2009, donde se mudó para administrar su negocio, que se expandió para incluir ubicaciones adicionales, antes de mudarse nuevamente con su familia a Uruguay para escapar aún más de cualquier afiliación pasada por su historia familiar”, dijo su defensa ante el tribunal de Columbia que lo enjuició por “conspirar para distribuir cinco o más kilos de estupefacientes”, una acusación genérica, ya que de lo que se hablaba era de cientos de toneladas de cocaína introducidos en los Estados Unidos a lo largo de los años.
En aquellos años pareció, pues, que este michoacano nacido en 1977 iba a llevar una vida honorable, apegada a la ley, desarrollando un negocio honesto en Buenos Aires y, luego, en Uruguay, adonde se mudó y comenzó a hacer inversiones comerciales e inmobiliarias.
Pero la Justicia norteamericana no iba a dejar de perseguirlo. Lo acusaban de haber financiado la compra del minisubmarino cargado con 280 kilos de la más fina cocaína colombiana que partió por el Pacífico y tocó puerto en Guatemala antes de ser descubierto por la Guardia Costera frente a las costas de California, el 21 de agosto de 2007. Pero también sospechaban que estaba detrás del tráfico de más de 15.000 kilos de droga, de los cuales el 70% fue a alimentar el mercado del consumo de sustancias norteamericano, según surgió de la delación de otro capo narco. Además, se investigaba si Los Cuinis estaban detrás, también, del creciente, lucrativo y mortífero negocio del devastador fentanilo.
En 2013, la DEA registró una conversación entre “Silverio” –uno de los alias de Gerardo– y un subalterno, en el que hablaban inequívocamente de “una transacción que está completa” y de porcentajes de división de beneficios. Fue una de las pruebas que el Gobierno norteamericano esgrimió para solicitar la detención de González Valencia, que fue detenido en abril de 2016 en Uruguay. Cuatro años después, fue extraditado.
A fines de 2022, y con la intención de mejorar su situación de cara a una ineludible condena, admitió que entre 2003 y el 19 de abril de 2016 –cuando se pidió su captura internacional–, “se puso de acuerdo con otros conspiradores fuera y dentro de los Estados Unidos para importar y distribuir ilegalmente cinco o mas kilos de cocaína a ese país”; también, que en ese tiempo financió la compra de cocaína en Colombia para transportarla hasta Centroamérica y México como paso previo para su importación y distribución ilegal dentro del territorio norteamericano.
Pero a la Justicia norteamericana no le bastó esa confesión, y consideró que las operaciones del ex número dos de Los Cuinis había sido mucho más amplia de lo que él había admitido. En julio de 2023, el Tribunal del Estado de Columbia lo sentenció a cadena perpetua.
Los efectos de las acciones de Gerardo González Valencia no concluyeron con su sentencia en los Estados Unidos. Se cree que lavó casi siete millones de dólares de la venta de drogas del Cartel de Jalisco Nueva Generación con operaciones comerciales e inmobiliarias en Uruguay y en la Argentina.
Según publicó el portal periodístico Encripdata, especializado en temas de crimen organizado y narcotráfico, “En Uruguay, ‘Silverio’ compró el chalet Quincho Grande, en Punta del Este, por 2 millones de dólares. Lo hizo a través de una empresa a nombre de su esposa, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) la rastreó a partir de los Panamá Papers. También adquirió tres terrenos en Punta Ballena por US$550.000 y autos de alta gama por 100.000 más. Por estas maniobras estuvieron presos su suegro, Héctor Amaral, y un cambista que operaba en Piriápolis. Dos uruguayos que trabajaban como jardinero y empleada doméstica para el capo mexicano fueron acusados por ‘asistencia al lavado de activos”. La mujer hizo varios depósitos en efectivo en la cuenta de un argentino con residencia en Punta del Este, casi 900.000 dólares entre 2011 y 2015.
En la Argentina, un hecho fortuito dejó al descubierto los negocios turbios de González Valencia y puso en foco a sus prestanombres y operadores locales. Un choque, en diciembre de 2008, reveló la presencia de tres mexicanos que acababan de instalarse en el edificio Le Parc, de Puerto Madero. Estaban ligados con una sociedad anónima recién abierta, con domicilio fiscal en Ituzaingó y una dirección real que resultó ser la casa de un taxista, Marcelo Arias, que figuraba también como dueño del auto con el que los mexicanos habían chocado. Todo muy sospechoso.
Como publicó Encripdata, “en la Argentina, Gerardo vivió con su familia en Puerto Madero. Allí abrió Córner, mi lugar, la famosa tienda de conveniencia con la que dijo haber empezado una nueva vida lejos de las drogas y la violencia de México. Para eso inscribió Círculo Internacional SA, una filial de Círculo México. El juez federal Néstor Barral y el fiscal Sebastián Basso descubrieron que ‘Silverio’ lavó 1,8 millones de dólares a través de la filial de Círculo México. Por eso mismo ordenaron la captura internacional de él y de Pedro Merced Medina Lizarraga, Julio César Alegre Ortega, Francisco Marzio Medina González y Rodrigo Lepe Uribe. A sus cómplices nunca los encontraron y a él no pudieron indagarlo cuando lo localizaron en Montevideo”, en 2016.
A fines de mayo de este año, Interpol Uruguay detuvo a Oscar Gilberto Calvete Voz de Sousa, el empresario argentino señalado como el lavador del dinero del Cartel de Jalisco Nueva Generación y de Los Cuinis. Era el hombre al que buscaban el juez Barral y el fiscal Basso.
Calvete estaba en el radar de la Justicia desde 2009, bajo la sospecha de que era testaferro de Gerardo González Valencia y de que movía las inversiones de las huestes del Mencho y los hermanos de su esposa Rosalinda, La Jefa. La policía fue a detenerlo a su vivienda, un piso en una torre de la avenida Roosevelt, en Punta del Este.
Se presume que Calvete y el cuñado del Mencho se conocieron en Zapopan, Jalisco: trabajaba en el mismo piso donde el mexicano había establecido una oficina. En Uruguay figuraba como miembro de una compañía de nombre comercial Admon, fundada en el 2000 en el departamento de Maldonado; su razón social eran los “servicios de consultoría administrativa”.
Los supuestos servicios de consultoría a grupos criminales mexicanos y la introducción de sus fondos de origen espurio en el sistema financiero legal motivaron el pedido de captura internacional firmado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación de San Martín.
El tribunal observó movimientos de dinero entre una sociedad comercial fundada en nuestro país en 2008 −Círculo Internacional S.A., la misma que estaba detrás del Corner mi lugar de Puerto Madero− y otra entidad mexicana: Círculo Comercial Total de Productos SA de CV, conocida como Círculo México.
“Entre 2009 y 2011, la mencionada sociedad comercial recibió aproximadamente US$1.800.000 de parte de la accionista mexicana, determinándose, según informes elaborados por la Unidad de Información Financiera [UIF], que esta última tenía vínculos con el grupo delictivo mexicano”.
Según fuentes judiciales, el dinero le llegaba a través de transferencias bancarias y de depósitos en efectivo de montos elevados, maniobra que le permitía insertar en el mercado local el dinero obtenido por el tráfico de drogas.
Una investigación previa sobre las maniobras financieras de Los Cuinis en la Argentina detallaba los otros roles que Calvete asumió en favor de Valencia: “Posteriormente, este hombre fue contratado como auditor de la firma en nuestro país y representó los intereses de la sociedad mexicana al hacerse cargo del funcionamiento de sus actividades e incluso al tomar intervención en distintos actos asamblearios, vinculados a la remoción y/o cambio de autoridades”, como señaló oportunamente el Ministerio Público Fiscal.
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